Rolando Vilca Begazo
El gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, reconoció que de no firmarse la adenda 13 del contrato de concesión de Majes Siguas II, no solo este proyecto seguirá paralizado, sino que la empresa a cargo de la construcción solicitará un arbitraje internacional lo cual sería más perjudicial para el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
“La llave de reinicio de Majes II es la adenda 13. Si no se firma esta adenda, la empresa concesionaria nos llevará a un arbitraje y eso tomará un juicio de cuatro años”, reconoció.
De esta forma la autoridad regional, tal como lo adelantó Encuentro —hace dos días—, aceptó que cualquier salida para reiniciar las obras suspendidas desde diciembre del 2017, incluyen la aprobación de una nueva modificación al contrato de concesión suscrito con la empresa española Cobra por un costo de US$ 104 millones.
Es más, de acuerdo a las proyecciones del GRA aún si se ganase el arbitraje a la concesionaria el costo que se tendría que asumir es de US$ 345 millones y en un escenario negativo las pérdidas llegarían a US$ 1 173 millones.
“Me equivoque al rechazar la adenda 13. No hay otra salida, pero ahora tiene otras condiciones”.
Elmer Cáceres Llica, gobernador regional.
El asesor legal del Gobierno regional, Augusto Palaco, explicó que la concesionaria recurriría a un arbitraje internacional, debido a que la propuesta de adenda generó acuerdos para su evaluación que fueron suscritos por la gestión de Yamila Osorio. “Y estos acuerdos se fueron prolongando en el tiempo, lo cual podría provocar que se interprete como un nivel de aceptación. Eso se deberá discutir en el arbitraje”, agregó.
Palaco precisó, que la gestión actual realizó una revisión técnica, financiera y legal de la propuesta original de la adenda 13 y lograron “una importante modificación”, para ampliar la cantidad de puntos de acceso para agua (de 98 a 200), así como incorporar el abastecimiento hídrico de la nueva ciudad que se creará y otros cuatro centros agroindustriales en las pampas de Siguas, entre otros temas.
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Augusto Palaco también aclaró que, si se resuelve el actual contrato de concesión de Majes II, como consecuencia del arbitraje y después de pagar la indemnización económica a Cobra, se necesitarían por lo menos 10 años para realizar una nueva convocatoria, seleccionar un nuevo concedente y ejecutar el proyecto.
Por ello, insistió también en analizar el “costo de oportunidad” que significa destrabar el proyecto en el corto plazo y más aún en el escenario actual de crisis económica.
Se estima que por cada año de retraso de Majes II, se deja de percibir más de 900 millones en el producto bruto interno (PBI) de Arequipa, se retrasa el pago de impuesto a la renta y otros tributos por US$ 79 millones, y se posterga la generación de unos 145 mil empleos.
IMPORTANTE
Entre el lunes y martes de la siguiente semana, los consejeros regionales se reunirán con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro para revisar la propuesta de convenio de cesión temporal del proyecto Majes II a fin de que su despacho destrabe su ejecución. Eso sí, siempre y cuando se apruebe la adenda 13.
Viabilidad
En relación a las alternativas para destrabar este proyecto, Elmer Cáceres, insistió en la iniciativa legislativa presentada ante el Congreso para que se apruebe una ley que otorgue la garantía soberana por el costo de la adenda 13.
El jefe regional de Presupuesto, Javier Rospigliosi, indicó que en los siguientes días se reunirán con los asesores de las comisiones del parlamento de Agricultura y Presupuesto Público, para sustentar la propuesta, y espera que para el 15 de octubre pueda debatirse en el pleno.
No obstante, Cáceres Llica, dijo que esto se podría agilizar si el presidente Martín Vizcarra, demuestra su cercanía con Arequipa y el sur del país desembolsando los US$ 104 millones en un fideicomiso. Esto serviría como garantía para que el concesionario Cobra tenga la seguridad de que en caso el Gobierno regional no pueda pagar, igual recupere su inversión.
EL DATO
Elmer Cáceres Llica aseguró que los términos de la adenda 13 ya fueron revisados por funcionarios de los ministerios de Agricultura y Economía, y ahora solicitará que la Contraloría lo revise para que luego pase a manos del Consejo regional.