Rolando Vilca Begazo
¿Los reclamos de los alcaldes distritales de la provincia de Caylloma podrían poner en riesgo la ejecución del proyecto Majes Siguas II?
Podrían, pero no debieran. Primero porque los alcaldes se olvidan de que son parte del Estado y ellos son responsables de encontrar soluciones a los problemas locales. Lamentablemente, actúan más como dirigentes sociales que como alcaldes distritales y agudizan las condiciones para ver qué se puede obtener y qué beneficio político logran alcanzar.
Pero no se puede negar que el proyecto empezó sin resolver temas como una negociación adecuada de las tierras de Pusa Pusa para la construcción de la represa, o ver de qué forma la población cercana podía obtener algún beneficio.
Como dices, el tema es cómo le saco beneficio particular a una obra que es pública y para todos. A los comuneros de Pusa Pusa se les ofreció la compensación en dinero y terrenos. Lamentablemente, en algunos casos, los propietarios originales ya no están y aparecen los hijos u otros descendientes. La pregunta es ¿cuánto tiempo viven en la zona realizando actividades, o es que son habitantes de la ciudad, donde tienen otros intereses, y solo buscan vender esas tierras a un mayor precio?
Allí se reclamó que en la tasación no se reconoció el lucro cesante por lo que se dejaría de ganar por el cultivo de tierras o la crianza de ganado.
Eso es algo aleatorio. ¿Cómo se puede calcular desde el Estado ese tipo de costos? Sobre expectativas no se puede trabajar desde el Estado, allí se actúa sobre cosas reales.
Lo que sí es claro es que estas personas se quedarán sin tierras y no tendrán otra actividad alternativa para buscar un ingreso económico, porque no se les reubicará en otro lugar.
Pero si se les da dinero es por la venta de tierras y deben pensar en invertir ese dinero. Además, el Estado no puede beneficiarlos dos veces por el mismo tema.
¿Es viable atender el pedido de los alcaldes para que los pobladores de Caylloma accedan al 30 % de las tierras del proyecto Majes Siguas II?
Tierras hay y se les puede dar. El problema es a quiénes les vas a dar tierras. Porque primero aparecen los directamente afectados y luego, los afectados indirectamente. Ahora, les van a entregar tierras, ¿de dónde sale el dinero para comprarlas?; y el agua, ¿quién la va a pagar?
Pero ¿legalmente es atendible este reclamo?
Se puede hacer, incluso existe un acuerdo que se logró en la gestión de Juan Manuel Guillén por el que se les otorgaría 3 mil hectáreas, pero con la condición que se constituyan en grupos asociados.
¿Estas tierras estarían en las pampas de Majes o dentro del nuevo proyecto?
Eso no es problema. Puede ser en uno u otro.
¿Qué harán con las tierras urbanas?
Pero en el esquema de financiamiento de Majes II se contempla recuperar la inversión con la venta de tierras y con el cobro por el uso del agua.
El tema es que en Majes I se vendieron parcelas a precios muy bajos y otras no han sido pagadas hasta la fecha. Ahora, si quieres comprar una parcela allí, te cuesta unos 250 mil dólares, más o menos, y ¿cuánto les costó a ellos? Cero soles. Así todos quisiéramos hacer negocio. Pero este esquema [de financiamiento] tiene un hueco, ¿qué pasa con las tierras urbanas? Tienen mayor valor [de venta] y no tienen costo alguno, ¿por qué no se las valoriza para venderlas y en menor tiempo se paga al concesionario del proyecto?
¿De qué montos estamos hablando?
Si son entre 30 a 40 hectáreas para zonas urbanas, eso se traduce en unos mil lotes de 250 a 300 metros cuadrados, y si cada lote te cuesta 20 mil dólares, se tendría alrededor de 20 millones de dólares como pagos adicionales. Para obtener esto, primero hay que decidir si se cobrará o no por los terrenos urbanos.
En su opinión, ¿solo los pobladores directamente afectados por la represa de Angostura —que es parte del proyecto Majes Siguas II— deberían acceder a tierras?
Ese es el esquema. No más.
Entonces, ¿no se podría entregar parcelas para todos?
Pero qué tiene que hacer el poblador de Tapay o Cabanconde, por ejemplo, con el problema que se vive en la parte alta de Caylloma. Algunos se inventaron el pedido de un canon hídrico, entonces los que vivimos en Arequipa tendríamos que pagar este canon a los pobladores de Imata [de donde proviene el agua que se almacena en las represas]. Y no solo eso, tendría que haber una ley que permita que las poblaciones de las cabeceras de cuenca puedan cobrar canon hídrico o servicios ambientales para que las ciudades puedan vivir.
Venta de tierras
Otro aspecto que se cuestiona al proyecto es la creación de módulos de 200 hectáreas para la venta y a las que no accederían los pequeños productores.
Ahí hay un problema. Cuando se diseñó el proyecto, para estimar el retorno de las ventas, se dijo que podrían ser módulos de 200 hectáreas, pero pueden ser de menos.
¿Esta disposición no es definitiva?
No, eso dependerá de la decisión que tome el Gobierno Regional [de Arequipa]; si quieren sacar módulos de 5 hectáreas para pequeños productores y otros de 200 hectáreas para empresas privadas.
¿Esta determinación, no le corresponde a ProInversión?
