Cesar Ventura Pizarro
Desde ahora las tan polémicas adendas que elevan los costos de las obras públicas serán restringidas. Así lo afirma el nuevo reglamento del mecanismo de inversión denominado asociaciones público-privadas (APP). El mismo que habilita a los ministerios, gobiernos regionales y locales a dar en concesión, operación, gerencia o trabajo conjunto las obras estatales a empresas privadas para su ejecución.
De esta manera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca disminuir este patrón de incrementos en los costos de los proyectos. Además de “evitar que las adiciones en los contratos cambien la naturaleza de los proyectos”, como manifestó Álvaro Quijandría, director ejecutivo de ProInversión, al presentar el nuevo reglamento.
Es así que las empresas elegidas para realizar determinados proyectos solo podrán hacer adendas por tres motivos. El primero, cuando se trata de corrección de errores materiales; el segundo, si es que ocurren hechos que no se esperaban al momento de firmar el contrato; y por último, que razones operativas impidan la culminación de los proyectos.
Quizá el cambio más drástico es la prohibición de realizar adendas relativas a la banca, que se refiere a solicitudes de financiamiento bancario que las empresas privadas hacen para concluir la obra. Los empresarios efectúan comúnmente esta modalidad cuando quieren incrementar los costos del proyecto. Ahora este tema deberá ser resuelto antes de la firma del contrato.
Estas restricciones tienen como objetivo evitar las ofertas de empresas privadas que podrían ‘enganchar’ una adenda futura. “Al momento de establecer las bases de los concursos se tiene que establecer mecanismos para la eliminación de ofertas temerarias, esas que cuando se presentan uno puede estar seguro de que habrá una adenda”, afirmó Quijandría.
Roles
Además, los roles de las instituciones interesadas en este tipo de contratos han sido mejor definidos en la nueva norma. Tanto para quienes supervisan el manejo de esta modalidad como para quienes la aplican.
En cuanto a los organismos promotores, el MEF estará a cargo del análisis macro de asuntos de riesgo, cofinanciamiento, garantías, valuación de pasivos, contingentes, entre otros. Por su parte, ProInversión asume la gestión de la APP tratando temas de elección de los proyectos aptos, estructuración, transacciones, contratos y similares. Todas estas funciones hasta el mes pasado no estaban definidas, lo que retrasaba la formulación de los proyectos.
Por otro lado, en cuanto a la parte operativa, los ministerios, gobiernos regionales y locales que ejecuten obras bajo APP serán los encargados de la formulación de los proyectos, así como de la calificación y aprobación de su viabilidad. ProInversión se encargará de la evaluación económico-financiera, los mecanismos de pago y el análisis de posibles riesgos.
En cuanto a los procesos de adquisición, expropiación y liberación de predios, estos corresponderán a las instituciones públicas contratantes; este tema deberá resolverse previamente para declarar la viabilidad de cualquier proyecto.
El dato
ProInversión tiene en cartera proyectos para ser realizados por alianzas público-privadas por más US$ 11 575 millones. Este año tiene ya aseguradas 17 obras por un valor de US$ 4 500 millones.