Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
La mayor parte de Arequipa vivió en los últimos días una pequeña crisis por la falta del suministro de agua potable durante varios días. Si bien hubo anuncios previos por parte de Sedapar para que la población se preparara, lo cierto es que era muy difícil acumular el recurso para tres días, y ya para el pasado miércoles la situación comenzaba a ser bastante crítica.
El fondo de la cuestión radica en lo compartimentarizada que se encuentra la administración del recurso hídrico, no sólo en la cuenca del río Chili, sino en las cuencas del país en general. Dependiendo de los usos entra una dependencia, cuando debería lograrse una gestión integral, que incluso pueda evitar el deterioro del nacimiento de los afluentes. Recomiendo, en este sentido, algunos estudios que ha realizado la investigadora Betty Chatata de la ONG AEDES, sobre la situación de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, que debería atenderse.
Pero si bien el corte del servicio pudo ser más largo, no fue así y de ello se puede sacar dos lecciones, en primer lugar, la presión de la ciudadanía y los medios de comunicación fue fundamental para que se atendiera el problema público y las autoridades tuvieron que dar la cara y ofrecer resultados. Por otro lado, fuimos testigos del desarrollo y materialización del principio de subsidiariedad que contempla nuestra Constitución Política, por medio del cual los alcaldes distritales y el gobierno regional sacaron sus carros cisterna y distribuyeron agua entre las comunidades.
Queda pendiente implementar una institucionalidad que administre la cuenca de los ríos de forma integral, para que crisis como las de esta semana no se repitan. La experiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales en Colombia podría iluminar esta reflexión.