Rolando Vilca Begazo
¿Qué tan complejo resulta para el Gobierno llevar adelante la reconstrucción del país por los daños ocasionados por El Niño Costero?
Lo vemos desde una doble dimensión. Primero tiene que ver con el tema productivo, agrícola, la infraestructura de riego y las vías de comunicación; eso pasa por estudios y la recuperación de la infraestructura perdida. El otro eje es el de las ciudades, los servicios públicos y las viviendas mismas.
En este último caso, nuestra perspectiva es que esta situación lamentable para el país debe ser tomada como una oportunidad para reorientar la planificación y el crecimiento de las ciudades. No podemos reconstruir con las mismas deficiencias que presentaban las ciudades y creciendo hacia zonas inundables y de alto riesgo.
Para reorientar ello hay algunos aspectos básicos que considerar, como el de las zonas de riesgo, la disponibilidad de terrenos para nuevas habilitaciones urbanas y la planificación urbana misma.
Estos aspectos técnicos de la reconstrucción tienen que ser respaldados por la modificación del marco legal [vigente], como la Ley Orgánica de las Municipalidades, la ley que organiza el Poder Ejecutivo, entre otras normas; porque el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, pese a ser el ente rector de vivienda y urbanismo [a nivel nacional], no tiene ninguna facultad que le permita fiscalizar el cumplimiento de los planes urbanos que los municipios aprueban.
¿Estas modificaciones se aplicarán a nivel nacional o solo en el caso de las jurisdicciones afectadas por los recientes desastres naturales?
La modificación normativa tiene que hacerse a nivel nacional. Hoy el problema se hace evidente en las cinco o seis regiones que están en emergencia, sin embargo es un mal en todo el país.
En todo el país encontramos viviendas construidas en quebradas, en zonas inundables o en laderas de cerros y, lo peor es que en muchos casos tienen autorización municipal y servicios públicos. Es decir, el Estado mismo ha ido validando esta situación irregular que pone en riesgo la vida de las personas. Por eso en la reconstrucción no vamos a subsidiar ninguna vivienda que esté ubicada en zonas de riesgo.
Las viviendas reconstruidas se ubicarán en zonas seguras y aquellas que estaban en lugares de riesgo deben ser reubicadas. Para ello, haremos habilitaciones urbanas y allí construiremos viviendas para que se puedan acceder en condiciones de seguridad.
Es decir ¿desde ahora hasta fin de año tendremos un Ministerio de Vivienda con una participación más activa en la planificación urbana del país?
Exactamente, eso es lo que buscamos. No puede ser que el Ministerio sea un ente rector y eso lo limite a emitir normas y reglamentos que en el fondo no se cumplen. El Ministerio debe complementar este rol de emitir normas con un rol de liderazgo en la planificación urbana de las ciudades, en coordinación con los alcaldes y los gobernadores regionales; además de participar en la supervisión y la fiscalización.
¿Cómo se hará para que esta labor no colisione con las atribuciones que tienen los municipios y que están reconocidas por la misma Ley Orgánica de Municipalidades?
No tiene por qué generar inconvenientes. Nadie discute la autonomía de los municipios, pero esta debe darse en el marco de una normativa nacional. El ente rector en vivienda y urbanismo es el Ministerio de Vivienda. Establecer un mecanismo para que se cumpla esta rectoría de manera efectiva no implica violar o vulnerar la autonomía que reconocemos. Pero la autonomía no puede llevarnos a hechos irregulares. Seamos claros.
Las habilitaciones urbanas en zonas de riesgo están prohibidas desde hace tiempo, sin embargo esto no se cumple y ¿quiénes no cumplen?, los municipios. Entonces, ¿cuál es el nivel de participación del Ministerio?, ninguno.
Además, coincidimos plenamente con la propuesta de ley del congresista Carlos Bruce, para que, por ejemplo, se sancione con la vacancia a los alcaldes que permitan la construcción de viviendas y el desarrollo de habilitaciones urbanas en zonas de riesgo. Mecanismos de ese tipo se deben implementar para promover el crecimiento ordenado de las ciudades.
