Southern no desistirá de Tía María

Rolando Vilca Begazo

Pese a la convulsión social que se mantiene en el Valle de Tambo por más de dos meses, la empresa Southern Perú Copper Corporation, no desistirá de su intensión de ejecutar el proyecto minero Tía María y esperará el tiempo que sea necesario para ello.

“Tenemos 59 años de trabajo en el Perú y no daremos un paso al costado. Vamos a persistir porque la inversión es la única forma de seguir adelante y a la vez nos comprometemos a esperar el tiempo necesario para ello”, afirmó el jefe de Desarrollo Comunitario del proyecto Tía María, Carlos Quiñones Lozada.

El funcionario sostuvo que seguirán trabajando para contar con el respaldo social de la población, a partir de “un mayor esfuerzo para comunicar y aclarar los temas técnicos y ambientales del proyecto”.

Incluso, no descartó que se pueda llegar a una consulta ciudadana para conseguir la licencia social, en función a la recuperación del diálogo con las autoridades locales, regionales y nacionales.

“Creemos firmemente que con un trabajo social adecuado y con información técnica socializada de mejor manera, vamos a mejorar los niveles de aceptación social (SIC). Bajo ese planteamiento y una vez iniciado el diálogo, podríamos plantear algunos mecanismos [de consulta ciudadana]. No lo descarto, pero tampoco lo confirmo”, agregó.

No obstante, el director de Servicios Ambientales de Southern Perú, Darío Oviedo, consideró que esta alternativa es complicada, debido a que “no está establecida en los mecanismos legales del Estado”.

LO DIJO

Darío Oviedo, señaló que se evalúa la implementación de un sistema de faja transportadora de 8 km para trasladar todo el mineral desde los yacimientos hasta Pampa de Cachendo, donde será procesado y se someterá al proceso de lixiviación para la obtención de cátodos de cobre.

De igual forma, Oviedo dejó entrever que algunas autoridades como el gobernador regional, Elmer Cáceres, hacen mal en no querer dialogar cuando esta opción es la única forma de encontrar soluciones a los conflictos. “Creo que hay soluciones y lo importante es retomar el diálogo”, señaló.

Oviedo cuestionó además la politización del conflicto social en el Valle de Tambo, al dejar de lado la discusión técnica sobre la viabilidad del proyecto minero y pasar al escenario político. “Se salió de la parte técnica y ambiental y ante la falta de argumentos recurrieron al escenario político y allí como empresa no podemos hacer mucho”, sentenció.

Recordemos que el proyecto Tía María se encuentra en stand by en tanto el Consejo de Minería, resuelve los recursos presentados por el Gobierno Regional de Arequipa y la junta de Usuarios del Valle de Tambo para revocar la licencia de construcción. El pasado 9 de agosto, se fijó un plazo máximo de 120 días para resolver estos reclamos.

Nueva estrategia

Carlos Quiñones, Darío Oviedo y el superintendente de Infraestructura de Southern Perú, José Vargas, dialogaron con los medios de comunicación local, como parte de una nueva estrategia de acercamiento y comunicación que busca “aclarar todos los cuestionamientos al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María”.

Así, ratificaron que el EIA aprobado en el 2014 contaba con la opinión técnica favorable del Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección General de Capitanías de Puertos y Guardacostas (Dicapi).

Darío Oviedo, también recordó que el borde extremo del tajo minero se encuentra a 2 km del Valle de Tambo y a 6.5 km de la población más cercana (Cocachacra), por lo que no ocasionará ninguna afectación directa a la actividad agrícola ni a los habitantes. 

Desalinizadora sin permisos

Sin embargo, José Vargas, admitió que la proyectada planta desalinizadora que tratará agua de mar para usarla en las operaciones mineras, carecía de los permisos necesarios para su construcción.

“Efectivamente no se cuenta con los terrenos para la construcción, estamos haciendo las gestiones y de no conseguirlos, buscaremos en zonas aledañas y dentro del área de influencia del Estudio de Impacto Ambiental”, explicó.

Vargas si bien aclaró que la planta desalinizadora contaba con su respectivo EIA, aceptó que esta no tenía licencia de construcción, ni autorización de uso de agua de mar. “Estos trámites se verán posteriormente si es que se aprueba [ratifica] la licencia de construcción del proyecto”, agregó.

En su opinión, de iniciarse la fase constructiva del proyecto, se tendrá hasta dos años para solicitar todos los permisos para la planta desalinizadora, ya que esta entrará en funcionamiento con la misma operación del proyecto.

Sin consulta internacional

En cuanto a una eventual revisión del EIA de Tía María por instancias internacionales, tal como ocurrió años atrás con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), Darío Oviedo, descartó tal posibilidad porque eso significaría “desconocer la autonomía del Estado peruano”.

“No podemos desconocer la institucionalidad del Estado ni la capacidad técnica de nuestras autoridades y profesionales, por eso no podemos pedir una consulta internacional”, enfatizó.

Asimismo, anticipó que se tiene previsto la constitución de comités de monitoreo y vigilancia medio ambiental, con la participación de representantes de la sociedad civil, autoridades y la empresa minera, quienes previa capacitación verificarán el cumplimiento de los compromisos ambientales del proyecto respecto a la calidad del agua, aire y los ruidos emitidos.

No afecta a gasoducto

De otro lado y pese a que el gobernador regional Elmer Cáceres revocó la servidumbre de 49.5 hectáreas en las Lomas de Cachendo a favor de Southern Perú —otorgada en la gestión de Yamila Osorio—, los funcionarios de la minera advirtieron que esto no afectará el desarrollo del proyecto porque allí no se instalará la planta de beneficio.

José Vargas, descartó también cualquier afectación a la construcción del gasoducto sur peruano, al recordar que meses atrás y luego de reunirse con representantes de la anterior concesión, “se modificó ligeramente el trazo” del tendido de tuberías, para superar la superposición que existía con parte de la concesión minera.