Geraldine Canasas Gutiérrez
En noviembre del 2015 entró en vigencia la nueva Ley N° 30364, por la cual los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar pasaron del ámbito civil al penal, esto con el fin de frenar y penalizar la creciente ola de abusos en nuestro país. Ha pasado menos de un año y los resultados no son para nada satisfactorios.
Lo que hoy se tiene es una carga procesal que excede largamente el promedio de casos que un fiscal penal puede manejar. Esto, sumado al déficit de diversos recursos en el Ministerio Público, lejos de optimizar resultados ha empeorado el servicio que esta institución brinda a los ciudadanos; estancando así la resolución de cientos de demandas.
Situación actual
Según el informe emitido por el Ministerio Público de nuestra ciudad, de noviembre del 2015 a setiembre del 2016 se encuentran en proceso abierto 253 757 carpetas penales, de las cuales 4278 corresponden a violencia familiar desembalsadas desde el fuero civil.
Esto ha generado que, en menos de un año, los fiscales penales reciban diariamente entre 45 y 50 denuncias de violencia cuando antes la cifra era la mitad. ¿Cuántas quedan resueltas? Muy pocas. La norma establece un plazo de 72 horas, pero a la fecha, según estadísticas del distrito fiscal de Arequipa, solo 48 casos tienen acusación. El grueso está pendiente de denuncia (686) o en investigación preliminar (577) y solo en tres casos se ha podido aplicar una sentencia al agresor.
Los fiscales penales atienden un total de 15 audiencias diarias, en vez de las seis estipuladas por la ley; sin embargo, esto no ha hecho que baje el número de procesos acumulados. “Incluso hay fiscales que trabajan sus expedientes los fines de semana; esto es perjudicial para los mismos trabajadores ya que muchas veces presentan cuadros de estrés, lo que los lleva a pedir licencias, alargando más y más los procesos”, denunció Miriam Herrera Velarde, coordinadora superior de las fiscalías provinciales penales y mixtas de Arequipa.
Sin equipo
Pese al incremento de demandas, el número de magistrados no ha variado y mucho menos el de los miembros de sus equipos de trabajo. Esto ha provocado que cada fiscal incremente hasta diez veces su carga procesal.
Según Herrera Velarde, “para que un despacho fiscal funcione correctamente, se necesita un fiscal provincial, dos fiscales adjuntos, dos asistentes administrativos y dos asistentes funcionales; pero esto no se cumple, ya que actualmente solo hay un fiscal y un asistente administrativo para más de tres despachos”.
Frente a ello, el Ministerio Público ordenó el traslado de cinco fiscales de Moquegua y Huancavelica a nuestra ciudad, con el fin de incrementar personal. “Cada uno contaba con una plaza presupuestada desde su ciudad de origen —comentó Herrera—, pero al llegar a Arequipa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una resolución por la que no reconocía un presupuesto para estos peritos, así que ninguno puede ejercer la labor fiscal desde hace varios meses”.
Llamado
Los problemas en el Ministerio Público no son de ahora. A las malas condiciones en las que trabaja su personal, la carencia de presupuesto y el hacinamiento en el viejo local de la calle La Merced se suman las quejas de los denunciantes, que ven cómo sus procesos se retrasan, a veces sin explicación alguna.
Pendiente está un pedido de 120 millones de soles para mejorar el trabajo de todo el sistema judicial de Arequipa. Pero con el MEF, nunca se sabe.