Erick Gómez Nieto
Profesor del Departamento de Computación de la Universidad Católica San Pablo
Todos los días recibimos información que da cuenta de hechos delictivos de diversa índole en todas las regiones del país. Si bien las entidades gubernamentales encargadas de proteger a la ciudadanía implementan múltiples iniciativas para abordar este desafío —como la mejora de la calidad de la información, la ampliación de la red de vigilancia a través de cámaras y drones, y la formulación de nuevas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana—, aún no se evidencia un cambio tangible al respecto.
Como profesor de computación con experiencia en estos sistemas, observo que persisten tres problemáticas fundamentales que dificultan avances significativos: la falta de interoperabilidad tecnológica entre municipalidades, la insuficiencia en la calidad y volumen de los datos policiales y de serenazgo, y la omisión de denuncias por parte de la ciudadanía.
Muchas de las estrategias implementadas están vinculadas al uso de información y tecnologías emergentes. Sin embargo, en primer lugar, no existe un plan maestro a largo plazo que facilite la interacción entre municipalidades, especialmente en lo que respecta a la tecnología utilizada en las cámaras de vigilancia.
Esta falta de interoperabilidad implica que, cuando un hecho delictivo sobrepasa los límites de una jurisdicción, no es posible notificar de forma automatizada al sistema de seguridad correspondiente de la municipalidad vecina. Esta desconexión limita la capacidad de reacción y reduce la efectividad de los sistemas de vigilancia.
En segundo término, el volumen y la calidad de la información almacenada por la policía y el serenazgo continúa siendo insuficiente. La ausencia de bases de datos robustas y actualizadas impide analizar y anticipar hechos delictivos, así como diseñar estrategias preventivas.
Además, la falta de un proceso de verificación que garantice la precisión de información relevante —como ubicación, fecha y hora, entre otros detalles cruciales — reduce de forma significativa la utilidad de esas fuentes. Si se emplean datos escasos o de mala calidad, los resultados de cualquier modelo predictivo serán poco confiables, lo que conlleva decisiones ineficaces.
Finalmente, es necesario mencionar el papel de la ciudadanía en la captura y registro de datos. En la práctica, ante delitos calificados como “menores”, la mayoría de ciudadanos opta por no denunciar, ya sea por la carga burocrática, la desconfianza en la autoridad policial o simplemente por desinterés. No obstante, la omisión de estas denuncias tiene un impacto negativo y significativo, ya que sin el registro de tales incidencias resulta imposible que las entidades responsables de la seguridad realicen una planificación efectiva.
Esta situación exige una reflexión tanto de las instituciones estatales vinculadas a la seguridad como de la propia ciudadanía. Solo a través de la participación activa y el compromiso de ambas partes será posible revertir esta realidad y avanzar hacia una mejora sustancial de la calidad de vida de todos.