Germán Chávez Contreras
Economista y profesor principal de la Universidad Católica San Pablo
La explotación minera en el país está en el ojo de la tormenta en estos días, debido a conflictos generados por la minería artesanal, informal e ilegal. Este panorama nos lleva a la necesidad de caracterizar este sector para lograr una mejor aproximación al problema que limita su desarrollo.
Si vemos su relevancia por el lado de la contribución al producto bruto interno (PBI), no podemos decir que el Perú sea un país minero, pues en 2024 este sector representó solo el 12.1 % del PBI y, si nos referimos a la minería metálica, la participación fue del 9.0 %. En el caso de Arequipa, explica el 33.2 % del valor agregado bruto regional, por lo que se puede aseverar que esta sí es una región minera. En ese sentido, proyectos como Tía María, Zafranal y Pampa de Pongo deberían impulsarse, pues implican una inversión minera formal superior a los 5 mil millones de dólares, con todos los beneficios colaterales que un capital de esta magnitud significa. En relación a la producción de oro, Arequipa se ubica en el segundo lugar en el país y aporta el 21.5 % de la producción nacional.
Si vemos al Perú desde el ámbito externo, el panorama es diferente. El 65.3 % del total exportado en 2024 corresponde al sector minero metálico y, para ir al punto donde se genera el conflicto de las concesiones mineras (oro y cobre), tenemos que el 30.8 % de las exportaciones corresponde al cobre y el 20.4% al oro. Estos dos metales explican más de la mitad (51.2 %) del total de exportaciones de nuestra economía al resto del mundo. Entonces, podemos afirmar que, por el valor exportado, el Perú es un país minero. En la región Arequipa, la estructura de las exportaciones está aún más concentrada en el sector minero metálico; el 56 % corresponde al cobre, mientras que el 24 % al oro. Juntos representan el 80 % del total exportado por la región.
Desde el mercado laboral, la minería aporta solo el 5.7 % del empleo formal del sector primario (agricultura, pesca y minería) y contribuye con el 1.4 % del empleo nacional. Es conocido que la minería formal genera pocos empleos, aunque estos son bien remunerados y con todos los beneficios de ley; es decir, promueve trabajo decente.
No obstante, de acuerdo a la encuesta permanente de empleo nacional (EPEN, 2023), el 91.5 % del empleo en el sector primario (agricultura, minería y pesca) es informal, cifra muy superior al 71 % de informalidad en el mercado de trabajo nacional. De ello se deduce que el sector minero tiene un alto grado de informalidad laboral. Además, es para todos conocido el daño ambiental, social y económico que provoca esta elevada informalidad en una de las principales actividades extractivas del país y de la región. También es evidente el escaso interés de los pequeños mineros y mineros artesanales por la formalización, pues desde el año 2012 solo el 2.4 % de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha formalizado. Las consecuencias de esta alta informalidad son serias y diversas. Por ejemplo, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el año 2025 el oro ilegal exportado llegaría a las 100 toneladas por un valor de 12 mil millones de dólares y una pérdida estimada de 3600 millones de dólares en impuestos no pagados, además del canon que tampoco se recibirá.
La minería ilegal e informal que representa el 2.7 % del PBI, superior al aporte del sector turismo que llega al 2.5 %, también ha ocasionado un crecimiento demográfico desordenado del 4.5 % en zonas mineras ilegales y, por último, el 76 % de la población cree que la minería ilegal incrementó la inseguridad ciudadana.
Este es el sector minero en nuestro país y región que requiere, con urgencia, de una solución que se sustente en la autoridad, el orden y la formalidad en la explotación de los recursos, tan necesarios para nuestro desarrollo económico y social como nación.
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