Juan Carlos Almonte
Profesor del Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción de la Universidad Católica San Pablo
La principal causa de los numerosos cambios en la obra pública peruana –trabajos adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo– es una verdad incómoda que se esconde al inicio: los proyectos empiezan mal, con expedientes técnicos deficientes, sin planificación colaborativa ni recursos suficientes para garantizar su calidad.
Que se invierta menos del 3 % del costo directo de una obra en la elaboración del expediente técnico es, sencillamente, construir el problema antes de construir la solución: esa es la realidad más preocupante que enfrentamos.
Este problema estructural y crónico genera incertidumbre, sobrecostos y demoras que impactan profundamente la vida de los ciudadanos, quienes ven cómo sus comunidades esperan durante años por servicios públicos básicos.
En la cultura popular peruana, la expresión “adicionales de obra” se ha convertido en sinónimo de mala gestión. Sin embargo, el problema real empieza mucho antes de la ejecución: en la fase de concepción y diseño del proyecto.
La mayoría de los expedientes técnicos son deficientes porque los gobiernos locales y regionales destinan recursos irrisorios a la etapa de estudio, lo que da lugar a expedientes incompletos, sin estudios básicos de topografía, geotecnia, o simplemente mal dimensionados. Esta es la raíz de la deficiencia estructural.
La consecuencia económica es directa: cada sol que no se invierte en una planificación rigurosa puede multiplicarse por diez en sobrecostos durante la ejecución. La ciudadanía tiene derecho a conocer esta realidad y comprender por qué las obras se paralizan o encarecen.
Mi experiencia profesional –de más de 17 años en la construcción– me ha permitido ver en campo los efectos de esta precaria planificación: proyectos con estudios geotécnicos deficientes o estimaciones inadecuadas de costos, falta de constructabilidad, incompatibilidad de planos o supervisiones que recibían planos de proyecto no compatibles al inicio de la obra, una combinación que, inevitablemente, conduce a conflictos futuros.
La solución a este problema endémico requiere un cambio de paradigma. Es necesario asignar más del 4 % del costo directo de la obra a la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo, así como proporcionar recursos a los especialistas para contar con un staff experimentado en la elaboración de esta documentación.
Desde el campo de la ingeniería de proyectos, proponemos la preconstrucción colaborativa, en la que todos los actores (cliente, proyectista, contratista y supervisor) validan el diseño y anticipan los riesgos antes de comenzar la obra.
Para esto, existen herramientas probadas: metodologías ágiles como building information modeling (BIM), virtual design and construction (VDC) y lean construction; construir virtualmente, planificar con anticipación, identificar interferencias, mejorar la constructabilidad y programar con precisión, reduciendo drásticamente los adicionales y ampliaciones.
La analogía más simple para entender este problema es construir una casa sin planos ni estudio de suelo; el resultado inevitable: errores y sobrecostos. De la misma manera, el Estado no debería construir infraestructura sin un expediente técnico sólido.
Es fundamental recordar que los proyectos de infraestructura son, en esencia, instrumentos para el desarrollo humano: a través de escuelas, hospitales y caminos nacen territorios.
Por ello, invertir adecuadamente en el diseño y supervisión es un acto de justicia: cada sol mal invertido es una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de los peruanos. No basta con saber construir; hay que aprender a gestionar la construcción desde su concepción.
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