Renato Sumaria Del Campo
(Con información de agencias)
La investigación por el caso Cocteles —que compromete a toda la cúpula de Fuerza Popular y que ya envió a Keiko Fujimori a la cárcel por 36 meses— no es el último ni el más importante capítulo de la novela Lava Jato, una trama de megacorrupción en todo el continente, que tiene como protagonistas en el Perú a expresidentes, políticos, funcionarios de todo nivel y empresarios.
Por el momento, el caso avanza entre presiones políticas que buscan tensionar la relación entre los representantes del Ministerio Público y la pugna en el parlamento por aumentar o reducir —según el interés— la lista de recomendaciones de denuncia constitucional que la comisión Lava Jato emitió tras la presentación de su informe final.
Va por García
Aunque parece que toda su atención se encuentra, por el momento, puesta en el caso Cocteles —que involucra a la cúpula de Fuerza Popular y por el que Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva—, el fiscal José Domingo Pérez avanza por otros frentes en la investigación del caso Lava Jato.
Así, el siguiente objetivo del representante del Ministerio Público es sacar el máximo provecho del interrogatorio al expresidente Alan García, previsto para el 15 de noviembre.
Sobre el líder aprista pesa una sospecha por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima, obra ejecutada durante su segundo gobierno.
Para el Ministerio Público, existen motivos suficientes para indagar acerca de un presunto interés de García para que el consorcio Tren Eléctrico, conformado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero, ganara las licitaciones de esta obra.
Por este caso son investigados también el exministro Enrique Cornejo y Oswaldo Plasencia, exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima.
Otra de las pesquisas que se hacen acerca del exmandatario tiene que ver con el financiamiento de su campaña en la segunda vuelta de las elecciones del año 2006. Allí, una investigación periodística del portal Convoca.pe sostiene que la constructora Camargo Correa, subsidiaria de Odebrecht, habría entregado dinero para las actividades proselitistas de García a cambio de ganar obras durante su gobierno.
Comisión Bartra
Dos años de trabajo le ha tomado a la comisión Lava Jato, del Congreso de la república, entregar su informe final. El grupo de trabajo, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, fue desclasificado por el Congreso y, al cierre de esta nota, se encuentra en debate en el pleno.
El informe recomienda, entre otras cosas, denunciar constitucionalmente a dos expresidentes y a más de una veintena de personas naturales, entre funcionarios y empresarios.
Toledo
El expresidente Alejandro Toledo, hoy prófugo en Estados Unidos, es señalado por la comisión Lava Jato como presunto autor de los delitos de colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y lavado de activos. La gravedad de las imputaciones se debe a su participación en la negociación con la empresa Odebrecht del contrato del proyecto IIRSA Sur (tramos 2, 3 y 4), más conocido como carretera Interoceánica.
El grupo parlamentario refiere que el costo de esta vía se incrementó de 810 millones a 3163 millones de dólares, según los desembolsos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 2017.
Igualmente, por colusión en calidad de cómplices y por lavado de activos, el grupo de trabajo recomienda demandar a Jorge Barata (Odebrecht); Marcos de Moura (Camargo y Correa); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña y Gonzalo Ferraro (Graña y Montero), entre otros.
A Toledo se le acusa, además, de haber gestionado y recibido, a través de su ex amigo, el empresario Josef Maiman, un presunto soborno de 20 millones de dólares proveniente de la empresa Odebrecht. En el pago del soborno, la empresa brasileña se habría coludido con sus pares Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.
Humala
La comisión Lava Jato recomendó también denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala y a los exministros de Vivienda René Cornejo y Milton von Hesse por presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Convenciones de Lima. Esta obra estaba presupuestada en 524 716 875.38 soles y luego registró un incremento de 14 410 702.50 soles.
El grupo encontró responsables a Humala, Cornejo y Von Hesse de los presuntos delitos de colusión agravada, como omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales. También recomienda denunciar a otros nueve funcionarios del gobierno humalista.
Otro de los casos investigados en el quinquenio humalista es el del hospital Antonio Lorena, en el Cusco. Allí, el informe de Bartra presume el soborno por 4.7 millones de soles de la empresa OAS al ex gobernador regional Jorge Acurio. Ese dinero, según señala el documento, habría sido solicitado por la ex primera dama Nadine Heredia y cobrado por su amiga Rocío Calderón Vinatea. Ambas podrían ser denunciadas por el presunto delito de lavado de activos.
Asimismo, exhortó al Ministerio Público a acusar a los ex gobernadores regionales del Cusco Jorge Acurio y René Concha por el delito de colusión, al permitir que la obra pase de un costo de 197 millones a 210 millones de soles, con diferentes ampliaciones que generaron un perjuicio económico al Estado.
PPK
La comisión Lava Jato también halló presuntos delitos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en su condición de ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, en el caso del proyecto de irrigación Olmos. En esta parte del informe también fue incluido Ollanta Humala.
Bartra precisó que en el caso de PPK hay una sospecha de delito de lavado de activos. La investigación detectó la participación de funcionarios a favor de la concesionaria Trasvase Olmos, de la que era parte la empresa brasileña Odebrecht.
Según la investigación, Westfield Capital, empresa de Kuczynski, asesoró junto con el Banco de Crédito del Perú (BCP) al referido concesionario, y lograron un pago de 1 062 000 dólares cada uno.
Por otro lado, el informe final recomienda una denuncia constitucional contra el expresidente Ollanta Humala por el delito de negociación compatible (artículo 399 del Código Penal), al participar presuntamente en la transferencia de dinero a favor de la empresa H2Olmos.