Rolando Vilca Begazo
En nuestro país, el 80% del consumo de cemento, corresponde al sector autoconstrucción y este en su gran mayoría es informal, es decir se desarrolla sin supervisión alguna, no solo de parte de las autoridades municipales, sino de especialistas que verifiquen la calidad de las edificaciones.
Es por ello, que el especialista en Tecnología del Concreto, Jairo Niño, llamó la atención sobre esta problemática nacional, más aún si tomamos en cuenta que la costa y sierra del Perú, se encuentran en una zona de riesgo intermedio y alto —respectivamente— ante la ocurrencia de algún sismo.
“Allí no hay control de calidad de los insumos para elaborar el concreto y mucho menos hay supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones necesarias para todo diseño y construcción de edificaciones. Esa falta de supervisión ante un sismo importante, provocaría pérdidas materiales y de vidas humanas”, enfatizó el docente de la Maestría en Dirección de la Construcción, de la Universidad Católica San Pablo.
Esto ocurre, agregó, porque es una práctica común del sector autoconstrucción, que no haya diseño alguno en la edificación de viviendas y en el caso de la elaboración del concreto —el principal material de la industria de la construcción—, se hace por “usos y costumbres”, de acuerdo a la experiencia del albañil o maestro constructor.
Reglamento que no se cumple
Jairo Niño, recordó además que el Reglamento Nacional de Edificaciones, establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de todo tipo de construcciones, y cuya responsabilidad de su cumplimiento, recae en las diferentes municipalidades del país.
Por ejemplo, según la referida norma, los municipios deben inspeccionar las obras que se ejecutan en su jurisdicción a fin de comprobar que participen profesionales calificados y que se cumplan los proyectos aprobados. Incluso, le faculta a demoler de forma parcial o total una obra, en caso haya una “discrepancia no subsanable con el proyecto aprobado”, en dicho municipio.
Esto es lo que dice la norma de aplicación obligatoria, para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación, tanto en el ámbito público como privado, pero en los casos de autoconstrucción, no se cumple. “Presumo que es por la falta de recursos económicos, de personas expertas y de equipos técnicos para hacer el control y supervisión”, señaló Niño.
Si en ocasiones no hay un control adecuado en la ejecución de obras públicas a cargo de estas entidades gubernamentales, entonces menos podrán cumplir con la inspección y verificación de la calidad en las edificaciones particulares.
“A esto hay que añadir que la población se acostumbró, primero a construir y luego, a formalizar la edificación. En tanto que los municipios priorizan el cobro de multas [por la falta de licencia de construcción], pero se olvidan de la calidad de la obra”, apuntó Jairo Niño.
“Los propietarios [de viviendas] no tienen capacidad de pagar por un diseño ni muchos menos por una supervisión [de obra] y es ahí donde el Estado debe tener presencia”.
Jairo Niño, docente de la Maestría en Dirección de la Construcción, de la Universidad Católica San Pablo.
Responsabilidad social
Pese a este panorama, el experto en Tecnología del Concreto, consideró que el Estado no puede dejar de lado su responsabilidad social para proteger a sus ciudadanos y en este caso, a las inversiones que realizan para construir sus viviendas, ya que, si se presenta un fuerte sismo, estas personas serán las primeras que quedarán sin techo por un tiempo importante y el propio Estado deberá asumir este problema.
“Los propietarios no tienen capacidad de pagar por un diseño ni muchos menos por una supervisión y es ahí donde el Estado debe tener presencia. Aunque se trata de obras pequeñas, no son construcciones menos importantes. Entonces el Estado, debe ver cómo asegura su patrimonio, que con tanto esfuerzo económico lograron construir”, reflexionó.
Aporte de institutos y universidades
En esta perspectiva, Jairo Niño, propuso que los institutos técnicos y las universidades, cuyas carreras están vinculadas al sector de la construcción, colaboren en la solución de este problema, con la participación de sus estudiantes, a través de un sistema de prácticas profesionales.
“Los estudiantes podrían hacer prácticas en este tipo de edificaciones y esto sería muy valioso para ambas partes; para el dueño de la obra, porque no le costaría nada la supervisión y para el estudiante, porque incursionaría en una obra real con todas las complejidades que implica y, sobre todo, harían un trabajo social importante”, argumentó.