Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo
El modelo boliviano que con bombos y platillos nos vendía la izquierda de nuestro país —basta recordar las imágenes de Evo Morales abrazando a Verónika Mendoza en las pasadas elecciones presidenciales y las cenas a manteles que sostuvo con Vladimir Cerrón en Lima, al inicio del gobierno de Pedro Castillo— está en serios aprietos.
El detonante de la crisis fue el presunto impago por parte del Gobierno de un cupón de 22,5 millones de dólares en bonos de la nación, con vencimiento en 2028. Este se debía depositar a sus tenedores internacionales el lunes de la semana pasada, desnudando con ello la situación de iliquidez por la que atraviesa el fisco nacional, que depende casi exclusivamente de su industria gasífera, la cual ha venido disminuyendo su producción en los últimos años, pasando de 63 millones de metros cúbicos diarios en 2014 —su tope— a tan solo 38 millones en 2022. Esto hizo que el país deje en el pasado su superávit comercial energético, que llegó a ser de 2000 millones de dólares en 2010, a convertirse en un importador neto de gasolina y sus derivados, generando un déficit comercial que se estima en 1100 millones de dólares a noviembre de 2022.
Entre pagar las obligaciones internacionales o importar gasolina, el Gobierno prefirió lo segundo y obligado por el laudo arbitral que le ganó una de las dos AFP de capital internacional afincadas en el país, tuvo que acelerar la toma de control de dichos fondos. Esta acción le podrá brindar liquidez en bolivianos, pero deja en el limbo las pensiones de los jubilados en el futuro, ya que dichos fondos podrán convertirse en plata de bolsillo del Gobierno, pero no soluciona el déficit fiscal, que ya alcanza el 10 % del PBI en los últimos 4 años, ni la falta de dólares que requiere el país para importar la gasolina necesaria, que además, es subsidiada.
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