César Montes de Oca Dibán
Profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo
En el actual proceso electoral, los planes de gobierno de varios partidos políticos proponen medidas contra el crimen organizado y la minería ilegal para recuperar la seguridad ciudadana. El problema es que estos delitos se consideran solo como parte de un conjunto más amplio: extorsión, narcotráfico, contaminación, corrupción, trata de personas, asesinato, lavado de activos, entre otros; lo que hace que su abordaje sea parcial y, en muchos casos, ineficaz.
El crimen organizado es, en esencia, un modelo de negocio delincuencial que responde a una lógica básica: si es rentable, se mantiene; si es altamente rentable, se expande. La pregunta, entonces, no es por qué se dio y existe el crimen organizado, sino por qué sigue siendo lucrativo delinquir en el Perú.
Desde el análisis económico del derecho, el comportamiento delictivo puede entenderse como una decisión racional. El profesor norteamericano de economía Gary Becker lo explicó con claridad al señalar que el delito responde a una evaluación entre beneficios y costos esperados. Es decir, donde los beneficios son altos y la probabilidad de sanción es baja, el resultado es previsible: el delito crece.
En el Perú, esa ecuación sigue favoreciendo al crimen por ambos factores: beneficios económicos extraordinarios y probabilidad muy baja de sanción. A ello se suma el alza de precios de los minerales en el mercado internacional.
El crimen organizado planifica mejor que muchas empresas formales y que el propio Estado. Tiene financiamiento, liquidez, estructura, división de funciones, redes de protección y mecanismos de lavado de activos. No solo se adapta a las normas que buscan limitarlo, sino que identifica vacíos institucionales y legales, logrando operar con niveles de eficiencia superiores a los de la economía formal.
En términos prácticos, funciona como una empresa, aunque se trata de una corporación ilegal, está muy bien organizada e informada.
Frente a ello, la respuesta estatal ha sido legal y penal. Se incrementaron las penas, se tipificaron nuevas conductas delictivas y se promovieron operativos para erradicarla (interdicción para el caso minero). Estas medidas suman, son necesarias, pero son insuficientes. Se aplican cuando el delito ya ocurrió, cuando el beneficio económico ya fue obtenido y solo algunos responsables llegan a ser identificados.
Tengamos en cuenta lo que el economista Douglass North indicó: las instituciones moldean el comportamiento humano al definir los incentivos. Así, si los incentivos cambian, el comportamiento seguirá la misma senda. Aumentar las sanciones sin mejorar la probabilidad real de identificación e intervención de quienes delinquen tiene un efecto limitado y termina siendo algo retórico.
El crimen organizado no teme a la ley escrita, se estremece cuando la ley se cumple.
Si hacemos un análisis legal de este fenómeno, el enfoque y contenido de los planes de gobierno para enfrentarlo debe cambiar, en el sentido de dejar de tratar a este delito como una simple conducta y verlo como una actividad económica. Esto implica intervenir la estructura que lo sostiene y eliminar la principal actividad rentable que lo financia, nos referimos a la minería ilegal.
¿Cómo hacerlo? Por etapas. Primero, aumentar la probabilidad efectiva de sanción mediante inteligencia, tecnología y articulación interinstitucional. Recordemos que la certeza de la sanción tiene mayor impacto que la severidad de la pena. Segundo, atacar el flujo económico; el crimen organizado se sostiene del dinero que generan sus actos ilícitos. Sin financiamiento, sin liquidez y sin mecanismos de lavado, el sistema no podrá sostenerse. Tercero, reducir los costos de la legalidad; como señaló nuestro compatriota Hernando de Soto, cuando la formalidad es inaccesible, la informalidad se convierte en una respuesta racional. Y cuarto, generar incentivos reales para la legalidad y la formalización de actividades, en especial la minera, que brinda mucho dinamismo económico.
En esa perspectiva, también debemos tener presente que el constitucionalista alemán Peter Häberle sostuvo que la legitimidad del Estado depende de que la sociedad se reconozca en sus normas. Cuando el Estado no logra imponer reglas eficaces o las aplica de manera desigual, surgen sistemas paralelos.
Así las cosas, deberíamos respondernos una pregunta directa: ¿queremos enfrentar al crimen organizado o convivir con él?
¿Derrotaremos al crimen organizado y a la minería ilegal cuando capturemos a más de sus promotores? No, solo lo haremos cuando hagamos inviable su modelo de negocio; porque mientras delinquir sea más eficiente que cumplir la ley, seguiremos dando condiciones propicias para las actividades ilegales que agravan la inseguridad ciudadana que soporta el país.
Discusión sobre el post