Perú Debate 2021, es un proyecto que desde el año pasado asumieron seis instituciones de la academia y sociedad civil, con el fin de elevar el nivel del debate y conocimiento de la población, de cara a las elecciones presidenciales y congresales de abril, así como fortalecer a los partidos políticos.
Para ello, han elaborado 19 documentos de política que contribuyan a mejorar el gobierno pues contienen no solo los análisis de los distintos sectores, sino también propuestas a corto, mediano y largo plazo.
Cuatro de estos fueron presentados en Arequipa el martes 9 de febrero, vía la página de Facebook de la Universidad Católica San Pablo.
Javier Portocarrero, director del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), indicó que lo que se debe discutir son ideas y programas, no anécdotas o situaciones variopintas, asimismo se debe tener en cuenta que una mejor política en el país es una misión de todos y no solo de los que lo hacen de modo partidario.
Las instituciones participantes en el proyecto, son el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP (EGPP-PUCP), IDEA Internacional, Instituto de Estudios Peruano (IEP) y la Asociación Civil Transparencia. La UCSP fue la institución socia en Arequipa para la difusión del proyecto.
Los temas
Sobre la descentralización, Daniel Barco, economista de la Oficina Regional del Banco Mundial, planteó reconfigurar el sistema porque el actual está diseñado para fallar. Es necesario que la nueva propuesta tenga atributos de transparencia, autonomía, previsibilidad, apropiación de beneficios, solidaridad y equidad.
“Se requiere de una reforma integral, amplia y profunda. Se tiene que redefinir el sistema de ingresos de los gobiernos regionales para que tengan más autonomía y poder de decisión. Ahora su principal fuente de recursos es la transferencia que se hace desde el Gobierno central pero ya con un fin determinado.
Los recursos deben ser dados también según la brecha fiscal de cada región y se debería dar incentivos como un porcentaje de IGV a los gobiernos regionales que tengan un buen nivel de gestión”, señaló.
En cuanto a los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales), la desigualdad en los ingresos es de hasta 400% más, por ello es necesario reformar el Foncomún dividiéndolo en comunas provinciales y distritales, así como flexibilizar el uso del canon minero para gasto corriente.
Se puede pasar de 20 a 50 y hasta 70%. Todo esto debería ser complementado impulsando la recaudación predial, estableciendo canales de rendición de cuentas. También es necesaria la reforma del servicio civil en ambos niveles de Gobierno.
En Lucha contra la corrupción, Samuel Rotta Castilla, director Ejecutivo de Proética, explicó que es menester que el nuevo Gobierno trabaje en función al plan anticorrupción que ya existe y que está vigente hasta 2021 y no volver a foja cero.
Este puede ser mejorado considerando más vías de participación y vigilancia ciudadana, acciones para reducir la tolerancia en actos de corrupción menores (las coimas, por ejemplo) y articular los actos de corrupción con los crímenes, acciones ilegales y vulneración de derechos.
Otras acciones son fortalecer la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción (CAN) para que su monitoreo sea más exigente y constante; evaluar y ajustar las reformas ya en curso como la del Poder Judicial y la política, también se tiene que hacer una medición de la inversión en la lucha anticorrupción y sus beneficios.
“La corrupción es una conducta y tiene un fuerte componente político. Pensando primero en ello se deben dar más normas, pero no se trata de llenarnos de leyes u acuerdos en papel. El nuevo Gobierno tiene que garantizar la independencia de las investigaciones en marcha y apoyarlas”, precisó el ponente.
El tema de Administración Pública fue tratado por Juan Carlos Rivero, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en Administración Pública y Gestión. Allí se planteó crear y mantener una comisión en el Congreso que dé seguimiento a la reforma del Estado, pero desde la perspectiva de los resultados y beneficios y no desde los procesos administrativos como lo hace la actual comisión de Modernización y Descentralización.
Una segunda medida es simplificar e integrar las normas de la administración pública, para reducir la burocracia y mejorar el trabajo de los servidores públicos, cuya labor es clave. Por eso también es necesario mejorar la relación con ellos. Estos procesos son tan engorrosos que ni siquiera cuentan con un mecanismo de control ciudadano como en otros casos.
La tercera es establecer modelos operacionales de gestión, es decir, dar tratamientos específicos a cada una de las entidades según su naturaleza y tipología. “Las reformas no pueden ser aplicadas de modo general en todo el aparato estatal. Necesitamos romper esta lógica de estandarizar”, señaló.
Recomendó que los diagnósticos sobre el sector público, sean mejorados haciendo énfasis en la operatividad y la heterogeneidad de las instituciones públicas. También es necesario fortalecer las capacidades del personal, generar data y analizarla, buscar coaliciones y apoyo político, así como exigir según el nivel de la entidad pública, dar tiempo a las reformas que se apliquen para ver sus resultados y reconocer las diferencias culturales tanto en las organizaciones como en el país.
El documento sobre Educación fue presentado por Sandra Carrillo, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), quien indicó que las propuestas consideran lo ya se ha avanzado en Educación Básica Regular, pues esta es obligatoria y es donde se fijan los aprendizajes y la formación de las personas. Sus planteamientos ponen énfasis en el cierre de brechas, cobertura, aprendizaje y condiciones de educabilidad.
En su análisis, la primera acción que debe hacer el próximo Gobierno es lograr un pacto educativo para que este tema sea visto como un asunto del país y no solo de un sector. Luego es clave fortalecer las acciones de atención a la población rural y bilingüe que ha sido una de las más golpeadas por la pandemia, aumentando aún más la brecha entre el campo y las ciudades.
Otra de las grandes deudas del país a nivel educativo es el acceso a personas con discapacidad. Cerca del 50% de personas con habilidades distintas no reciben educación. Aquí se tiene que trabajar no solo con docentes y directores sino también con la comunidad para que no los discriminen.
En la educación inclusiva hay que equiparar las posibilidades entre varones y mujeres. No solo se trata de que accedan al colegio sino también a que permanezcan hasta culminar sus estudios. En este punto es importante tratar con los estudiantes problemas sociales como la violencia, el embarazo adolescente, la discriminación o los prejuicios respecto a los estudios de matemática, ciencia y tecnología.
Sobre las condiciones de educación, hay que dotar de una buena infraestructura y servicios a los colegios. Esto implica dotarlos de Internet y condiciones de salubridad.
Finalmente, la especialista consideró que la ampliación de cobertura de los estudios preescolares a niños de 0 a 2 años es una buena medida, porque así se les puede atender y en sus aprendizajes, además de garantizar mejor que vayan subiendo de niveles en cuanto a sus estudios.
Cada uno de los temas fue comentado por especialistas de la región Carlos Leyton Muñoz del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional–CEDER, Anthony Medina Rivas Plata de la Universidad Católica Santa María–UCSM, Osbaldo Turpo Gebera de la Universidad Nacional de San Agustín–UNSA y Carlos Timaná Kure director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo–UCSP.
Todo el seminario está publicado en el Facebook de la UCSP. Puede ser apreciado AQUÍ y todos documentos de política pueden ser revisados en perudebate.org.