Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
El control del Ministerio Público se ha convertido en la joya de la corona para los bandos que se disputan el poder en el país, dejando un nuevo capítulo con la suspensión de seis meses de Patricia Benavides como fiscal de la nación por parte de la Junta Nacional de Justicia.
Cuando las élites de un país se interesan por salvaguardar la democracia hacen concesiones y viran al centro, pero en nuestro contexto, ninguno está dispuesto a ceder y eso agrava la crisis política que ya nos deja con una vulnerabilidad económica no vista en décadas, una recesión con pérdida de empleo, siendo el empleo de calidad la única solución certera para sacar a la gente de la pobreza de forma sostenible.
El ciudadano común quiere que le dejen trabajar, que le permitan llevar el pan a la casa y que sus hijos puedan tener futuro en el país. Ya no estamos para la parafernalia del fujimorismo que llevó a vacar a PPK, ni para que los caviares nos construyan héroes con pies de barro como Martín Vizcarra, cuya lucha contra la corrupción terminó con los contratos de las vacunas y de las tablets.
Volver a la judicialización de los enemigos políticos, en lugar de ponernos a hablar y llegar a acuerdos mínimos sobre lo fundamental, hace que el país se desmorone y no es una solución. Ninguna de las facciones políticas es lo suficientemente fuerte para establecer su hegemonía en todo el Estado y ello parece más un delirio que una solución, que ya nos dejó hace un año ad portas de perder la democracia, cuya defensa nos debería unir más de lo que lo ha hecho hasta ahora.