Carlos Timaná Kure
Analista político
La relación entre el Legislativo y el Ejecutivo es, en los sistemas presidencialistas, uno de los temas de análisis más interesantes desde la ciencia política.
A excepción de Canadá y algunos países de las Antillas, el continente americano cuenta con sistemas presidencialistas y esto, si bien ayuda a mantener cierta regularidad en la forma de gobierno, no quiere decir que no existan diferentes escenarios de conflicto entre gobiernos y parlamentos.
EE. UU. es un caso interesante. La cooperación bipartidista entre demócratas y republicanos en temas estratégicos fue más o menos fuerte hasta el primer gobierno de George W. Bush. A partir del segundo mandato, la crispación entre ambas fuerzas ha aumentado. La última escaramuza ocurrió el 7 de abril pasado cuando, para la elección del juez Neil Gorsuch en la Corte Suprema de Justicia, el partido Republicano en el Senado tuvo que cambiar la mayoría calificada —60 votos— a una mayoría simple, para definir la elección de quien sucedería a Antonin Scalia tras su deceso en febrero pasado.
En el caso colombiano, salvo los dos primeros años del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el presidente electo —independientemente de su color político— siempre se las ingenió para alcanzar mayorías parlamentarias. Para lograr las coaliciones, los presidentes de turno se valieron de la burocracia, la contratación pública y lo que antes se llamaban los auxilios parlamentarios y que hoy se denominan genéricamente ‘mermelada’; con ello se logra que el Congreso no ejerza algún tipo de control político.
En nuestro país, ya próximos a cumplir un año de la era PPK, podríamos afirmar que nos encontramos en un punto medio entre los dos escenarios antes expuestos: ni tenemos una situación de oposición obstruccionista ni tenemos un Congreso regalado al Ejecutivo.
La compleja cohabitación ha permitido que el Ejecutivo gobierne, pero sin sentirse a sus anchas; ha tenido que dar la cara en el tema de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Al mismo tiempo, los ministros saben que tienen que hilar fino en sus despachos; como ordenadores del gasto en sus sectores, saben que tienen que justificar su accionar.
Siempre están bajo la lupa, no solo de Fuerza Popular, sino también de los grupos minoritarios como Acción Popular, que asimismo han mostrado firmeza como en el caso de la interpelación a Martín Vizcarra.
Tal vez la mayor lección de este año ha sido la relación inversamente proporcional entre gobernabilidad y control político del Ejecutivo y el Legislativo, pero que a todas luces —con más acuerdos sobre lo fundamental y menos titulares incendiarios— podría romperse; pero hasta ahora, en la dialéctica hegeliana, la que ha salido más vapuleada es la tentativa de corrupción.