Rolando Vilca Begazo
Todo el ruido político que existe en este momento en torno al proyecto Majes Siguas II —luego de que el Congreso de la República dispusiera la conformación de una comisión de investigación— podría provocar su paralización indefinida, según advirtió la gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado.
Días atrás, los congresistas por Arequipa Justiniano Apaza y Horacio Zeballos denunciaron la aprobación de varios incrementos en el costo del proyecto, lo que afectaría su viabilidad financiera. Estas declaraciones, en opinión de la autoridad regional, desinforman a la ciudadanía, porque pretenden “hacer ver cosas que no son”.
Osorio aseguró que después de la actualización de costos aprobada por su antecesor Juan Manuel Guillén y ratificada mediante la Ley n.° 30267 en el 2014, que dejó en US$ 550 millones el valor de este proyecto, no se aprobó ningún incremento más durante su gestión.
No obstante, adelantó que en los últimos años aparecieron “nuevas circunstancias” que ponen en riesgo el riego de las 38 500 hectáreas que serán habilitadas, si es que no se aprueba el cambio tecnológico que solicitó el concesionario Angostura-Siguas SA.
Cambio tecnológico
Las “nuevas circunstancias” a las que se refiere Osorio para justificar el cambio tecnológico del sistema de irrigación es el incremento del caudal ecológico del río Apurímac de 1.14 a 2.4 m³/s (metros cúbicos por segundo) a favor de la provincia de Espinar (Cusco).
Esto, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2014, que además provocaría una pérdida anual de 70 millones de metros cúbicos de agua.
A ello se añaden las pérdidas de agua por evaporación, en caso de mantenerse los canales abiertos y por los futuros efectos del cambio climático.
Por todo ello, la gobernadora regional sostuvo que “el cambio tecnológico estaba justificado”, posición que sería compartida por la supervisora del proyecto, Nippon Koei Co. Ltd, y la consultora contratada por el Gobierno regional, Latin Pacific.
Ahora, el tema a negociar entre el Gobierno regional y el consorcio Angostura-Siguas —conformado por las empresas Cobra (España) y Cosapi (Perú)— es el costo de este cambio tecnológico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adelantó que el límite es US$ 90.67 millones sin IGV, o US$ 107 millones con IGV. El aprobar un monto superior rompería el equilibrio financiero y haría inviable el proyecto.
Salida de Cosapi
Otra exigencia planteada por Yamila Osorio, una vez que se conoció que el Congreso intervendría el proyecto Majes Siguas II, es el retiro de Cosapi del consorcio Angostura-Siguas. En su opinión, al estar involucrado con el “club de la construcción” vinculado a casos de corrupción en la ejecución de obras en el país, no sería sujeto de crédito en el mercado financiero internacional.
De esta forma, se complicaría el acceso a préstamos para financiar los US$ 268 millones, que le corresponde aportar al concesionario. La diferencia (US$ 282 millones) es la parte del Estado peruano.
Osorio agregó que el nuevo plazo para evaluar y aprobar el cambio tecnológico vence a fines de junio —esto, debido a la designación del nuevo gabinete ministerial— y hasta entonces se espera lograr el retiro de Cosapi. “De lo contrario, no tenemos garantía de nada [en cuanto al futuro del proyecto]”, afirmó.
El dato
Para la aprobación del cambio tecnológico se requiere de la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República.
En este momento, el avance físico de las obras en Majes Siguas II corresponde al 16 % del total del proyecto.
A la fecha, ya se desembolsaron US$ 114 millones al concesionario por las obras preliminares y por el 35 % del avance de la primera fase (la construcción de la presa y el túnel de derivación).