Rolando Vilca Begazo
Si el Gobierno nacional no transfiere los recursos necesarios a los municipios de Arequipa, desde julio no podrá sostener los servicios de limpieza pública, seguridad ciudadana y áreas verdes en toda la ciudad. Incluso, varias oficinas administrativas tendrán que dejar de funcionar.
A esta situación llegarán debido a la insolvencia económica en que se encuentran estas instituciones, como consecuencia de la reducción en la transferencia del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) entre abril y mayo, en el orden de 30 y 50%, así como por la disminución de la recaudación de tributos en más del 99%.
Recordemos que el actual contexto de la pandemia por el COVID-19 obligó a que los municipios cierren sus puertas desde el 16 de marzo y con ello, dejaron de cobrar el impuesto predial, arbitrios municipales, así como las infracciones administrativas.
Ahora, si bien desde el 25 de mayo retomaron esta labor, la crisis económica que golpea a la gran mayoría de familias, les obliga a priorizar los gastos alimenticios y postergar otras obligaciones.
A esto añadimos que el Gobierno en abril redujo en 33% las transferencias de Foncumun y en mayo el recorte llegó a 50%, además se prevé que este mes se mantenga esta afectación.
Pronunciamiento
Esta situación obligó a los alcaldes de la provincia de Arequipa a enviar un pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Martín Vizcarra y al presidente del Congreso, Manuel Merino.
En este documento, se solicita “transferencias extraordinarias para cumplir con los gastos corrientes y el pago de remuneraciones de los trabajadores municipales a fin de garantizar los servicios esenciales a la ciudad”.
También se pide al Congreso, “disponer una modificación extraordinaria” de la ley del canon para que se permita usar un porcentaje de esta partida económica —que solo se destina a gastos de inversión pública— para el pago de planillas.
De acuerdo al documento dado a conocer por el alcalde provincial Omar Candia, desde julio “será imposible cumplir con los gastos corrientes y mucho menos, con el pago de personal nombrado”. Esto obligaría, a que los municipios resuelvan el vínculo laboral “de todo el personal contratado que realiza labores de limpieza pública, serenazgo, cuidado de áreas verdes y otras de índole administrativo”.
Candia explicó además, que en la mayoría de gobiernos locales cuentan con personal nombrado y que por la edad avanzada —más de 60 años—, y otras condiciones de salud, “no puede cubrir los servicios esenciales, lo que pone en riesgo la operatividad de estas instituciones públicas”.
EL DATO
Según el pronunciamiento, varios municipios redujeron su personal contratado desde mayo, pero aun así no pudieron cumplir con el pago de las planillas y arrastran deudas. Por ejemplo, en Cerro Colorado resolvieron los contratos CAS y solo pagaron el 70% de los sueldos al personal.