¿En qué plazo estaría lista esta propuesta de modificación para ser debatida en el Congreso?
A nosotros nos queda claro que el tiempo del que disponemos es corto porque esta emergencia generó mayor sensibilidad no solo en la ciudadanía, sino en los diferentes actores políticos, incluidos los congresistas; por lo que esta modificatoria no tomará más de 30 días y de allí el tiempo que demore en el debate o las modificaciones que tengan que hacerse. Además, la mayor cantidad de modificaciones normativas son en aquellas [modificatorias] de menor rango y donde ya estamos trabajando.
el Gobierno decidió intervenir en la planificación urbana.
Aún no se puede hablar de cifras
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, estimó que el costo del plan de reconstrucción del Gobierno sería entre 12 y 15 mil millones de dólares. En su sector, ¿ya se cuantificó la inversión que se necesita?
Respeto la opinión del ministro Nieto, pero no se puede hablar de montos de inversión en este momento, cuando el fenómeno [El Niño Costero] aún no ha terminado. Las viviendas que tienen que reconstruirse deben definirse con precisión. La infraestructura de agua y desagüe que está debajo del lodo y piedras, no sabemos en qué estado se encuentra. Entonces hablar de cifras en este momento todavía no es posible.
En su caso, ¿cuándo se podría tener un diagnóstico cuantificado más preciso?
Estimamos que en 45 días debiéramos tener una estimación bastante cercana a la realidad.
En todo caso su sector sería el que concentre la mayor asignación de recursos por las propias funciones que desempeña.
Probablemente sea así, porque tenemos que reconstruir viviendas, infraestructura pública, pistas y veredas. Tenemos que crear nuevas ciudades para reubicar a personas que están en zonas de riesgo y que ya no es posible mitigar, además de [recuperar] infraestructura de agua y desagüe; por ello a nivel del Ejecutivo aún no está claramente definido cómo nos vamos a organizar para la reconstrucción. Pero lo que sí queda claro es el rol que nos corresponde en esta reconstrucción.
¿Qué estrategia se puede asumir para agilizar esta labor de reconstrucción?
Recordemos el sismo que ocurrió en Arequipa en agosto del año pasado, de ese momento a la fecha han transcurrido ocho meses y apenas hemos comenzado a reforzar las viviendas, y ¿la reconstrucción?, todavía ninguna.
Cuando uno analiza qué pasa, se da cuenta de las diversas trabas administrativas y burocráticas que saltan. Que la titularidad del terreno, que se murió el dueño inicial y no hizo la sucesión al hijo o al nieto, todo un gran tema. Si nosotros pensamos reconstruir manteniendo ese marco legal, definitivamente no vamos a avanzar.
Por eso, además de las modificaciones normativas que te mencionaba, se deben hacer otros cambios para ajustar procedimientos y reducir plazos. Eso es lo que tenemos que hacer, de lo contrario la reconstrucción no va a avanzar. En el Ministerio, el equipo técnico está trabajando para ello.
¿Se tendrá que descentralizar la transferencia de recursos y la intervención en las zonas de emergencia?
La reconstrucción debe ser liderada por el Gobierno nacional, lo que no significa que tenga que ejecutar todo, para eso existen los gobiernos regionales y locales. Nosotros creemos en ello. En Vivienda con mayor razón, por eso hemos creado oficinas desconcentradas en todo el país para acompañar a los gobernadores y alcaldes en la gestión vinculada a temas de agua, saneamiento y vivienda.
Subsidio para reconstrucción
En el tema específico de la reconstrucción de viviendas, ¿se implementará un programa especial o se usará uno de los que ya existe?
No vamos a crear ningún programa especial, vamos a usar lo que existe. Se tiene el programa Techo Propio, ese será utilizado para la reconstrucción. Techo Propio y Construcción en Sitio Propio será aplicable para todos los casos en los que las viviendas destruidas se ubicaban en lugares seguros. Se reconstruirá con la debida orientación para hacerlo bien.
