César Ventura Pizarro
La mayor conflictividad social y el incremento de la victimización por hechos delictivos, motivaron que Arequipa retroceda seis posiciones en el pilar Instituciones del Índice de Competitividad Regional (Incore) 2023, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
En el consolidado final de este ítem, pasamos del puesto 13 al 19, a nivel de las 25 regiones del país. Sin embargo, son más los indicadores de esta categoría en los que Arequipa no anda bien, por ejemplo, en ejecución de la inversión pública y en percepción de la población sobre la gestión pública a nivel regional.
Todos estos aspectos vinculados con las instituciones públicas impiden que Arequipa avance en este ranking, aunque aun así es la cuarta región más competitiva del país, después de Lima, Moquegua y Tacna.
Cuadro
| Indicadores en los que retrocedió Arequipa | Posición 2022 | Posición 2023 |
| Presupuesto público por habitante | 18 | 20 |
| Acceso a telefonía móvil e Internet | 3 | 5 |
| Analfabetismo | 2 | 3 |
| Asistencia escolar | 4 | 11 |
| Brecha de género en ingresos laborales | 21 | 22 |
| Conflictividad social | 6 | 7 |
| Victimización por hechos delictivos | 14 | 19 |
Fuente: Índice de Competitividad Regional 2023, elaborado por el Instituto Peruano de Economía.
Protestas
Si bien Arequipa no está dentro de las regiones más conflictivas del país, el Incore 2023 registró un incremento en el número de conflictos sociales por habitantes, que datarían del año pasado. En 2022, con datos de 2021, el IPE registró 0.13 conflictos por cada 100 mil habitantes, mientras que en este año fueron 0.19.
“En la ciudad, los últimos conflictos sociales surgieron en el cono norte, donde hubo un apoyo mayoritario a movimientos de izquierda, en las últimas elecciones. Allí los dirigentes no están pensando en la región, sino en situaciones políticas”, detalló Pablo Salinas, especialista en Gestión Pública y docente de la Universidad Católica San Pablo.
En efecto, el incremento de la conflictividad social estaría asociado a las protestas ocurridas en la zona sur del país, tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Estos hechos también repercutieron en la economía regional. Salinas destacó la paralización de la inversión pública y privada, en específico del sector construcción, tras estos acontecimientos; así como el descenso de la actividad turística y extractiva.
“Esto impacta en la rentabilidad de las mineras. Además, el canon minero disminuye cuando se reducen las utilidades de estas empresas”, agregó, después de recordar que Cerro Colorado, donde se concentraron las últimas protestas, es un distrito ‘canondependiente’.
Delincuencia
El número de personas que aseguran haber sido víctimas de la delincuencia en Arequipa, también incrementó. En 2022 el Incore registró que el 15 % de arequipeños fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que en esta última edición se reveló que ahora es el 25.1 %.
De hecho, hace pocas semanas, representantes de la Policía Nacional del Perú, confirmaron que en Arequipa la cantidad de delitos denunciados había aumentado de forma considerable, respecto al año pasado.
Al respecto, Salinas criticó los constantes cambios de jefaturas al interior de la Policía Nacional del Perú, que no permiten dar continuidad a políticas de seguridad de largo plazo.
En tanto que, la aparición de nuevas modalidades de criminalidad en la región como extorsiones y chantaje, repercuten en la economía familiar de pequeños comerciantes. “Por ejemplo, los préstamos gota a gota que se enfocan en la población vulnerable que no tiene acceso a crédito formal”, explicó Salinas.
Obras y gestión pública
En el país son 22 las regiones donde se ejecuta mejor que en Arequipa el presupuesto público. También en 22 regiones, la percepción de la gestión pública regional es superior. Es decir, existe un bajo desempeño en las principales instituciones públicas de Arequipa.
Para Pablo Salinas, la baja ejecución de inversión pública, respecto a otras regiones, es un problema actual y estructural, que se remonta a gestiones anteriores del gobierno regional y la municipalidad provincial, en las que se dejaron obras inconclusas.
Desde el aspecto institucional, las últimas autoridades estuvieron inmersas en procesos judiciales que terminaron en sentencias efectivas, mientras ejercían la función pública. Este es el caso del exgobenador Elmer Cáceres y el exalcalde provincial Omar Candia.
Por otro lado, Salinas observó que existe un alto gasto corriente (salarios, mantenimiento, entre otros), que no es destinado para obras de muchas municipalidades. Aquí destaca la contratación de terceros para servicios de asesoramiento y que no se encuentran en planilla. El especialista indicó que, a mayo de este año, en 15 municipalidades de la provincia de Arequipa, se gastaron más de US$ 30 millones en asesorías. “Se han gastado montos importantes que son improductivos, pues no se ven resultados”, afirmó.