Juan Fernando Mendoza
Abogado
Hemos sido testigos de cómo la corrupción no conoce ni distingue estamentos gubernamentales ni ámbitos privados. Tan fuerte fue el remesón que se convocó a los ciudadanos a un referéndum para nada menos que modificar la Constitución. Una de las modificaciones fue cambiar el nombre del Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, que ya cuenta con ley orgánica propia.
Según manda la Constitución, somos un país unitario y descentralizado, hay una ley de desarrollo del mandato constitucional denominada Ley de Bases de la Descentralización. Allí se nos dice que es un proceso irreversible que constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y el Gobierno en su conjunto.
Una medida concreta y efectiva contra la corrupción hubiese sido que la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia fije como sede para su funcionamiento una ciudad distinta a Lima, pero fue una oportunidad perdida.
Si bien no se podría obligar, hasta cierto punto, a las empresas privadas a que descentralicen sus centros de toma de decisiones, sí se podría disponer que el Poder Ejecutivo y sus dependencias, los organismos constitucionales autónomos, descentralicen sus centros de poder, es decir, que funcionen fuera del departamento de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, etc., así como los tribunales administrativos de Indecopi, Servir, Osiptel, Ositran, Osinergmin, entre otros, deberían tener sus sedes centrales en lugares distintos a Lima.
Una medida concreta y efectiva contra la corrupción hubiese sido que la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia fije como sede para su funcionamiento una ciudad distinta a Lima, pero fue una oportunidad perdida. Se ha seguido el mal ejemplo impuesto por el Tribunal Constitucional (TC), que pese a su Ley Orgánica, que fija a Arequipa como sede, se queda en Lima. Hay que recordar que el mismo TC desoyó dos sentencias de los magistrados de Arequipa en un proceso de cumplimiento, y con una extraña acción de inconstitucionalidad el caso se cerró y se terminó con la ‘pesadilla’ para algunos magistrados de tener que vivir fuera de Lima.
No digo que descentralizando el poder la corrupción acabe; sino que es un gesto, un ejemplo de verdadera democracia, y no solo palabras. ¿Por qué la mayoría de las personas quieren ir a Lima, por qué no quieren salir de allí o regresar a sus ciudades de origen?; las respuestas pueden ser muy variadas, una de ellas es que allí, en Lima, se concentra el poder, y ¿quién no quiere estar cerca del poder?, y ¿para qué se quiere estar cerca del poder?
No digo que descentralizando el poder la corrupción acabe; sino que es un gesto, un ejemplo de verdadera democracia, y no solo palabras.
Por otro lado, se dice y se escucha que ejercer algún cargo público importante, un cargo de poder, es un honor, un privilegio de servicio al país, pero siempre que sea en Lima.
Es cierto que el centralismo se replica en cada capital de departamento, y la pregunta es por qué; es quizá la carencia de servicios e infraestructura apropiados (salud, educación, recreación, seguridad) para el desarrollo de las personas.
Creo que una de las fuentes de la corrupción es la concentración del poder, y una forma de combatirla es descentralizando ese poder.