Además existe Techo Propio Vivienda Nueva, que se aplicará para aquellas viviendas destruidas o colapsadas en zonas de riesgo. No vamos a reconstruir en el mismo lugar, vamos a ir a habilitaciones urbanas nuevas. Estas dos modalidades serán la base de reconstrucción de viviendas.
Además vamos a simplificar requisitos, trámites y vamos a acortar los plazos para agilizar los procesos. También estamos evaluando cuál será el nivel de subsidio, recordemos que hay un componente importante del Estado, además del ahorro y probablemente del crédito del beneficiario. En estas condiciones un damnificado difícilmente accedería a un crédito, por eso estamos en pleno trabajo para precisar cuál será el monto final de estos bonos para subsidiar estas viviendas.
En el tema de saneamiento, ¿qué se tiene previsto?
Esto empalma perfectamente dentro de las metas previstas por el Gobierno, de lograr un 100 % de agua y saneamiento a la mayor cantidad de peruanos, sobre todo a la población urbana, hacia el 2021. En este tema los proyectos están en marcha, los nuevos que surjan como consecuencia de esta emergencia deberían estar formulados hasta agosto, de tal forma que puedan considerarse en el presupuesto [del año] siguiente y que a partir de enero se puedan reconstruir.
¿La recuperación de viviendas contempla la entrega de terrenos para aquellos pobladores que quieran construir según sus propios criterios?
Sí, para eso se contempla las nuevas habilitaciones urbanas. El interés que tenemos es en desarrollar programas habitacionales para darle al afectado una vivienda, pero eso no cierra el paso para que esta persona pueda acceder a programas con construcción propia de viviendas; todo eso está enmarcado.
En Sedapar no hay confiscación
De otro lado, en Arequipa hay un malestar en los alcaldes distritales por el Decreto Legislativo 1280 que los retira del accionariado de la empresa Sedapar. Ellos señalan que esto es una confiscación de sus derechos. ¿Es posible revisar el tema?
No vamos a revaluar nada. Estamos convencidos de aquello que hemos trabajado. Recordemos que cuando se dio la transferencia de la empresa nacional de servicio de agua potable a los municipios, se hizo, a título gratuito, a las municipalidades provinciales. Nunca se transfirió nada a los distritos.
Por eso la Ley General de Saneamiento del año 94 considera como responsable del servicio de saneamiento a las municipalidades provinciales. La Ley Orgánica de Municipalidades dice lo mismo, que son los municipios provinciales los responsables de la prestación de los servicios, accesoriamente lo pueden hacer los distritales cuando el provincial no tenga alcance o carezca de las posibilidades.
Entonces lo que hemos hecho es perfectamente legal. Sé que hay alcaldes que están en contra e interpondrán procesos de inconstitucionalidad, están en su derecho de hacerlo, pero esto no significa confiscar nada.
¿Entonces esta norma es definitiva y no habrá reconsideración alguna ante el pedido de los alcaldes?
No. La próxima semana estamos pre publicando el reglamento de la ley y enseguida, por diez días hábiles, podrán hacer sus aportes las instituciones pertinentes, y luego vendrá la publicación final de la norma.
De manera complementaria, ¿cómo cree que se puede mejorar la gestión y el desempeño de las empresas de saneamiento?
Primero, no podemos pensar que los servicios de agua y saneamiento en el Perú serán sostenibles conforme crecen las ciudades, si no tenemos prestadores (empresas de saneamiento) con recursos y la capacidad técnica para garantizar la continuidad de los servicios.
La obra sola no resuelve los problemas, sino cuando el operador sabe administrar y operar la infraestructura. Esta emergencia está demostrando que las empresas [de saneamiento] no tienen disposición alguna para afrontar estas situaciones porque no tienen recursos ni capacidad técnica.
Solo para este año tenemos 440 millones en recursos, no para obras sino para fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios. Ese es nuestro enfoque. Lo que no podemos olvidar es que los alcaldes tienen una gran responsabilidad por el estado en el que se encuentra el sector saneamiento.
