Rolando Vilca Begazo
La grave crisis sanitaria que afronta Arequipa por la pandemia del COVID-19 ante la ineficiente gestión del gobernador regional Elmer Cáceres Llica, le podría costar el cargo.
El Colegio de Abogados presentó una denuncia penal en su contra por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (en la modalidad de homicidio simple), exposición de personas al peligro y contra la Administración Pública por la omisión de funciones.
El decano de esta orden profesional, José Arce Villafuerte, sustentó su pedido ante el Ministerio Público porque la autoridad regional no implementó el protocolo de prevención y atención para los pacientes COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa) y por el bajo nivel de ejecución del presupuesto otorgado por el Gobierno nacional para hacer frente a esta enfermedad.
Recordemos que días atrás, la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia, confirmó la multa de 15 unidades de referencia procesal (S/ 6 450.00) contra Cáceres Llica por incumplir con la implementación del referido protocolo.
Este mismo órgano judicial, dispuso el apercibimiento para que en un plazo de 5 días, el gobernador regional haga efectiva tal obligación, en salvaguarda de la salud de los pacientes con coronavirus y para reducir la exposición de los trabajadores de salud.
Esta sanción es consecuencia de la acción de amparo tramitada por el Juzgado Civil de Mariano Melgar, que previamente ya había dispuesto una medida cautelar en la que se exhortaba al Minsa y al Comando de Operaciones COVID-19 a nivel nacional y regional, para que contribuyan en la puesta en marcha del citado protocolo.
Este incumplimiento en opinión de Arce Villafuerte, provocó el “lamentable colapso de los establecimientos de salud y múltiples muertes de habitantes en nuestra región”, lo cual es responsabilidad directa del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica.
Otro aspecto que argumenta la denuncia penal es la “inejecución del presupuesto asignado por el Gobierno nacional para aplicar las medidas necesarias a fin de combatir el COVID-19 en nuestra región”. A la fecha, el Gobierno Regional de Arequipa “tiene un gasto devengado de solo 50.5% y comprometido del 54.9%”, lo cual sería una clara muestra de la ineficiente gestión ante la situación actual.
Contexto favorece investigación
José Arce Villafuerte, consideró que la situación por la que atraviesa Arequipa obliga a que este pedido se analice a la brevedad posible en el Ministerio Público, por lo que esperaba que en el corto plazo se inicie la investigación preliminar a fin de identificar los elementos necesarios para sustentar la acusación judicial en contra de Cáceres Llica.
“Hay demasiada negligencia y descuido en los hechos que conllevaron a la muerte de 702 personas. La defensa de la vida como valor supremo [de la Constitución] no se cautela y no solo mueren por la enfermedad sino por la falta de atención oportuna. Eso es responsabilidad directa del gobernador regional”, afirmó.
EL DATO
De acuerdo al artículo 106 del Código Penal, el homicidio simple se sanciona con una pena de cárcel de 6 a 20 años.
La denuncia penal contra Cáceres Llica, comprende también a todos los funcionarios de su entorno que no cumplieron con implementar el protocolo contra el COVID-19 y ejecutar el presupuesto otorgado por el Gobierno nacional.