Fernando Mendoza Banda
Abogado, especialista en gobiernos locales y municipales
En el ideario de la región, por lo menos, en materia de seguridad, Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, resulta ser algo así como el alter ego, que denota confianza casi infalible en materia de seguridad ciudadana, y al que los países, incluido el nuestro, deberían de imitar.
La realidad de nuestro país no se aleja de la de cualquier otro de la región en cuanto a la inseguridad, con la cual nos vemos obligados a convivir diariamente y sin que ninguna autoridad haga nada de manera efectiva. Hemos llegado al extremo de recibir de la misma autoridad policial, la recomendación de no salir con dinero en efectivo y salir sin alhajas u otros objetos de valor; es decir, el Estado no garantiza la seguridad de ningún ciudadano.
Estamos lejos de ese Estado de derecho que garantiza valores fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad; pues cada día, cada minuto, somos agredidos, asesinados y privados de nuestras pertenencias. Nuestros gobernantes, desde la presidente, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y policías están investidos de autoridad para ejercer poder dentro de la ley, a fin de garantizar a los ciudadanos los valores de libertad y propiedad, pero ¿lo hacen?
Ante esta triste realidad, ¿qué hacer? ¿Ser Bukele o no ser Bukele? Si la delincuencia es un mal que comprende a todas las sociedades, cada una debe encontrar su propio remedio. En nuestro caso, en primer lugar, parece que el sistema penal está diseñado para proteger al que daña y no a la víctima. Por ejemplo, si somos objeto de un latrocinio, si fue con astucia, es hurto y la pena es leve; si fue con violencia, entonces se llama robo y es más grave la sanción. Es decir, al delincuente se le premia por la astucia al momento de privar a su víctima de su propiedad. Esto debería cambiar. El robo es robo y como tal, tiene que ser sancionado.
A estas alturas, no cabe duda de que unificar la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), la Guardia Civil y la Guardia Republicana, fue un error; se desconoció un principio a todas luces evidente y necesario, el de la especialidad.
Hoy, más que nunca, se necesita un área de la policía con una alta especialización, y ojo, no se requiere que los policías, llamados de armas, tengan esa especialización, basta con implementar, repotenciar o hacer más atractiva la asimilación de jóvenes profesionales como: médicos, psiquiatras, psicólogos, ingenieros, arqueólogos, etc., para que luego de una breve formación en el uso de armas de fuego y quehaceres policiales integren un cuerpo de élite, inteligencia e investigación científica; claro está, con la implementación de la infraestructura necesaria y medios suficientes.
También es cierto que la policía debe ser empoderada. El respeto, y por qué no, temor reverencial a la autoridad es necesario. En un momento la pena por desobediencia a la autoridad se incrementó, pero bastó que a una señora, luego de agredir a un policía en el aeropuerto de Lima, se le aplicara la ley para que sea modificada y, nuevamente, la figura del policía sea menoscabada.
Cambio de imagen
La policía necesita un cambio de imagen, desde el uniforme, ese verde oscuro horrible, debe desaparecer, por otro más vistoso y elegante, de acuerdo con los climas tan diversos del país. Si se han dado cuenta, casi en todas las comisarías hay una losa deportiva y esta debería convertirse en gimnasio o polígono de tiro para el entrenamiento del personal policial.
Por otro lado, hace años se dio la ley y reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), que tienen alcance nacional, regional y municipal; pero de poco o nada ha servido, pues la inseguridad va en aumento.
Por este sistema y conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, el Ministerio del Interior debería dar el decreto supremo y disponer la “homologación” para uniformizar de manera obligatoria las características de los vehículos, cámaras de videovigilancia, radios de comunicación, armas letales y no letales, que la policía, gobiernos regionales y municipalidades vayan a adquirir.
Por ejemplo, en Chile los patrulleros son Dodge Charger, claro que son de seis cilindros, y el vecino del sur tiene problemas por el consumo de combustible; pero la idea es tener patrullas y motocicletas que puedan perseguir, de forma eficiente, a los delincuentes; además de contar con un sistema de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y biométrico integrado.
Ya es tiempo de que la policía deje la tarea administrativa de control del tránsito. Contra la errada creencia de algunos, la facultad de imponer multas por infracciones de tránsito no es de la PNP, es de las municipalidades provinciales, así lo dispone el Reglamento de Tránsito o también llamado Código de Tránsito.
La PNP lo único que hace es levantar la papeleta, con lo que se inicia el procedimiento sancionador. Además, ¿sabían que se puede identificar infracciones a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos (sí, semáforos inteligentes con cámaras, por ejemplo)? Una tercera forma de detección de infracciones es por denuncias ciudadanas (sí, usted podría denunciar ante la municipalidad una infracción, basta con presentar un prueba fílmica, fotográfica u otro medio similar que evidencie la falta cometida y la placa del vehículo). Una más, según el reglamento, la sanción por estacionar en zona rígida es la multa, no es el internamiento del vehículo en el depósito, esta es una medida complementaria, que en nada impide la aplicación de la multa.
Finalmente, la Ley del Servicio de Serenazgo permite, a solicitud de la PNP, que los serenos brinden apoyo subsidiario en el control del tránsito vehicular.
Como se advierte en este relato, corresponde a las autoridades ejercer apropiadamente el poder dentro del marco de la ley. Es cierto que se necesitan algunas otras normas, pero no se necesita ser Bukele para resolver el problema de inseguridad en el país, basta con ejercer el poder que como autoridad se tiene.