Rolando Vilca Begazo
En medio de la coyuntura que vive el país por aprobar la pena de muerte como solución para los casos de violación de niños, la fiscal provincial de Familia, Nelly Montenegro Beltrán, reclamó que el Estado no acompaña a las víctimas para superar el trauma que sufrieron y tampoco garantiza que los agresores no vuelvan a cometer estos actos.
En las actuales condiciones que vive el país, ¿el hashtag #PerúPaísDeVioladores es exagerado?
Sí, porque es una generalización. Tenemos casos, es cierto. Es un problema vigente, pero no podemos generalizarlo.
No puede ser entendido como un llamado de atención porque da la impresión que la estructura social y la cultural del país produce violadores.
Lo que sucede es que hoy, como en ningún tiempo, hay información para la víctima, los medios y la familia que permite que las situaciones de violencia sexual se denuncien.
¿Antes no se podían denunciar estos hechos?
Lo que ocurre es que la mayoría de los casos de violación sexual a menores se da en entornos muy cercanos porque lo primero que el violador busca, antes de acercarse a la víctima, es la impunidad y solo la logra si tiene la cercanía para amenazar, seducir o acallar. Estos casos, generalmente, se denuncian con posterioridad. Pero ahora se empodera a la víctima para que denuncie. En los otros casos, que son los menos en cifras estadísticas, el agresor es un desconocido que aborda a la víctima con violencia y abusa de ella, esos casos sí se denuncian de manera inmediata.
Entonces, ¿no se puede afirmar que hoy ocurren más casos de violación que hace cinco o diez años?
No, no podemos afirmar eso. Lo que vemos hoy es el producto del mayor acceso a la información y de un mayor reconocimiento de la víctima de que lo que le ocurrió fue un
abuso sexual. Los niños y sobre todo los adolescentes no logran entender en su momento que esa conducta fue abusiva y recién en la juventud y la adultez lo interiorizan como tal y lo denuncian.
¿Esto obedece a determinados modelos culturales que permitían ese tipo de situaciones?
Así es. Era un tema que no estaba en el imaginario público, ni siquiera en el ámbito familiar. Hoy tenemos campañas que buscan que nuestros hijos aprendan a defenderse y que sepan cuándo el acercamiento de un adulto o de uno de sus pares es inadecuado y desagradable, así pueden hacer la distinción y [de ser el caso] denunciar. Esto no se trataba antes.
Más confianza
¿Usted recomendaría que todo padre o madre de familia pregunte a sus hijos si en algún momento fue o no agredido sexualmente?
Los padres deben recuperar la confianza para que los hijos les comenten las cosas buenas, malas y desagradables que les suceden en el día, porque el acercamiento puede ocurrir en la combi, a través de un gesto o una palabra que les incomode. Además, para que los padres los preparen para defenderse y reaccionar de manera adecuada.
Hoy se cuestiona que las sanciones penales no frenan estos actos execrables, principalmente en el caso de los niños.
La parte sancionadora ya está establecida. El único paso que nos faltaría es crear la pena de muerte. Ya tenemos la cadena perpetua que es impuesta en el caso de víctimas menores de diez años. Lo que sucede es que nos falta trabajar mucho en el tema de prevención, formación y educación de las personas.
¿En qué aspectos?
No hacemos seguimiento de aquellos niños o niñas víctimas de abuso sexual. No ocurre en todos los casos, pero existen posibilidades de que puedan repetirse estos patrones en adelante. Entonces, ¿quién le hace seguimiento a la salud mental de estas personas?, ¿quién los acompaña para que superen el trauma sufrido? Nadie. Además, los chicos se inician en la información de contenido sexual sin mayor conducción por parte de los padres de familia. Basta que tengan acceso a Internet para que puedan conocer absolutamente todo y acerca de todo.
¿El modelo cultural actual que facilita el acceso a todo tipo de información podría exacerbar esta clase de conducta?
Así es. Si no hay un padre que limite los tiempos en Internet y que sepa qué ven sus hijos. Creen que hacen la tarea cuando eventualmente se involucran en información de contenido sexual que no corresponde a su edad y que no pueden manejar. Eso solo exacerba la libido.
Hace años tuve el caso de un muchacho que acababa de llegar de la sierra y por el contacto con un primo de la ciudad accedió a material pornográfico muy fuerte y que copió como animalito con la prima. Este acto primitivo ocurrió por repetición, porque nadie le comentó qué era ese tipo de situación. Era un niño.
