Deysi Pari
La situación en La Rinconada es tensa. Este yacimiento de oro, situado a más de 5000 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno, reanudó sus actividades el 1 de diciembre, luego de dos meses de paralización. Sin embargo, ahora predomina un escenario marcado por el descontento y las pugnas.
El Frente Único de Defensa de Trabajadores Mineros y Moradores del centro poblado La Rinconada exige un derecho preferente sobre el material de baja ley, al que se conoce como desmonte o “llampo”.
Este grupo, que dice representar a los trabajadores de más bajo rango, quiere que se formalice un acuerdo con la Corporación Minera Ananea S.A. y la Central de Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro (CECOMIRL), para que ellos también puedan explotar este material.
Paralización, ataque y muerte
Esta demanda surgió luego de una paralización y un violento ataque. El 3 de octubre, por solicitud de la Corporación Minera Ananea S.A., que es titular de varias concesiones de oro, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno autorizó la suspensión de las actividades en las unidades mineras Ana María I, II, III y IV.
La razón: la inseguridad y violencia que reina en los centros poblados de La Rinconada y Cerro Lunar, donde hay constantes asaltos por el oro y ataques con arma de fuego y asesinatos.
Producto de esta paralización, miles de hombres que trabajan en la informalidad quedaron a la deriva. Toda la cadena productiva (negocios de comida, transportes, entre otros) resultó afectada.
Un sistema que permite la informalidad
En La Rinconada persiste un sistema y una estructura de trabajo compleja que permite la informalidad laboral. Javier Ñaca, gerente de la CECOMIRL, explicó a medios de Puno que la Corporación Minera Ananea S.A. es la empresa titular de las concesiones, luego están las cooperativas mineras San Francisco de La Rinconada, Cerro Francisco y Lunar de Oro que integran la CECOMIRL. En seguida, están los 468 operadores que realizan la explotación, quienes dan trabajo a los mineros que entran a los socavones en busca del mineral. Todos ellos laboran por la modalidad del “cachorreo”.
El cachorreo es un sistema en el que los obreros trabajan sin pago alguno y sin una relación laboral formal, a cambio de la promesa de participar en la repartición del mineral. En este esquema, trabajan alrededor de 25 días para la contratista y solo cinco días para obtener su propia ganancia.
Durante el tiempo de paralización se realizaron mesas de trabajo con la DREM Puno y la sociedad civil. En dichas reuniones se acordó el reinicio paulatino de las actividades en la concesión bajo ciertas condiciones. La primera fecha prevista fue el 27 de octubre, pero no se llegó a cumplir. En ese lapso, los trabajadores marcharon hacia Puno y luego iniciaron una huelga de hambre en el mismo centro poblado. Sin embargo, para el 27 de noviembre los hechos se tornaron violentos.
Según Javier Ñaca, un grupo de delincuentes ingresó al área de la CECOMIRL y quemó alrededor de 25 vehículos de las cooperativas. Además, una persona fue asesinada de un disparo en la cabeza. Los acontecimientos aún no han sido esclarecidos.
Acusan a dirigentes
Ñaca sostiene que la población fue confundida y azuzada por malos dirigentes. “Con el paro prácticamente quieren la concesión y trabajar el mineral directamente con los llampos. Ellos dicen que se deben revertir las concesiones. Como central de cooperativas, en nada les hemos afectado. Esos dirigentes son los responsables de la pérdida económica”, sostuvo el representante de la CECOMIRL.
Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de Trabajadores Mineros y Moradores del centro poblado La Rinconada, Elvis Gárate Incahuanaco, manifestó a Encuentro que ni la CECOMIRL ni la Corporación Minera Ananea los escuchan.
“Se están abriendo las bocaminas, pero no es como debe ser. Están abusando de los trabajadores y a los que participaron en la huelga los están sacando del trabajo o los están coaccionando”, sostuvo Gárate.
El dirigente señaló que el centro poblado acoge a más de 30 mil familias que dependen de la actividad minera. Por ello, su pedido es que eviten cualquier tipo de coacción o represalia contra los trabajadores.
Ratificó que la población quiere trabajar el material de baja ley que, según su versión, actualmente es tratado por la CECOMIRL.
La situación de informalidad laboral en La Rinconada es casi total. Además, de acuerdo al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el mismo que fue extendido hasta fines de 2026, actualmente hay 761 mineros con derechos inscritos o en vías de formalización.
Según Elvis Gárate, es difícil que todos ellos se formalicen, pero su opción para seguir trabajando es que pueden alegar ser accionistas de la Corporación Minera Ananea, que está categorizada como pequeña minería.