Petroperú

Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo

Que Petroperú pida una inyección —desde el erario público (sus impuestos)— de 1500 millones de dólares al Gobierno, cuando ya en octubre del año pasado se le había capitalizado en 1000 millones, sin lugar a dudas, cae como una patada al hígado, porque aun dándole ese dinero no está claro que la empresa salga a flote de sus problemas.

Para que se haga una idea, los 2500 millones de dólares equivalen a todo el dinero que el Estado destinó para atender la pandemia en 2020. De esta forma, el Estado tendría que dejar de hacer gasto social en los próximos años para ponerse a corregir los magros números de una empresa 100 % pública, que ha estado mal manejada desde tiempos inmemoriales y que ha sido la “caja chica” de todos los gobiernos, entiéndase ello como corrupción.

El problema de Petroperú es estructural y no se arregla con nuevos aportes, porque quienes manejan esta empresa son irresponsables de sus resultados y si el Congreso aprueba dicha ayuda, se convertirá en el mayor lastre del presupuesto nacional.

Petroperú no se parece ni a Petrobras (Brasil) ni a Ecopetrol (Colombia) que brindan utilidades muy generosas y aportan a sus respectivos gobiernos el mayor porcentaje de ingresos del erario público. ¡Aquí se busca que funcione al revés!

Mientras que Petrobras y Ecopetrol siguen manteniendo una mayoría estatal en su propiedad —no es necesario privatizarlas del todo—, han salido desde hace décadas a cotizar en los mercados internacionales.

Además, invitan a inversionistas a generar valor compartido, con gobiernos corporativos sólidos que permiten un manejo más transparente. De hecho, se espera que la mayoría de ingresos de Ecopetrol este año, provengan de su operación fuera de Colombia, demostrando que es posible ser público y eficiente.