Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo
La principal noticia la semana que pasó la proporcionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con su informe sobre las muertes acontecidas durante las protestas violentas que se desataron tres días después del frustrado golpe de Estado que realizó Pedro Castillo, el 7 de diciembre pasado.
A partir de su publicación, comenzó una agria discusión en la opinión pública sobre su contenido. Insultos van y vienen, descalificaciones, pero lo cierto es que ya se podía conocer cómo sería su contenido si se revisaba lo que la CIDH había dicho sobre las protestas ocurridas en Chile en 2019 y Colombia en 2021, el que esperaba algo distinto desconocía la tradición.
¿Es necesario esclarecer los hechos de las muertes de los manifestantes? Es necesario. Deben aclararse las circunstancias y a la vez se debe brindar justicia a los familiares. Para evitar un escenario así, se requiere profesionalizar más a la Policía y para ello debemos reformarla para que haya equipos especializados, que se brinde certidumbre sobre el uso de protocolos más estrictos para la salvaguardia de la integridad de los civiles en operaciones de orden público y al mismo tiempo, a diferencia de lo que ocurrió en Chile y Colombia, es necesario también un Ministerio Público que sea capaz de judicializar a los violentos.
Lo que poco se ha comentado es que el informe de la CIDH echa por tierra la narrativa de los gobiernos de Colombia y de México, que hasta ahora siguen diciendo que “el tal golpe de Pedro Castillo no existe”, e incluso certificó en el informe que, en su detención, Pedro Castillo cuenta con condiciones dignas de reclusión, con ello también se le pone un coto a su victimismo.