Rolando Vilca Begazo
Estimado lector, no se sorprenda si uno de estos días es intervenido por un efectivo policial para que le proporcione su teléfono celular a fin de verificar si fue reportado como perdido o robado. Esta acción forma parte de la campaña Celular Robado, Celular Bloqueado, implementada por el Ministerio del Interior con el objetivo de reducir los robos de estos equipos móviles a nivel nacional.
Pero ¿estas intervenciones son legales? El especialista en derecho penal, Federico Álvarez, detalló que un policía solo puede intervenir a un ciudadano cuando hay indicios de flagrancia delictiva. “Fuera de eso, se requiere de un mandato judicial o del consentimiento del ciudadano”. Por lo tanto, no se puede obligar a nadie a entregar su celular.
De similar opinión es el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Gral. (r) Eduardo Pérez Rocha, quien consideró que esta medida sería un exceso de parte de los efectivos del orden. “Un policía no puede requerir a otro ciudadano y pedirle su celular. Eso está prohibido”, declaró a Encuentro.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, a través de su cuenta en Twitter, aclaró que esta acción será reconsiderada debido a que los policías “no deben revisar, solo preguntar si desean saber si es robado. Ya se corrigió el exceso de entusiasmo”, señaló.
Sin embargo, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Arequipa, comandante PNP Javier Arana Palomino, admitió a este quincenario que desde hace diez días, “a la par de identificar a los ciudadanos para saber si tienen alguna requisitoria [a través de su DNI], se les pide que proporcionen su celular para verificar si figura como perdido o robado, según su número de IMEI”.
Además, dijo que esta acción fue dispuesta por su comando nacional para que todo el personal policial incorpore este requerimiento en las intervenciones que realice. No obstante, al recordarle que esta acción podría ser ilegal, Arana reconoció que no pueden obligar a ningún ciudadano a cumplir con este pedido. “Lo único que podemos hacer es conducirlo a una dependencia policial por cuatro horas para que sea identificado y ver si tiene alguna requisitoria”, añadió.
Inseguridad
Pero ¿qué hay detrás de este tipo de campañas? De acuerdo al último informe técnico de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el primer delito que ocurre en el país es el robo de cartera, dinero o celular.
El reporte señala que 14 de cada 100 ciudadanos mayores de 15 años son víctimas de este delito a nivel nacional. En Arequipa, la cifra llega a 18 personas. Entonces, a partir de este indicador se entendería que la campaña contra el robo de celulares no solo buscaría frenar este delito, sino reducir la sensación de inseguridad que cada vez es mayor en nuestro país.
Según el INEI, nueve de cada diez peruanos temen ser víctimas de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad. En Arequipa, esta percepción de inseguridad afecta al 94 % de la población.
Además, entre los principales motivos para que la población perciba que puede ser asaltada en cualquier momento están: el robo de cartera, dinero o celular (80.3 %), robo de su vivienda (74.4 %), amenazas e intimidaciones (41.7 %) y robo de vehículo (36.9 %).
Este temor por sufrir un robo o asalto, según Pérez Rocha, no solo es una percepción, “es una realidad”, ya que diferentes organismos, como el Laboratorio de Criminalidad del Ministerio Público —que procesa las denuncias—, evidencian el incremento de los delitos contra el patrimonio por arma de fuego y robos en las viviendas.
Federico Álvarez también consideró que la delincuencia en nuestro país “avanza de manera peligrosa” y obedece a un tema muy complejo, donde incurren factores económicos, sociales y culturales, que gestan el fenómeno de la criminalidad.
¿Dará resultados?
Ahora bien, una campaña contra la inseguridad, como el caso que analizamos, tendrá o no éxito en función de los resultados que obtenga y aquí —por lo menos hasta el momento y desde que se lanzó su implementación el 9 de mayo pasado— no se observan mayores novedades.
En esa ocasión, el ministro Basombrío dijo que las empresas de telefonía móvil habían enviado un mensaje de texto a 50 mil personas que portaban celulares robados para que los devuelvan en un plazo de 48 horas o, de lo contrario, serían denunciadas por el delito de receptación. Han pasado 22 días y no se conoce la cantidad de ciudadanos que serán procesados por este delito que se sanciona con penas de uno a cuatro años de cárcel.
En el caso de Arequipa, el jefe del Departamento de Investigación Criminal, comandante PNP Javier Arana Palomino, señaló que solo se tienen cinco casos en investigación preliminar, producto de las intervenciones realizadas en los alrededores de los locales donde se comercializan móviles robados.
El problema que se presenta en la práctica, agrega Arana, es que la información para identificar a los propietarios de estos equipos está centralizada por los diferentes operadores en Lima. Esto obligó a enviar los celulares retenidos a la capital para su identificación, y una vez que reciban este reporte recién podrán citar a los propietarios para que expliquen las circunstancias en las que les robaron sus teléfonos móviles.
“Este es un problema real y se podría complicar más con el requerimiento de información que se haga desde las diferentes regiones del país”, agregó. Ahora, si se trata de establecer responsabilidad penal, debemos tomar en cuenta que solo es denunciado el 14 % de robos de cartera, dinero o celular. Por lo tanto, será muy difícil que se encaminen procesos penales por el delito de receptación, si en la gran mayoría de casos no existe una denuncia que permita iniciar la investigación policial.
Por último, como recuerda Eduardo Pérez Rocha, si se trata de evitar el uso de celulares robados, bastaría con que cada operador de telefonía móvil cumpla con la ley aprobada por el Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo, para que, 24 horas después de reportado el robo, se cancele la línea a los portadores de estos equipos.
Sin repercusión
En este contexto, Federico Álvarez estimó que la campaña contra celulares robados, emprendida por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no logrará eliminar el mercado negro de estos equipos móviles y tampoco tendrá un efecto disuasivo para revertir las condiciones de inseguridad en el país.
“Las medidas coyunturales nunca son una buena solución. Aquí hay que diseñar planes serios con gente especializada en política criminal, y mantenerlos en el tiempo para resolver el tema en el largo plazo”, apuntó.
Entre tanto, el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Gral. (r) Eduardo Pérez, fue más crítico y señaló que “esta campaña es mediática y nada más. Solo se la impulsa para levantar la imagen de Basombrío ante la interpelación que se le viene, pero en realidad no soluciona nada”, declaró.
Lo que debería hacerse, dijo, es incrementar el número de policías en las calles. “Esa es la mejor medida disuasiva contra la delincuencia”. Y para ello, propuso sacar a las calles a la mayoría de los 36 mil efectivos que se dedican solo a labores administrativas.
Las complicaciones legales
La campaña contra el robo de celulares también afronta una seria complicación legal. El especialista en derecho penal, Federico Álvarez, sostuvo que no se ha estimado el costo que le demandaría al Estado la implementación de procesos judiciales para cada persona que sea denunciada por el delito de receptación.
Otro problema se presenta con el anuncio del ministro Carlos Basombrío para que aquellas personas que tienen equipos de procedencia dudosa los entreguen a fin de evitar denuncias penales.
Álvarez explicó que si se cometió un delito, lo que corresponde es sancionarlo; y si se trata de revertir sus efectos penales, solo habría dos caminos: una amnistía aprobada por el Congreso o un indulto otorgado después de emitirse la sentencia. Pero ninguna de estas alternativas se puede aplicar en este momento. “La otra forma es la impunidad, que no es admisible en un Estado de derecho”, cuestionó.
El dato
Cuatro denuncias, una de ellas en Arequipa, se registraron por suplantación de policías para robar celulares a transeúntes, con el pretexto de verificar si eran robados.