El dueño del proyecto es el Gobierno Regional. ProInversión es como una agencia inmobiliaria a la que se le encarga un proyecto o una casa para su venta. De acuerdo a ellos y sus estudios, hicieron eso: buscaron interesados y sacaron la licitación [del proyecto Majes II].
¿Qué se tendría que hacer para permitir la participación de los pequeños productores en Majes II?
En las bases [de la licitación de las tierras] se puede establecer que haya un porcentaje destinado para el sector social y otro para el comercial. El comercial podrá comprar hasta 200 hectáreas y el social, hasta 50 hectáreas, por ejemplo.
¿Y el precio de las tierras debería de ser el mismo?
Por qué tendría que ser diferente, si ambos son ciudadanos peruanos.
Entonces, solo podría variar el mecanismo de acceso a la tierra.
Por supuesto. Además, pueden asociarse. Incluso nosotros les dijimos: si ustedes se asocian, les ayudamos a buscar financiamiento. ¿Sabes por qué [los pequeños agricultores] se oponen a este proyecto social?, porque todos quieren acceder a parcelas de 5 hectáreas.
¿Quieren seguir con el modelo de Majes I?
Claro, en el fondo quieren esperar tres, cinco o diez años para vender esas tierras [como está ocurriendo en Majes I]. Pero si es de carácter asociativo, nadie es propietario y, por lo tanto, no se pueden vender. Ese es el problema. ¿Cómo evitas que este proyecto se convierta en un beneficio individual para particulares, cuando su beneficio debe ser colectivo? Para eso fue diseñado.
Superado este tema, ¿cree que surjan más problemas que compliquen la ejecución de Majes II?
Claro que es posible. No apareció todavía el problema de la propiedad de las tierras; el tema del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en la zona, aún está en estudios; no aparecieron los propietarios de cabeceras de cuenca y otras zonas; tampoco se vio el tema de las invasiones que ya ocurren en la zona de Siguas.
¿Todo esto es parte del proceso normal para sacar adelante un proyecto de inversión?
En muchos de los proyectos del Perú, lo que era atípico ahora se ha convertido en típico. En toda la costa peruana hay muchos proyectos similares que fueron paralizados porque habían sido invadidos.
Entonces, se puede prever que este solo es el inicio de una larga lista de reclamos en torno al proyecto Majes II.
En tanto no selles todo lo que debes resolver. Además, ten en cuenta que el contrato de concesión se firmó en el 2010 y cuando la concesionaria empiece a hacer la obra pedirá la actualización de costos por el tiempo transcurrido. Recuerda que el proyecto empezó con 120 millones de dólares, después pasó a 220, 400, ahora está en 540 millones de dólares.
¿Una actualización de precios ameritaría cargar el sobrecosto al precio de las tierras y del agua?
Por supuesto. El Estado ya está cofinanciando el proyecto.
¿Esto no encarecería el proyecto?
Y podría hacerlo no viable, ¡claro! Además, el contrato [de concesión] dice que una vez que se culmine la obra de infraestructura, todo el sistema hídrico de Majes I pasará a ser administrado por el concesionario. Pero ellos dirán que están recibiendo infraestructura que requiere una nueva inversión [para garantizar su operatividad].
La gobernadora regional, Yamila Osorio, ha pedido que el Gobierno nacional asuma estos costos.
¿Y el Gobierno Regional no es parte del Estado?, ¿se pedirá asimismo que lo pague?
¿Estos costos adicionales no se pueden financiar a través de créditos externos?
Puede ser, pero no olvidemos que el proyecto Majes tiene financiamiento del Gobierno peruano, que es la deuda con la CAF; además del aporte del Gobierno Regional y la participación del concesionario. Ya subió el monto y solo se hicieron ajustes, pero en el momento en que el concesionario tenga que gastar ¡qué va a pasar!
¿Usted cree que se pueda iniciar la construcción de la represa Angostura sin actualizar los costos?
Para empezar, lo que pedirá la concesionaria es que todos los terrenos estén saneados. Si no están listos hasta agosto, no se construirá nada. Y el concesionario seguirá esperando hasta que se resuelva ese tema y cuando ocurra, se tendrá que actualizar los costos.
¿Por qué crees que en el Perú un consorcio puede esperar hasta diez años para iniciar un proyecto?, porque el costo se encarece. Ellos no pierden dinero. Recuerda que en Majes II, nosotros [en el Gobierno Regional] pagamos 10 millones de dólares por los estudios definitivos y se reclamó que era mucho, pero ya está. ¿Cuánto han invertido hasta el momento?, nada. Hasta ahora ni siquiera han salido a buscar crédito externo.
¿Solo usan el dinero transferido por el Estado?
Claro, el día que tengan que poner de su dinero, dirán: un momento, esto cuesta tanto. Además, hay un problema tecnológico bien serio. En el mundo moderno ya no se hacen canales, solo se usan tuberías y la concesionaria dice que es posible que el costo de cambiar canales por tuberías signifique 50 millones de dólares más y ¡quién aprobará eso!
Nota de redacción:
Al cierre de la presente edición la gobernadora regional, Yamila Osorio, se reunió con la bancada congresal por Arequipa e informó que ProInversión debe evaluar la posibilidad de reducir los módulos de 200 hectáreas de Majes II.
De igual forma, explicó que de las 52 propiedades que serán afectadas por la construcción de la represa Angostura, se adquirieron 38. Las otras 14 están en proceso de compra y no serían requeridas aún para el inicio de las obras mayores.