Fernando Mendoza Banda
Abogado y docente UCSP
¿Es acaso el Perú un país imposible? Las acciones recientes del presidente Martín Vizcarra y el gobernador regional Elmer Cáceres parecen responder que sí.
La inacción de uno y la prepotencia del otro impiden y limitan el libre tránsito de los ciudadanos por las calles y las carreteras de Arequipa, y todo por la herencia de Tía María.
El jefe de Estado llegó a Arequipa, se reunió con los gobernadores del sur y otros representantes de la sociedad civil con el supuesto objetivo de resolver el conflicto en el valle de Tambo. Pero la realidad no encajó con las expectativas generadas, ya que no se puede anular de la noche a la mañana una resolución de licencia de construcción para una mina. El presidente lo sabía. Entonces, ¿a qué vino? Eso lo saben aquellos que estuvieron en la biblioteca Mario Vargas Llosa.
La ahora famosa Resolución n.° 328-2019-MINEM-DGM/V deja mucho que desear considerando la dimensión de la inversión involucrada. Su motivación se remite al informe n.° 183-2019-MINEM-GDM-DTM/PB, que opina a favor de autorizar la construcción, pero también se impone el cumplimiento de recomendaciones. La verdad es que si vamos a las normas propias de minería se advertirá que no son procedimientos fáciles y este espacio queda corto para explicarlos.
Del otro lado, el gobernador de Arequipa, en un acto más histriónico que legal, anuló la Resolución Gerencial General Regional, dada por la anterior gestión en julio de 2018, por la que se aprobó “la constitución del derecho de servidumbre de uso a título oneroso por veintiún años a la empresa Southern Perú”.
Digo más histriónico que legal pues si bien la autoridad tiene la facultad de anular sus propios actos, hay procedimientos y plazos que se deben respetar, de lo contrario, se incurre en abuso de poder. Es aquí donde ya no se entiende nada: si Cáceres Llica acusa a la empresa minera de ser abusiva, ¿cómo es que él puede responder con un acto que podría constituir abuso de poder? Esto es lo peligroso. Hoy es la empresa, mañana puede ser cada uno de nosotros.
Es precisamente con el tema del abuso con el que cierro este artículo. La protesta es un derecho que no puede perjudicar a otros, pues tal actuar solo pone de manifiesto la falta de consecuencia. Si el manifestante siente que la empresa o el Gobierno abusan, no permitir que otros se movilicen libremente es lo mismo: un abuso de poder.
Si la autorización de construcción tiene defectos, deberá ser anulada por los canales de la legalidad y el Estado de derecho. Si el gobernador no respetó el debido proceso, deberá responder ante los tribunales, como muestra de respeto a la ley y como ejercicio pedagógico para la población. Del mismo modo, la ley deberá ser aplicada también sobre aquellos que impiden el libre tránsito de las personas.
Y volviendo a la pregunta inicial: ¿es acaso el Perú un país imposible? Que cada uno dé su respuesta personal con sus acciones.
Si Cáceres Llica acusa a la empresa minera de ser abusiva, ¿cómo es que él puede responder con un acto que podría constituir abuso de poder? Esto es lo peligroso.
Si la autorización de construcción tiene defectos, deberá ser anulada por los canales de la legalidad y el Estado de derecho. Si el gobernador no respetó el debido proceso, deberá responder ante los tribunales, como muestra de respeto a la ley y como ejercicio pedagógico para la población.