Deysi Pari
En la provincia de Espinar, región Cusco, se ha gestado un conflicto debido a la distribución de los recursos provenientes del convenio marco suscrito con la minera Antapaccay. El acuerdo, vigente desde 2003, permite la transferencia de hasta el 3 % de las utilidades por la explotación de cobre para financiar proyectos de inversión social, pero ahora la población exige la entrega de un bono solidario.
En la sesión del Comité de Gestión del referido convenio marco, realizada el pasado 9 de octubre, se acordó destinar el 80 % de los recursos al financiamiento de proyectos y el 20 % restante a la entrega de un bono solidario para los espinarenses.
Sin embargo, tras la protesta de un sector de la población de Espinar –incluyendo comunidades campesinas, frentes de defensa y ronderos– se realizó una nueva sesión el 13 de octubre en la plaza de la provincia. De esta reunión, salió otro acuerdo: destinar el 100 % de los fondos al pago del bono solidario. Se estima que los recursos ascienden a más de 26 millones de soles.
Antapaccay pidió reconsideración
Tras estos hechos, una nueva sesión del comité se realizó este 21 de octubre en la municipalidad de Espinar. La reunión, convocada de manera urgente, se dio entre reclamos, acusaciones de irregularidades y posiciones encontradas sobre el uso del aporte minero.
El encuentro fue presidido por Julio Mollohuanca Cruz, presidente alterno del Comité de Gestión. En la agenda se abordó la reconsideración presentada por la minera Antapaccay a los acuerdos adoptados en la sesión del 13 de octubre, en especial la propuesta de que el bono solidario sea del 100 %, en lugar del 20 % inicialmente aprobado.
Mediante un documento, el gerente sénior de Gestión Social y de Asuntos Sociales de la minera, Artemio Pérez, pidió al comité que se evalúe nuevamente la decisión. Además, denunció que la sesión del 13 de octubre se realizó sin el quórum necesario y con la participación del alcalde distrital de Ocoruro, Raúl Yauli Chuctaya, mediante vía telefónica. “Con este voto se forzó a aprobar que el aporte se destine a un bono solidario. Los hechos antes descritos contravienen la naturaleza del convenio marco, que es la ejecución de proyectos sostenibles”, describió el funcionario de la minera.
La discusión se tornó tensa. Algunos sectores, entre ellos la Federación Unificada de Campesinos (Fucae), la Asociación de Urbanizaciones Populares (Aupe) y el representante de los alcaldes distritales respaldaron el reparto total del dinero a través de un bono.
Se dejan de lado proyectos
Alan Farfán Casaverde, representante de Antapaccay, estuvo presente en la reunión y señaló que el acuerdo del 13 de octubre se realizó bajo presión e, incluso, bajo amenazas. Por ello, reiteró el desacuerdo de la minera y sostuvo que la empresa hará una nueva propuesta. “La empresa hará una evaluación interna porque esos fondos deben ser destinados para lo que se aprobó”, señaló.
Tras estas declaraciones, anunció que se retiraba de la reunión por la forma injusta en que se estaba llevando.
Mientras tanto, algunos comuneros defendieron la entrega del bono como una medida justa. Otros, como el dirigente de la comunidad Tintaya Marquiri, expresó que las comunidades localizadas en la zona de influencia directa de la mina son las que sufren el impacto de sus actividades y que deberían recibir el 50 % de las regalías.
Cámara de Comercio objeta decisión
Al respecto, la Cámara de Comercio del Cusco emitió una opinión y objetó que el Comité de Gestión haya aprobado destinar el 100 % de los fondos al pago del bono solidario, en lugar de financiar 17 proyectos, entre agua potable, educación, electrificación, salud y desarrollo productivo.
El gremio empresarial hace notar que, en los últimos años y a raíz de la pandemia del coronavirus, se ha observado una dinámica de transferencia directa de estos recursos mediante bonos, práctica que se ha convertido en un instrumento recurrente de política pública. “Un bono puede representar un alivio temporal: genera liquidez inmediata [a las personas], pero no deja huella productiva ni genera empleo sostenido. Cada sol entregado se disipa en consumo”, sostiene en el análisis.
La primera vez que se dio el bono fue en 2021, se repartieron 44 millones de soles entre 43 600 personas. En 2022 hubo una segunda entrega de 46 millones de soles que se dividió entre 50 683 personas, es decir, el número de beneficiarios aumentó.
Según la Cámara de Comercio, la decisión de otorgar el bono constituye una medida que pone en riesgo la sostenibilidad de un mecanismo que ha sido considerado como un modelo de concertación minera en el país.
La reunión del martes 21 de octubre terminó sin acuerdos puntuales. El secretario técnico del comité renunció en la junta del 13 de octubre, por lo que no hay consenso sobre quién ocupará ese puesto y cómo se elaboraría el proyecto para la entrega del bono.