Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
En los pasillos del Congreso se dice que Alejandro Soto Reyes es como el “Señor de los Milagros”, sale en octubre. No es para menos, y es que, la “criollada” es el signo de su carrera política, que bien hubiese pasado desapercibida si no fuera porque al llegar a ser presidente del Congreso, atrajo hacia sí todos los reflectores.
Soto se hizo famoso por haber impulsado la Ley 31751, aprobada en mayo último y que establece como plazo máximo de un año, el tiempo límite para la suspensión de la prescripción de un delito (es decir que ahora prescriben más rápido).
Vladimir Cerrón, Joaquín Ramírez, entre otros, se han beneficiado con esta norma, pero Soto fue el primero que gozó de sus mieles, ya que con su promulgación se salvó de una condena de 8 años de cárcel, por un proceso de estafa que prescribió tan pronto salió la ley, y en su lugar pasó a ocupar el más alto cargo del Legislativo ¿astuto no?
Pero allí comenzó su viacrucis, la mediatización ha desvelado no sólo su pasado, sino su presente, y es que, según El Foco, Soto acumula 59 expedientes fiscales (investigaciones) y según El Comercio, en su primer mes de gestión como congresista sumó una denuncia cada 4 días, toda una marca difícil de igualar.
La Comisión de Ética del Congreso ha comunicado que comenzará una investigación contra él, por contratar a la hermana de la madre de su hijo, beneficiarse personalmente con la ley de su autoría y recortar el sueldo a sus trabajadores congresales.
Todos los caminos conducen a su salida de la presidencia del Congreso, pero con él y Leidy Camones, Alianza para el Progreso (APP) ajusta dos presidencias efímeras, alguna reflexión le debería generar esta situación a César Acuña, su líder y fundador.
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