Fernando Mendoza Banda
Abogado, especialista en gobiernos municipales y regionales
El Gobierno declaró un nuevo estado de emergencia. Esta vez en Lima Metropolitana y Callao debido a la inseguridad ciudadana, que no sólo azota a estas ciudades sino a diferentes regiones del país. Pero, ¿de qué sirve otra declaratoria de emergencia si no hacen una evaluación de las múltiples veces que se adoptó esta medida y los resultados obtenidos?
La disposición del gobierno de Dina Boluarte busca quemar la paja para encontrar las agujas. Lo que hace el estado de emergencia es suspender ciertos derechos constitucionales a todos los ciudadanos, sin distinción alguna, para tratar de encontrar a los malhechores. Esto no hace más que evidenciar la falta de estrategia e inteligencia de la autoridad para atrapar a los delincuentes que se promocionan libremente y sin miedo alguno por las redes sociales.
Entonces, ¿qué hacer? El Código Penal tiene por objeto la prevención del delito y sirve como medio protector de la persona y de la sociedad; pero las penas también deben servir para sancionar el delito cometido y poner en el centro de todo a las víctimas de los delitos. Hay que dejar de romantizar que “los delincuentes son responsabilidad de la sociedad”. No es así. Basta ver, en las redes sociales, en qué gastan el dinero robado producto de los actos delictivos. En estos tiempos, la delincuencia es una forma de vivir que afecta a la sociedad en su conjunto, y corresponde que la sociedad se defienda.
La Policía Nacional de Perú (PNP), la Fiscalía y el Poder Judicial poco o nada pueden hacer con la legislación actual que tiene el país. Urge un cambio radical. Como se dijo anteriormente, se debe dar prioridad a las víctimas de los delitos y no a los delincuentes. Para ello es necesario cambiar el sistema garantista por uno que sí defienda a la sociedad y no al delincuente. Se necesita de una legislación penal que tenga como uno de sus objetivos la limpieza de los malos elementos que parasitan, roban y matan sin piedad ni remordimiento; ya no roban para comer sino para mantener sus vicios.
La PNP debe ser cambiada desde su color de uniforme. Hace falta su profesionalización y promover la incorporación de otros profesionales como psicólogos, ingenieros en nuevas tecnologías, etc. Es muy diferente capacitar a un policía en otros temas que formar a un profesional de otras ramas. Los policías deben contar con armamento moderno y pesado, no las pistolitas que actualmente portan. Hace falta medios de comunicación como radios, vehículos de alto cilindraje, preparación constante y, sobre todo, establecer un índice de masa corporal máximo como requisito para permanecer en el cuerpo policial.
La legislación peruana debería incluir la pena de muerte para delitos graves y considerar a los mayores de 14 años, que cometan ilícitos penales muy graves, como responsables y sujetos a penas de adultos. Basta de consentir que los menores no asuman responsabilidad, cualquiera sea su edad, el daño que causan es el mismo.
Con las municipalidades se debe implementar un sistema nacional de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, cuyo centro de monitoreo esté a cargo de efectivos policiales. Para esto, se requiere que el Ministerio del Interior homologue las características de las cámaras que adquieren los municipios, para que así se puedan integrar a un sistema único.
También se debe contemplar, dentro del protocolo de intervención de la PNP, que todo sujeto que se enfrente con arma de fuego pueda ser eliminado en el acto. Es necesario internalizar que la seguridad ciudadana se ha convertido en una lucha donde los daños colaterales deben ser aceptados.
Basta de declaratorias de estado de emergencia, se requiere una respuesta dura y contundente a la delincuencia.
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