Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
Lo ocurrido en la ciudad de Trujillo, con una nueva explosión la noche del jueves pasado, esta vez en la urbanización Las Quintanas, ha llevado a la opinión pública a reflexionar sobre la apremiante situación que vive el país en materia de seguridad. Para los adultos mayores, el miedo a revivir las detonaciones de la época del terrorismo se asoma como un muerto que, habiendo sido ya enterrado, vuelve a manifestarse.
Lo cierto es que, a la inseguridad que ya afectaba a Trujillo, debido a la disputa entre grupos criminales dedicados a la extorsión, se estaría sumando un elemento catalizador del aumento de la violencia y la capacidad de destrucción de los últimos meses: la minería ilegal del oro.
Esta semana, el oro volvió a alcanzar un precio histórico: llegó a los 3540 dólares por onza, impulsado por la incertidumbre que genera entre los inversionistas la política comercial y arancelaria de la actual administración de la Casa Blanca. De allí que el refugio por excelencia, el oro, registre un precio desbordado.
Pero los coletazos de este aumento desmesurado comienzan a sentirse en las zonas donde la minería ilegal del oro tiene mayor presencia. Y es que, con esos precios tan elevados, la disputa por hacerse del botín hará que las organizaciones involucradas aumenten la apuesta, a punta de violencia.
Esto es serio: el poder desestabilizador de las rentas criminales puede poner en jaque a las democracias. El mejor botón de muestra en la región es la penosa situación que atraviesa Haití. Se necesita con urgencia una acción estatal efectiva que logre atender esta dinámica criminal, para no poner en riesgo a la democracia en un año electoral como el que se avecina.
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