Octógonos: ¿A quién favorece la ley de alimentación saludable?

César Ventura Pizarro

En los últimos días, se ha observado en redes sociales, paneles publicitarios, supermercados, bodegas y centros de abasto alimentos y bebidas con uno o más sellos octogonales que advierten excesos en su composición nutricional.

Esto, debido a que desde el 17 de junio entró en vigencia la obligatoriedad para que los alimentos industrializados lleven octógonos de advertencia si sobrepasan las cantidades de azúcar, sodio y grasas saturadas que recomienda el Ministerio de Salud.

Pero veamos, esta obligatoriedad que forma parte de la ley de alimentación saludable ¿en cuánto favorece a la salud pública?, ¿cómo afectará a la industria alimentaria y de bebidas en el país? En suma, ¿a quién favorece y a quién no?

“Los grandes de la industria tenderían a estar a favor de una norma como esta porque no les sube los costos como a los pequeños o medianos. Además, detiene la entrada de nuevos competidores”. Oscar Sumar, especialista en regulación.

Salud

Uno de los principales promotores de la ley que dispone esta obligación fue el excongresista Gustavo Rondón Fudinaga. Para él, la finalidad de la norma es preservar la salud de los niños y los adolescentes en el futuro.

“Investigué el crecimiento desmedido de la obesidad y la aparición temprana de diabetes. Vimos que había una relación directa [con los alimentos]”, señaló. A raíz de eso, se propició la inclusión de advertencias en las etiquetas de los alimentos procesados. “Tú no prohíbes, pero adviertes. Hay que advertir a la gente que comer en exceso tal alimento puede deteriorar la salud”, argumentó.

Es que para Rondón, en el país se debe priorizar la salud antes que los temas industriales. El también médico de profesión indicó que ciertos alimentos “deterioran la calidad de vida y conducen a una muerte temprana”.

Explicó la existencia de problemas de artrosis en niños con obesidad; así como diabetes, nefropatía, problemas cardiovasculares y accidentes cerebro-vasculares en jóvenes como los principales efectos por el excesivo consumo de comida ‘chatarra’.

Por otro lado, sostuvo que a largo plazo los efectos de esta ley serán también económicos. “Ahorra costos al Estado, porque todas estas enfermedades se deben tratar y eso eleva los costos hospitalarios del sector salud”, agregó.

“Ese es otro golpe. Generamos empleo, luchamos contra la informalidad, que está en el 70 % en el país […]. Los poderes del Estado están alejados de la población y de la empresa”. César Huayanca, directivo de Industrias San Miguel.

La Industria

César Huayanca, gerente corporativo de auditoría de Industrias San Miguel, sostuvo que en el caso de las bebidas, la industria viene sufriendo con las recientes normas. “A raíz del incremento del impuesto selectivo al consumo, la industria de las gaseosas ha caído en 10 %. Y ahora, tenemos el tema del sello del octógono”, indicó.

Además, cuestionó la regulación de las gaseosas con octógonos para que no se vendan en los colegios. Frente a este escenario, “¿de qué manera se puede esperar que el Gobierno apoye a la industria nacional?”, reclamó.

A esta seguidilla de normas, se le suma la prohibición del uso de plásticos, que también fue aprobada en el Congreso. “Ese es otro golpe. Generamos empleo, luchamos contra la informalidad, que está en el 70 % en el país […]. Los poderes del Estado están alejados de la población y de la empresa”, alegó Huayanca.

Normas

En tanto, Oscar Sumar, especialista en regulación y director de la Organización Regulación Nacional, sugiere que esta norma es negativa y no debió haberse dictado. “No hay motivo alguno para pensar que las empresas dan menos información sobre sus productos que la que es demandada por el mercado”, indicó.

Es decir, en su opinión, los consumidores no requieren de esta información y cuando la requieran, entonces, la oferta del sector industrial responderá de manera natural.

En ese caso, “cuando la demanda de información de la población es una y le das otra, en realidad no le otorgas mayor posibilidad de elección”, advirtió Sumar, pues se estaría forzando una oferta de información que los consumidores no están pidiendo. Esto, pese a la aceptación de esta norma en la mayoría de la población, lo que según el especialista responde a un fenómeno psicológico y social más que económico. “Es consecuencia de una intervención del Estado”, indicó.

Además, para el especialista, con una mayor reflexión, “nos daremos cuenta de la cantidad de costos, problemas y distorsiones de mercado que genera una norma de este tipo”. En ese sentido, dijo que las más perjudicadas no serán las grandes empresas industriales, sino las pequeñas y las que están en crecimiento.

“Los grandes de la industria tenderían a estar a favor de una norma como esta porque no les sube los costos como a los pequeños o medianos. Además, detiene la entrada de nuevos competidores”, indicó el especialista.

Desde una perspectiva general, Sumar insiste en que el país está sobrerregulado y que lo normal para el mercado es que la regulación sea excepcional. “En el país se entiende que lo normal es regular”, criticó.