Carlos Gómez de la Torre Rivera
Profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo
El Perú no es precisamente un modelo de política basada en la integridad. Resulta lamentable que casi todos los últimos presidentes hayan terminado siendo investigados, procesados o encarcelados por corrupción. Vivimos un nuevo proceso electoral y las propuestas son las mismas: “la lucha contra la corrupción”. Sin embargo, vemos que todo sigue siendo más de lo mismo, lo que nos lleva a considerar que se trata de un problema estructural.
Ollanta Humala y Nadine Heredia, la llamada pareja presidencial, propusieron un proyecto político reformista y terminaron comprometidos en procesos por financiamientos ilícitos. Pero no fueron la excepción, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra, Dina Boluarte y José Jerí también han estado vinculados a actos de corrupción, pese a haber prometido transparencia e integridad. Esto no hace más que evidenciar que no bastan las promesas de lucha contra la corrupción; se necesitan instituciones sólidas que viabilicen estas acciones.
Venimos conviviendo con una dolorosa paradoja: la promesa recurrente de combatir la corrupción y la reiterada constatación de que esta se ha enquistado en las más altas esferas del poder.
En ese contexto, preguntémonos ¿qué peso debe tener la lucha anticorrupción en los planes de gobierno de quienes ahora aspiran a la presidencia? Es indudable que debe ser un eje central y, además, transversal a todas las políticas públicas, no solo un componente meramente declarativo o accesorio. No puede ser simplemente el título de un capítulo más dentro del programa de gobierno.
Sin instituciones íntegras, las políticas se distorsionan, los recursos se desvían y los ciudadanos pierden la confianza. La corrupción no solo roba los recursos económicos: roba las oportunidades, profundiza las desigualdades y debilita el pacto democrático. Es tarea de todos los ciudadanos elegir a quienes propongan planes de gobierno con estrategias anticorrupción claramente diseñadas, que sean controlables, medibles y sostenibles en el tiempo.
Son abundantes los discursos políticos sobre anticorrupción. Ahora se requiere conocer cómo se implementarán los sistemas de control y fiscalización, tanto internos como externos, así como la profesionalización del servicio civil y la transparencia en la gestión pública. También se deben detallar las acciones de prevención como política central y transversal en todo el aparato estatal, así como garantizar que tales políticas tengan continuidad en el tiempo.
Es necesario revisar que estos programas contemplen el fortalecimiento de los sistemas y órganos de control y fiscalización, dotados de autonomía real y de recursos suficientes, sin dependencia funcional. De igual forma, se debe promover la meritocracia para el acceso a los cargos públicos, evitar su captura política e implementar evaluaciones permanentes, auditorías e incentivos al buen desempeño.
Debemos, además, valorar en los candidatos no solo sus antecedentes académicos, técnicos y profesionales, sino especialmente los éticos y morales, evaluando la coherencia de su trayectoria a partir de conductas públicas verificables y la ausencia de actos que los vinculen con prácticas corruptas.
La corrupción no solo es un problema legal, es también un problema político; por lo tanto, requiere decisiones políticas coherentes y sostenibles en el tiempo. Como sociedad, no solo debemos esperar que estas políticas figuren en los planes de gobierno, sino también exigir su implementación y cumplimiento.