Jesús Delgado Montesinos
Egresado del Departamento de Ingeniería de la Industria y el Ambiente de la Universidad Católica San Pablo
Cada año, el Perú enfrenta el impacto de las lluvias y los huaicos con una sorpresa que parece haberse vuelto tradición. Sin embargo, anticipar los desastres siempre cuesta menos que reconstruir después. Aunque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte sobre cambios en los patrones climáticos, la planificación pública sigue siendo, en muchos casos, reactiva y reducida a trámites formales que no incorporan escenarios futuros.
Urge pasar de la simple corrección de daños a una gestión prospectiva; es decir, actuar con anticipación estratégica para evitar que el futuro nos encuentre, una vez más, improvisando frente a lo inevitable.
Esta falta de previsión no responde a un vacío legal, sino a una implementación pendiente. La Ley Marco sobre Cambio Climático y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) establecen que la adaptación y la gestión prospectiva son mandatos obligatorios en la planificación pública. No obstante, en la práctica, muchas autoridades diseñan proyectos y actividades económicas como si el clima fuera una constante inmutable.
La normativa exige mirar más allá de un balance anual o de un periodo de gobierno. Aun así, solemos actuar como si los marcos legales fueran simples recomendaciones. Hemos avanzado en la redacción de leyes, pero no con la misma firmeza en su cumplimiento.
La ocupación del territorio es un ejemplo evidente de esta contradicción. En Arequipa, por citar un caso crítico, se continúa urbanizando zonas de alto riesgo en distritos como Paucarpata, Miraflores y Mollebaya. Las franjas marginales —terrenos aledaños a quebradas que deberían mantenerse protegidos— hoy albergan desde invasiones hasta edificaciones modernas en sectores como Yanahuara y Cayma.
Mientras el clima se transforma y las quebradas reactivan sus rutas históricas, nuestra forma de construir permanece inalterable. Así, el riesgo se consolida en concreto y ladrillo ante la mirada, muchas veces esquiva, de las autoridades.
A pesar de este panorama, aún existe la capacidad —y la obligación— de cambiar el rumbo. El clima ya cambió; ahora nos corresponde transformarnos mediante ciudades que integren escenarios climáticos reales y un Estado que deje de reaccionar ante la emergencia para comenzar a prevenirla.
Elegir recibir el futuro preparados es una decisión que, aunque postergada, sigue siendo posible. Y es, además, una condición indispensable para la resiliencia del país.
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