En el Perú, no me van a negar los alcaldes —porque fui trabajador de las empresas prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) desde el año 93 y sé cuál es la realidad— que ellos convirtieron a estas empresas en sus feudos. Entraban y sacaban a todo el personal y colocaban a sus amigos sin importar la capacidad y la competencia, y lo mismo hacían los que les seguían.
Entonces hay una gran responsabilidad de los municipios. Probablemente no son los alcaldes de ahora, pero las instituciones como municipios son responsables también del estado en el que se encuentran los prestadores y eso debemos revertir.
do de Sedapar a los alcaldes distritales.
Manejo técnico
¿Cómo se puede hacer para que la labor del directorio o de los funcionarios no dependa de los alcaldes, como ocurre hasta ahora?
Estamos definiendo roles muy claros de la junta de accionistas, del directorio y del equipo técnico a partir del gerente general hacia abajo. Estamos precisando además sanciones frente al cumplimiento de estos roles, que deben estar plenamente establecidas.
Sino, hagamos una reflexión: la caja municipal Arequipa, con la experiencia exitosa de gestión que tiene, ¿por qué ahí los alcaldes no hacen lo que les da la gana?, porque tienen a una Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que determina cuál es el perfil del director y del gerente, es decir quién puede o no entrar.
Eso estamos haciendo en agua y saneamiento. Debemos tener una Sunass capaz y competente que decida quiénes pueden ser gerentes, no puede entrar cualquier persona a las empresas y eso será parte del reglamento que se publicará dentro de poco.
Como parte de esta reestructuración, ¿se permitirá el ingreso de la inversión privada a las empresas de saneamiento?
En este afán de fortalecer a los prestadores [de servicios de saneamiento], no vamos a vender activos de las empresas; descartamos modelos de concesión integral como el caso de la empresa Aguas de Tumbes, las demás formas de participación privada no están cerradas.
La posible participación de un operador privado, administrando parte de los procesos comerciales o productivos de una EPS o a través de una asociación público-privada para construir una planta de tratamiento de desagüe y administrarla durante un tiempo, eso está abierto. Es más, en plantas de tratamiento de aguas residuales, nosotros vamos a promover la participación privada.
Hay que valorar el servicio de agua
En este marco, ¿cómo se manejará el tema de las tarifas, porque allí también hay una contaminación política?
Seamos claros. El peruano promedio prefiere pagar el servicio del celular o de la luz, no estoy en contra de esos servicios, pero deja el agua al final. Normalmente el peruano promedio tiene un celular con Internet y eso no baja de 80 soles mensuales, sin embargo no quiere pagar un recibo de agua de 15 o 25 soles. Eso tiene que cambiar.
Primer tema, debe haber una cultura de pago y la valoración del servicio de agua y alcantarillado que se presta. Segundo tema, en el Perú las tarifas están retrasadas, pero eso no significa que mañana incrementamos las tarifas porque ese no es el mecanismo que se sigue.
Las tarifas deben responder a la calidad de la prestación del servicio, por eso tenemos un regulador que tendrá que contrastar la calidad del servicio, el costo de mantener la operatividad del sistema y eso se traducirá en tarifas.
Lo que sí creemos es que se debe romper el círculo vicioso en el que caímos, donde la población reclama un mejor servicio y el prestador responde que no lo puede hacer porque no tiene recursos. Para eso son los recursos del fortalecimiento de los prestadores y los recursos de proyectos de inversión que el Ministerio de Vivienda transfiere a los municipios y a los gobiernos regionales.
Las tarifas deben mejorar para que en el futuro el prestador tenga capacidad para operar, hacer mantenimiento adecuado y además financiar las necesidades de inversión para ampliar el servicio. Lo que no es sostenible en el país es que tengamos un Sedapar en Arequipa, por ejemplo, que no pueda ampliar la cobertura de sus servicios si no le pide dinero al Gobierno nacional.
No podemos tener un Sedapal en Lima que reciba 100 mil millones del Gobierno nacional para que pueda dar agua a los limeños. Ese es un modelo insostenible. Los recursos deben provenir, así como ocurre en telefonía y luz, del que recibe el servicio.