María Justiniani Romero
Profesora del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo
Perú es, desde hace siglos, un país minero. Una afirmación que suele repetirse con orgullo, pero que hoy carga una sombra incómoda: ¿podemos seguir sosteniendo esa idea mientras la minería ilegal avanza, la informalidad se expande y el desarrollo nacional se diluye? Aunque parece un “problema de siempre”, la historia reciente muestra que su origen es más concreto: en 2012 se inició el proceso de formalización minera y, en 2016, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Lo que nació como una herramienta para ordenar la minería artesanal y de pequeña escala terminó convirtiéndose en un laberinto burocrático que no formaliza, no controla ni protege.
La Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) se presenta como la gran esperanza para revertir esta situación. Sin embargo, lejos de ser una solución estructural, corre el riesgo de convertirse en otra promesa inconclusa. Hasta ahora, ninguna propuesta ha logrado articular los intereses de todos los actores involucrados ni garantizar sostenibilidad ambiental, estabilidad social o desarrollo nacional. Al contrario, el proceso de formalización parece haber mutado en un mecanismo que protege actividades informales, cuyos límites se confunden frecuentemente con la ilegalidad.
Esta distorsión no solo perjudica al Estado: está fragmentando al propio sector. Se ha instalado una clara división entre los mineros en vías de formalización (MAPE) y los titulares de la gran y mediana minería, quienes deben cumplir exigencias legales estrictas para operar. Los discursos de ambos grupos exponen una brecha creciente, con el riesgo real de una fractura interna: mineros formales enfrentados a mineros informales, cada uno defendiendo sus derechos, sus espacios y manifestando sus temores.
Expertos como Carlos Gallardo, del Instituto Peruano de Economía, advierten que experiencias similares en Latinoamérica han fracasado precisamente por la ausencia de políticas integrales. El Perú no es la excepción: las constantes prórrogas del proceso, sumadas a la reciente exclusión de más de 50 000 registros del Reinfo, anunciada por el Ministerio de Energía y Minas, evidencian la urgencia de repensar todo el modelo.
Pese a este panorama, existen esfuerzos dignos de mención. La Mesa Técnica de Formalización Minera —grupo multisectorial creado por el Estado— logró, recientemente, unanimidad en 11 puntos clave que incluyen trazabilidad en tiempo real, incentivos fiscales, creación de áreas especiales para minería artesanal, control de insumos tóxicos, interoperabilidad de datos y mayor fiscalización. Elementos que podrían convertirse en la base de una nueva Ley MAPE moderna y operativa, capaz de orientar las próximas décadas del sector.
Cabe señalar, sin embargo, que este consenso alcanzado no garantiza necesariamente su implementación. La gran pregunta sigue abierta: ¿lograrán estas propuestas traducirse en una ley efectiva, o quedarán atrapadas en el mismo ciclo de promesas que ha marcado los últimos veinte años? Víctor Gobitz, expresidente de la SNMPE, recuerda un dato alarmante: tras la ampliación del Reinfo, solo el 4 % de los 50 000 mineros excluidos solicitó reingresar. ¿Desinterés ¿Desconfianza? ¿Fatiga ante un proceso que nunca llega a puerto? Sea cual sea la respuesta, evidencia que la formalización no cumple con su propósito de beneficiar a quienes debería.
Por ello, la Ley MAPE, incluso siendo la única salida integral disponible, no bastará si no se acompaña de una verdadera fiscalización, contratos sólidos con concesionarios formales y apoyo técnico efectivo. Una ley que no toque el corazón del problema, que no atienda al 96 % de los 50 000 mineros excluidos del proceso en 2025, será solo otra señal de que seguimos abordando la informalidad con discursos y no con compromisos reales. Peor aún, la creciente penetración de la minería ilegal en ámbitos que deberían estar en vías de formalización, incluyendo áreas donde opera la minería formal, hace sonar las alarmas a nivel nacional.
Si el Estado continúa atrapado en mesas de diálogo sin tomar decisiones vinculantes, la crisis se agravará. Las tensiones entre gremios de la MAPE, como Confemin, ya afectan la sostenibilidad política del proceso y ponen en riesgo cualquier propuesta seria para enfrentar la informalidad. Lo que está en juego no es solo el ordenamiento del sector minero, sino la estabilidad social y ambiental del país.