María Justiniani Romero
Profesora del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo
En nuestro país, hay regiones que reciben miles de millones de soles por canon minero, pero carecen de agua potable, carreteras o servicios básicos. Esa es nuestra realidad. Solo en 2025 se transfirieron más de S/ 9936 millones por este concepto. Áncash, una región que enfrenta altos niveles de pobreza, recibió más de S/ 1780 millones. Sin embargo, las brechas críticas en agua, salud o infraestructura persisten a pesar del canon. Frente a ello, los candidatos presidenciales proponen redistribuir estas rentas, provenientes de la explotación de los recursos naturales, como solución inmediata. No obstante, la pregunta clave es: ¿el problema radica en cómo se reparte el canon o en cómo se gasta?
El canon minero en el Perú es una forma de distribución del 50 % del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras formales y se rige por la Ley 27506. Se trata de una distribución territorial basada en criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. El 100 % del canon permanece en la región donde se explota el recurso, asignándose en porcentajes diferenciados a gobiernos locales y regionales, con una fracción destinada a universidades e institutos. En teoría, este diseño busca equidad territorial y desarrollo local; no obstante, en la práctica ha generado una paradoja: regiones con altos ingresos por canon y bajos niveles de ejecución o impacto.
Un caso ilustrativo es el de Áncash, históricamente el mayor receptor de canon. A pesar de los millonarios recursos que le fueron transferidos, sus indicadores sociales no han mejorado al mismo ritmo. Esta brecha evidencia un problema estructural: la limitada capacidad técnica de los gobiernos subnacionales para formular, ejecutar y sostener proyectos de inversión pública de calidad.
Frente a ello, los planes de gobierno de los candidatos presidenciales han optado por propuestas llamativas pero discutibles. Algunos plantean transferencias directas a la población —como el caso de Fuerza Popular, que propone redistribuir hasta el 40 % del canon—, mientras otros sugieren fondos centralizados para obras prioritarias o programas de infraestructura familiar, como plantea Libertad Popular. Incluso se propone redirigir recursos hacia órganos técnicos que orienten la inversión.
Estas propuestas comparten un diagnóstico implícito: el problema es la distribución. Sin embargo, la evidencia sugiere que el verdadero cuello de botella está en la gestión del gasto. Redistribuir sin fortalecer capacidades institucionales puede trasladar el problema y no resolverlo. Peor aún, puede fragmentar el uso de recursos que, por diseño, deben financiar proyectos de impacto sostenible.
El debate sobre el canon minero revela una constante en los planes de gobierno: soluciones políticamente atractivas, pero técnicamente incompletas. Se privilegia la inmediatez de la transferencia sobre la complejidad de la ejecución. Se habla de “beneficio directo” sin abordar la gobernanza del gasto público, cayendo nuevamente en el mero populismo.
El canon minero no solo necesita nuevas fórmulas de reparto; requiere, además, una política seria de gestión territorial del desarrollo. Sin ello, cualquier redistribución seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa; y en el peor, una oportunidad perdida.
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