Manuel Bedregal Salas
Presidente del Instituto de Economía de Arequipa (IPE Arequipa)
El año 2025 en Arequipa estuvo marcado por luces y sombras. El sector público hizo grandes anuncios de inversión y de destrabe de proyectos; sin embargo, los avances fueron limitados.
El sector privado mostró mayor dinamismo. Los proyectos mineros de Tía María y Zafranal avanzaron con compromisos relevantes. La inversión privada también creció en los sectores de construcción, comercio y servicios.
El crédito del sistema financiero al sector privado —indicador clave de la confianza empresarial— aumentó en 6 % en todos los segmentos. Los créditos hipotecarios crecieron 5 % y los de consumo, 4 %.
El convenio entre Sedapar y la Sociedad Minera Cerro Verde para el uso de las aguas residuales de la ciudad es muy importante, ya que contribuye a la operación de una actividad que explica cerca del 50 % del PBI regional y, sobre todo, viabiliza proyectos de saneamiento clave que, en manos del sector público, demorarían mucho o simplemente no se ejecutarían.
En el sector salud se anunciaron inversiones en el hospital Goyeneche y el IREN Sur; no obstante, aún están lejos de concretarse en servicios públicos efectivos. Mientras tanto, la infraestructura hospitalaria existente se encuentra en estado crítico y la anemia infantil continúa afectando a más del 40 % de los menores de tres años (ENDES 2024). Además, las obras de cuatro hospitales importantes de la región permanecen paralizadas.
La infraestructura escolar continúa en condiciones precarias, y los aprendizajes en comprensión lectora y matemáticas registraron retrocesos en las evaluaciones nacionales (Minedu, 2025). La brecha urbano-rural sigue siendo marcada.
Majes Siguas II continúa paralizado en arbitraje internacional, mientras que el denominado “Majes III” —que corresponde en gran parte a la puesta a punto de Majes I— se encuentra en fase de preinversión, con la cooperación japonesa, aún lejos de obras concretas.
La vía Arequipa–La Joya registró avances parciales. Aunque se ejecutaron algunos tramos, la congestión —incrementada por el transporte de carga general y, sobre todo, minera—, los problemas de conectividad y las pérdidas de eficiencia económica persisten. La lamentable consecuencia es que Arequipa se mantiene como la región con más accidentes automovilísticos del país.
La alta rotación de funcionarios del Gobierno Regional es un problema estructural. Un informe reciente de REDES (2025) revela que, en los últimos tres años, los gerentes duraron en promedio solo seis meses. De ahí que la gestión regional deviniera en ineficaz, dejando de ejecutar parte de su presupuesto de inversiones.
En el ámbito municipal se realizaron algunas obras de mantenimiento vial, aunque insuficientes frente a las necesidades. El Sistema Integrado de Transporte (SIT) prácticamente no registró avances, y continúa pendiente la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), del cual depende el crecimiento ordenado de la ciudad. Además, su ausencia inhibe inversiones y genera un vacío en la estrategia ambiental.
El reto para 2026 es consolidar los proyectos privados en marcha, viabilizar nuevas inversiones y hacer eficaz la gestión pública, con resultados tangibles, sobre todo en sectores clave como educación y salud, que acompañen el impulso emprendedor de los arequipeños.
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