Gremios empresariales de Arequipa e Islay discrepan sobre ejecución de Tía María

En Islay condicionan inicio de obras a cumplimiento de condiciones económicas y laborales. Entre tanto, Southern Perú aclaró que ya no construirá planta desalinizadora y usará agua de represa para sus operaciones

Tía María producirá 120 mil toneladas de cobre al año.

César Ventura Pizarro

Mientras la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) respalda el inicio de las obras de Tía María, su similar de Islay desconoce la aceptación social de este proyecto minero y condiciona las operaciones al cumplimiento de varios compromisos.

En conferencia de prensa, Rogelio Arcos, presidente de lo que hasta hace unas semanas fue la Cámara de Comercio de Mollendo y ahora es Cámara de Comercio de Islay, exige implementar una mesa de trabajo con representantes de la comunidad, autoridades locales y nacionales, y la empresa Southern Perú.

Para este gremio, el proyecto que demandará una inversión de 1400 millones de dólares y generará en la etapa de construcción unos 9 mil empleos, aún no cuenta con la aceptación social, tal como lo manifestó el presidente de Southern, Óscar González Rocha.

El mismo Arcos, dejó en claro que existen dirigentes en el valle de Tambo que no quisieron ni quieren reunirse para hablar sobre el proyecto y los exhortó a “sentarse a conversar”, antes de realizar paralizaciones y protestas.

Por otro lado, exigió a la empresa minera cuatro condiciones económicas para iniciar sus operaciones: la construcción de la represa de Yanapuquio, ejecución de un proyecto integral de agua y desagüe para toda la provincia de Islay, construir la planta desalinizadora de agua de mar y generar un fondo económico de responsabilidad social para las zonas de influencia.

En cuanto a las condiciones de trabajo, demandó conformar un comité externo de vigilancia y monitoreo ambiental y que el 100 % de la mano de obra no calificada y 50 % de la mano de obra calificada provenga del valle de Tambo.

Opositores al proyecto minero salieron a protestar por las vías del valle de Tambo.

“Minera no es el Estado”

Por su parte la CCIA, que también agrupa empresas que operan en la provincia de Islay, en palabras de su presidente Julio Cáceres, “aplaude” la decisión de la empresa minera por el inicio de obras en Tía María. Es más, ofreció el local de este gremio para que la empresa minera responda a las preocupaciones y observaciones de la población.

Sobre la posición de la Cámara de Comercio de Islay, Broswi Gálvez, gerente general de la CCIA, señaló a Encuentro que la respetan, pero consideran que sus pedidos son extremos.

“Esta [Southern Perú] es una empresa. No hay que confundir la labor del Estado con responsabilidad social. No podemos cargar a la empresa la responsabilidad del Estado”, indicó.

Sobre el número de trabajadores locales que exigen contratarse, Gálvez señaló que lo ideal es que la mayor parte de la mano de obra sea local, pero debe depender de las capacidades que los pobladores tengan y los perfiles que busca la empresa.

Afirmó, además, que no conoce los planes de contingencia de la empresa minera ante un levantamiento social de gran escala. Recordemos que días atrás se realizó una movilización de los agricultores del valle de Tambo, en rechazo al inicio de Tía María y se anunció una paralización de 48 horas para el 18 y 19 de julio.

“Aún no nos reunimos con ellos (Southern Perú)”, dijo Gálvez, y reafirmó la voluntad de su institución de promover la articulación entre diferentes sectores para que el proyecto salga adelante.

EL DATO

La construcción de la nueva represa del Bajo Tambo –que estaría ubicada en territorio de la provincia de Islay–, no retrasaría el cronograma de ejecución del proyecto Tía María, pues esta se construiría en paralelo.

No habrá planta desalinizadora

Todo esto ocurre cuando la empresa de capitales mexicanos anuncia los trabajos de preparación de equipos y personal, previos a la construcción del proyecto que producirá 120 mil toneladas de cobre al año.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, en declaraciones concedidas al diario de economía y negocios Gestión, confirmó el cambio respecto al abastecimiento de agua para la operación minera.

El estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, incluía la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar; sin embargo, González dijo que ya no será así. En su lugar, se construirá una represa con una capacidad de 60 millones de m3 de agua, de los cuales se utilizará 7 millones de m3 para las operaciones mineras y la diferencia (53 millones de m3) será destinada al uso agrícola.

Para ello, deberán modificar el EIA y ya se habrían contactado con el Ministerio de Energía y Minas. Los estudios para la construcción de la represa estarían listos en agosto y las obras demandarían año y medio.

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