Entonces, tenemos que trabajar en el ámbito de los centros de salud y del Gobierno Regional para contar con espacios especializados en el tratamiento y el seguimiento de las víctimas y los agresores. Así nos aseguramos que recibirán una atención adecuada para recuperarse. No se trata de ver si lo mandamos al [centro de salud mental] Moisés Heresi o si sigue un tratamiento con un psiquiatra conocido. El Estado debe garantizar el tratamiento para ambas partes.
El tema es que invertir en este tipo de políticas es muy oneroso y los resultados no se ven en el corto plazo, eso tal vez limita su implementación.
Pero si no se invierte en esto no habrá forma de resolver el problema. Solo responderemos de manera inmediata y mediática a cosas que nos preocupan e indignan, pero no se resuelven con la sola sanción. Nos movilizamos mucho por una situación específica y luego salen ideas de la castración química, la pena de muerte y demás variaciones de la legislación, que las pueden hacer pero no responden a una política criminal a corto o largo plazo.
Acompañamiento
Usted dice que existen las penas y las sanciones para este tipo de casos, pero da la impresión que no frenan lo que día a día se conoce a través de los medios de comunicación. Por eso un sector de la sociedad reclama la aplicación de un escarmiento drástico.
Lo que ocurre es que los seres humanos somos diversos. Algunos pueden frenarse por el temor a la sanción, a otros no les provoca ningún temor e igual cometen el abuso. Así también hay gente sentenciada que acaba en la cárcel, pero donde la pena en sí tampoco los rehabilita, sobre todo en el caso de las personas que abusan de menores de edad. Ellos tienen un problema psicológico muy grave, que no los hace imputables.
Más allá de ponerlos presos de 20 a 25 años, si no se trata su problema mental, cuando logren la libertad seguirán agrediendo [sexualmente]. En otros países se hace un seguimiento a los agresores sexuales, los tienen ubicados siempre, pero en nuestro caso no ocurre eso. Una vez que cumplen la pena no sabemos su lugar de residencia o si después trabajan, por ejemplo, como profesores de educación inicial.
¿Nuestro sistema judicial y carcelario garantiza que un agresor sexual se resocialice?
No. Cuando la persona cumple la pena [de cárcel] se entiende que está resocializado, pero no se le hace ningún seguimiento y nada nos garantiza que no vuelva a cometer una agresión sexual.
La bancada de Fuerza Popular ha propuesto la pena de muerte para los casos de violación de menores de siete años con muerte posterior. Si se aprueba, ¿tendrá algún efecto?
La pena de muerte no es la solución. Eventualmente, la cadena perpetua, que ya la tenemos. Con la pena de muerte no hay vuelta atrás, pueden ocurrir errores y podemos convertir a determinadas personas en mártires.
En términos estadísticos, ¿cómo está Arequipa respecto a los casos de violación sexual?
En casos de violación sexual en general ocupamos el tercer lugar en el ámbito nacional, después de Lima y Trujillo. En menores de edad, tenemos 204 casos en la fiscalía provincial y 150 casos más en los otros módulos de justicia.
De esta cifra, ¿en qué porcentaje el agresor es del entorno del menor?
En más del 80 %; el profesor, el entrenador, el tío, el padre, el padrastro, el primo e incluso el hermano.
Los psicólogos señalan que lo primero es denunciar. Si la familia no denuncia o no sigue el proceso de sanción, la víctima recibe dos mensajes en el subconsciente: que tuvo la culpa, por eso nadie asume su defensa, o que no vale lo suficiente como para que la defiendan. Por eso lo primero es que la familia le crea y la defienda.
La idea desde el Estado es que no se revictimice, que haya una sola declaración con un profesional [psicólogo] y que sea en cámara Gessel. Tampoco se puede vivir sufriendo por eso. Puede parecer muy duro, pero la vida no se acaba con una agresión sexual. La honra de un niño o una niña no se pierde por haber sido abusado sexualmente. Fue una víctima y está completo en sus derechos, sus capacidades y su valor como ser humano. El que le haya sucedido eso es una situación terrible, pero no la disminuye en nada.
Si los padres creen que no está completa y que no tiene el mismo valor como ser humano, en el fondo se le estaría diciendo que cuando vaya a iniciar una relación de pareja acepte a la primera persona que se le acerque sin hacerle mayores requerimientos. Porque como no está completa ni vale todo lo que debería para exigir en ese nivel tiene que conformarse con lo que venga. Eso es lo que hace que tengamos jóvenes que no pueden completar relaciones sanas, verdaderas y duraderas; porque la familia menosprecia a la víctima y eso no es correcto.