Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
Los trágicos acontecimientos que vimos esta semana en Ecuador, cuando unos criminales encapuchados tomaron la señal abierta de un canal de televisión en Guayaquil, marcaron un hito en el mayor de los desafíos que enfrenta este Estado: el narcotráfico.
Antes considerado un remanso de paz, Ecuador, el más pequeño de los países andinos, ha visto cómo el transporte y, últimamente, la producción de cocaína, han traído a su realidad nacional la dinámica del homicidio, la delincuencia y la corrupción que generalmente acompañan al flagelo del narcotráfico.
Y es que, Ecuador junto al resto de América Latina, padecen de una gran debilidad en sus instituciones, principal factor que han aprovechado las organizaciones delictivas para expandir sus operaciones, hasta llegar a declararle la guerra al Estado.
Ecuador, en décadas pasadas, sólo fue un lugar de tránsito de insumos para la producción de cocaína en Colombia, esto cambió en 2009, cuando la principal contención a la actividad del narcotráfico en el país, que era la base militar de EE.UU., fue desmantelada a petición del expresidente Rafael Correa. Tras una década de esa decisión, ya se pueden observar sus efectos.
Ante el incremento delincuencial, las autoridades y las Fuerzas Armadas comenzaron a fortalecer la persecución de las organizaciones criminales, lo que condujo a un colapso en su sistema penitenciario. Ante esta situación, la criminalidad decide declararle la guerra al Estado, para impedir que las acciones policivas, que han hecho mella en su negocio, sigan surtiendo efecto.
La decisión del presidente Noboa, ha sido la de emprender una política de seguridad más agresiva, y ha indicado que no cederá a las pretensiones de los grupos ilegales, algo que debe hacer el gobierno peruano para evitar un desafío similar en el futuro.