Redacción
El Centro de Servicios Empresariales (Cendes) de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), capacitó en 2023 a entidades que se encargan de administrar justicia en temas de violencia familiar, de género y delitos sexuales en Moquegua, llegando a importantes conclusiones.
“Si se pone el ejemplo de una comisaría que recibe 20 mil medidas de protección al mes, y sólo hay 5 o 6 policías para evitar que un presunto agresor se acerque a su víctima, estamos hablando de que la principal debilidad está en la ejecución de las medidas de protección”, refiere el Dr. Reynaldo Tantaleán Odar.
El especialista participó en la capacitación a los miembros de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, organizada por el Centro de Servicios Empresariales (Cendes) de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y desarrollada por el Departamento de Derecho de esta casa de estudios.
El especialista en Derecho Civil advierte que una de las debilidades para llegar de manera preventiva a la protección de la posible víctima de violencia familiar o de género, está en el área operativa. Por tanto, el juzgado puede disponer el cumplimiento de la medida de protección, el presunto agresor conoce el documento, pero ¿quién vigila su cumplimiento?
Según Tantaleán Odar, en el tema de prevención de este tipo de delitos, otras de las disposiciones son las terapias para evitar la reincidencia; sin embargo, tampoco existe una recepción idónea para atender los casos de violencia familiar o de género por parte del sector salud. Las medidas, según el especialista, se dictan, pero resultan ineficaces.
Asimismo, en la capacitación participó el abogado especialista en asuntos penales, Nelson Gonzales Oviedo, quien resaltó que la forma de evitar el delito no viene por una acción jurídica, porque se trata de un tema sociológico. La sanción penal nunca ha demostrado servir para evitar o disminuir la incidencia delictiva.
“La ley faculta a los jueces de familia otorgar rápidamente medidas de protección, que involucra restricciones para el agresor, pero su incumplimiento es un tema psicológico y social. Desde lo jurídico, el dictamen de alejamiento no se dicta en todos los casos y esa puede ser la causa de que el agresor no se sienta limitado en sus derechos para acercarse a la víctima”, indica Gonzales.
Una realidad preocupante
El especialista, recordó que la pena por los delitos de violación de la libertad sexual, va desde los 14 años hasta la cadena perpetua, depende de la modalidad imputada. Asimismo, las lesiones físicas y psicológicas, son delitos que se sancionan con pena privativa de la libertad
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 un total de 165 féminas fueron víctimas de feminicidio, lo que evidencia un notable incremento respecto a las 130 mujeres asesinadas en el año 2022.
“La solución sobre esta modalidad o cualquier modalidad delictiva, siempre es sociológica, no es penal; por tanto, las medidas o cambios deben siempre dirigirse a los focos familiares, donde es previsible que en el tiempo puedan generarse personas agresivas”, finalizó Gonzales Oviedo. El especialista también se encargó de capacitar en el área penal a los miembros de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.
Sobre Cendes
A través de su Centro de Servicios Empresariales (Cendes), la Universidad Católica San Pablo brinda consultorías, capacitaciones y desarrolla proyectos en 12 especialidades. Las personas o empresas interesadas en conocer los servicios de Cendes, pueden escribir a [email protected], llamar al (054) 605 630, anexo 496 o al número (054) 605 630, anexo 502 o visitar la web: https://cendes.ucsp.edu.pe/.
Discusión sobre el post