Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
En 1990, nadie le prestaba dinero al Perú, sólo con la Constitución de 1993 retornaron los capitales al país, cuando se logró consolidar la certidumbre de que no se expropiarían empresas y se respetarían las reglas de juego.
Así fue por casi tres décadas y en el primer decenio del siglo XXI, fuimos la envidia de Latinoamérica por los números sin precedentes en la región, en cuanto a crecimiento económico y reducción de la pobreza. Pensamos que podíamos sostenernos en esa tabla de surf, pero el capital se empezó a ir con la elección presidencial de Pedro Castillo; prácticamente en 2021 todo el que pudo sacó su dinero del país y paulatinamente lo han seguido haciendo.
Pero ante la crisis, el Congreso no se da por aludido. En lugar de asumir su responsabilidad y tomar decisiones que pudieran ayudar a jalonar el crecimiento económico, el Parlamento ha tomado medidas para desincentivar el ahorro privado por un lado (retiro del 25 % de los fondos de las AFP y el 100 % de las CTS) y propiciar la indisciplina fiscal por el otro. Con estas acciones el déficit aumentó del 2 % al 2.5 %, en un momento en que la recaudación de impuestos está de capa caída.
El populismo y el cortoplacismo congresal, sumados a la incapacidad del gobierno de Dina Boluarte, han llevado a que S&P, una de las principales calificadoras de riesgo, le rebajara la nota al país. Esta situación encarecería la deuda que el Perú podría contraer en un futuro y propicia, además, que los inversionistas sean más cautelosos a la hora de traer su dinero.
Es necesario corregir el rumbo de las finanzas públicas ahora, antes de que se siga deteriorando, sin inversión será más difícil generar oportunidades laborales y desarrollo en infraestructuras que tanta falta hace.