Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
La semana pasada dejó tres enfrentamientos abiertos que tendrá que resolver el Poder Judicial. El primero es el fallo sobre las medidas cautelares presentadas por los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, inhabilitados por el Congreso por 10 años, para el ejercicio de la función pública por haber infringido la Constitución.
En este caso deberá definir si los votos de los congresistas José Luna y José Jerí, ambos integrantes de la Comisión Permanente (CP), son válidos. Según los magistrados inhabilitados, al ser parte de la CP ellos no debieron votar, pero el Parlamento indica que sí están habilitados para hacerlo.
Lo que nadie esperaba era que Antonio Haza, actual presidente de la JNJ, emitiera las resoluciones de vacancia de sus compañeros de forma tan expedita, más aún por la defensa en bloque que hasta antes de la votación del 7 de marzo pasado, habían mantenido todos los integrantes de la JNJ.
El segundo enfrentamiento fue al interior del Congreso, por la votación de la inhabilitación de María Cordero Jon Tay, la cual quedó descartada porque no se alcanzaron los votos suficientes. Sin embargo, tras un pedido de reconsideración a solicitud de la bancada de Avanza País, al final lograron levantarle su inmunidad parlamentaria, mientras dura la investigación en el Ministerio Público y el Poder Judicial, por robarle la mitad de su sueldo a uno de sus trabajadores.
El último es aún más inédito, la PCM le exigió a Sunedu que levante la prohibición a las universidades de impartir programas 100 % virtuales, a lo que Sunedu se negó recordando sus competencias constitucionales.
Ojalá que en todos estos casos el Poder Judicial esté a la altura, como lo supo estar en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, porque sólo su actuación transparente logrará mantener nuestro Estado de derecho vigente.
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