Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo.
Tras una profunda crisis institucional, que casi nos deja sin orden constitucional, quienes promovieron el mantenimiento del Estado de derecho en el país, en diciembre pasado, hoy lo embisten —como lo solía hacer Pedro Castillo— con la elección de personas con nulas credenciales para cargos públicos. Esta vez le tocó el turno a la Defensoría del Pueblo.
Hubo muchísimos votantes de buena voluntad que, ante la posibilidad de que una persona con tan escasa preparación como Pedro Castillo llegase al poder, decidieron taparse la nariz y votar por el fujimorismo, ofreciéndolo para evitar un mal mayor, pero ¿cómo quedan después de ver que el fujimorismo vota por el exabogado de Vladimir Cerrón para que se convierta en el nuevo defensor del pueblo?
Esta misma pregunta se le puede hacer a Acción Popular, que antes de la elección de Castillo se perfilaba como el único partido tradicional con arraigo popular y vocación de poder. Sin embargo, sus integrantes renunciaron a ella a cambio de contratos, favores y puestos burocráticos para apoyar no sólo la permanencia de Castillo durante su gobierno, sino ahora también la elección de Josué Gutiérrez Cóndor, demostrando que el hambre instantánea por “mermelada” es capaz de echar por la borda la aspiración a alcanzar la presidencia del Perú en unas próximas elecciones generales.
Una característica en el círculo de Perú Libre, del que Gutiérrez Cóndor es parte, es la escasa preparación técnica de sus cuadros —lo vimos con Castillo— y que, el principal requisito exigido para cualquier puesto, es la lealtad al jefe de turno, dejando de lado la meritocracia y, por ende, obteniendo nulos resultados; así se proyecta el horizonte de la Defensoría del Pueblo para los próximos años.
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