El SIT: más allá de las mejoras estéticas, ¿hubo algún cambio?

Kelly Castillo

“Se hacen operativos, pero el objetivo es no generar desabastecimiento [en el transporte urbano]. No se va a fiscalizar otras rutas mientras que la demanda supere la oferta de buses”.
Raúl Fernández, asesor legal del SIT.

El caótico servicio de transporte es uno de los principales problemas de Arequipa. Pese a que varias gestiones por más de 15 años trataron de modernizarlo hasta ahora no se logra —ni se siente— un verdadero cambio, más allá de cierta mejora estética de los vehículos.

El Sistema Integrado de Transportes (SIT) que promueve la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), cuya gestión está a cargo de Omar Candia Aguilar, avanza sí, pero lentamente, sorteando los baches que se presentan en el camino y bajo la presión social de una población a la que se le acaba la paciencia y la confianza en el proyecto. Pero ¿qué se ha hecho en los últimos 12 meses?

El principal consultor del SIT, César Simborth Escudero, aseguró que fue “un año intenso y de mucho trabajo” porque se encontraron procesos entrampados y con una tensa relación entre la MPA y las empresas ganadoras de las concesiones, “pero se logró destrabar el proyecto”. 

Raúl Fernández, asesor legal del SIT, refiere que en enero encontraron graves procesos legales que casi “quiebran a la MPA”. 

“Había una medida cautelar y dos empresas iniciaron un arbitraje por resolución de contrato, pretendían cobrar por los 15 años de concesión no ejecutados. Estábamos a punto de irnos a litigio con todos los concesionarios por problemas generados en la gestión pasada. Era una situación incierta”, dijo.

Pero con la voluntad de los concesionarios se pudo destrabar el proyecto y la MPA, en mayo 2019, tras regular el contrato, inició la acreditación de flota, proceso que la anterior gestión aplazó por mucho tiempo. 

Según Simborth hoy son 22 rutas formales que operan en la fase preoperativa con una flota de 536 vehículos, que corresponden a ocho de las diez empresas que ganaron la licitación. Este año esperan cerrar con 700 vehículos acreditados con las dos concesionarias que faltan, que hacen las rutas Alto Selva Alegre-Miraflores y Cono Norte. 

Pero estas unidades aún no pueden cubrir la demanda de la ciudad. Para hacerlo se necesitan al menos 1 500 vehículos —más del doble— y esta cantidad recién entraría al sistema a mediados de 2020. 

¿Por qué la renovación no se acelera? Según Simborth, las empresas locales “están respondiendo, pero su velocidad es de 800 vehículos cada seis meses”. Por tanto, el asesor del SIT prevé que para finales del próximo año, recién se cuente con 2 300 a 2 400 vehículos acreditados y con eso “la etapa preoperativa ya debe estar implementada al 100%”. 

Sin embargo, el contrato dice que esta etapa debe extenderse por dos años y diez meses, contados a partir de la firma del contrato, lo que ocurrió, según algunos consorcios, en septiembre de este año, tras resolver las controversias con la MPA. Así las cosas, la fase preoperativa debería culminar a mediados del 2022. 

“Cada vez hay más buses de nueve metros con doble puerta y capacidad de 65 pasajeros, están saliendo buses chicos y entran buses más grandes. Estamos trabajando junto a las empresas”
César Simborth, asesor técnico del SIT.

“Es un proceso lento y la MPA no es eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones, como el retiro de los vehículos informales, la colocación de paraderos y otros procesos”
Patrick Quilca, gerente de la empresa Transcayma.

Renovación de flota  

El gerente de la empresa Transcayma, Patrick Quilca, refirió que es complicado renovar vehículos ya que uno nuevo cuesta entre 72 000 y 80 000 dólares y “las empresas tienen sus limitaciones económicas”; pero a pesar de ello avanzan en forma gradual, según el contrato.

Transcayma ya tiene más de 100 buses nuevos de nueve metros de largo, de los cuales 70 están acreditados y los otros están en camino de lograr esta certificación. La empresa debe llegar a 170 unidades al término de la fase preoperativa.

Sin embargo, Quilca también percibe demoras en el proceso. Afirma que la MPA no es eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones, como el retiro de los vehículos informales, la colocación de paraderos y otros procesos. El transportista estima que por no ejecutar el contrato a cabalidad tiene una pérdida de 100 mil soles por año. 

Como se recuerda, la ordenanza municipal n° 1 076, en su art. 3, dejó sin efecto todas las autorizaciones del transporte regular. Solo pueden hacerlo los vehículos que ganaron la concesión, pero en la práctica esto no se cumple. 

María Teresa Miranda, presidenta del directorio del consorcio AQP Masivo, que hoy sirve en la ruta Paucarpata–Ciudad Blanca, denuncia que las empresas informales se oponen al SIT y “están afiliando a diestra y siniestra a vehículos viejos, incluso de los años 80 y cobrándoles dos mil soles, además de un pago mensual”. 

Este tipo de negocios, no solo brindan un mal servicio sino que hace menos sostenible el servicio formal, así que para no endeudarse redujeron su expectativa de compra de buses nuevos aunque Miranda aclaró que no dejarán de cumplir su plan de renovación y también cuestionó la ‘lentitud’ de todo este proceso de preoperatividad. 

Por su parte César Simborth explicó que el funcionamiento del Organismo Público Descentralizado (OPD SITransporte) a inicios del 2020 “traerá consigo procesos más ágiles”. Ojalá, que con ello el SIT pueda tomar un mejor rumbo.