Rolando Vilca Begazo
El exministro de Justicia Víctor García Toma analizó la actual crisis que afecta al país y advirtió que la única forma de concretar la reforma del sistema judicial es con la participación activa de los políticos, las organizaciones sociales y la presión de la población.
¿Qué tan grave es la crisis del sistema judicial del país?
No es un hecho nuevo e inesperado. Lo inédito de este caso es la profundidad de la crisis y su carácter sistémico, porque compromete a varias instituciones, no solo del sistema de administración de justicia.
Todos los días van saliendo nuevos audios. Ahora aparecen aquellos en los que una vez más se menciona al presidente Martín Vizcarra y a los ministros de Justicia y del Interior.
Habría que ver qué tan creíble es la versión que da el empresario [Antonio] Camayo. Una persona cuya fortuna es de origen oscuro. Probablemente, esté fanfarroneando, pero, en todo caso, como hay investigaciones en curso, estas permitirán esclarecer la veracidad o la falsedad de estas declaraciones.
¿La emisión de estos audios debería seguir marcando la agenda política del país?
No. Si el objetivo era demostrar que la crisis del sistema judicial llegaba a los más altos niveles, eso ya se cumplió. Segundo, que remueve a la clase política y le obliga a adoptar medidas [en relación con este tema], también. Pero ahora ya estamos en otro momento.
Se acaba de elegir a la nueva Junta Directiva del Congreso y allí se abre un nuevo espacio de discusión sobre la agenda parlamentaria.
Tendremos el mensaje presidencial por Fiestas Patrias y dentro de algunas semanas se discutirá el tema del presupuesto nacional, que es importante, pero hemos olvidado otros temas. Hemos olvidado la reconstrucción del norte y la solución que debe dar el Estado a las bajas temperaturas que afectan al sur. Todo eso es igual o más importante que las noticias que nos traen los audios.
¿Cómo se debe llevar adelante la reforma del sistema de administración de justicia y hasta dónde tendría que llegar?
El diagnóstico no va a ser muy complejo porque el problema ya está sobreestudiado. Lo que debe buscarse es establecer un conjunto de lineamientos y políticas a corto, mediano y largo plazo, que involucren a todos los actores: los políticos y los jurisdiccionales; y que establezca una entidad que lidere el proceso de reforma, para que de manera periódica dé cuenta a la ciudadanía de los avances y los obstáculos que se vayan encontrando en ese proceso. Este es un proceso que involucra reformas normativas, reestructuración y reorganización de las instituciones, involucra metodología de trabajo, etc., etc.
¿Quién o qué institución debería dirigir este proceso de reforma?
Debe haber un ente de coordinación porque todas las instituciones que están involucradas son autónomas. Pero la autonomía no puede ser sinónimo de autarquía. Si todos están comprometidos con el problema debe haber una responsabilidad conjunta para asumir la cuota que le corresponde a cada uno [para impulsar la reforma] en un plano de coordinación y de colaboración interinstitucional.
Mesa integrada
¿No cree que se requiere de una persona que se encargue de dirigir y encaminar todo esto?
Se necesita una mesa integrada por los máximos representantes [de las instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia] y que, obviamente, se elija a una secretaría general muy potente, que sea la que se encargue de coordinar este proceso.
Por ejemplo, Allan Wagner, presidente de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, creada por el Ejecutivo para plantear algunas propuestas, ¿podría asumir esta secretaría técnica?
Claro. Si existe el consenso para que él lidere y el compromiso de colaborar para que este liderazgo se asuma, por supuesto.
¿Tendría que ser una persona de este perfil?
Así es, de esta envergadura, de esta talla y autoridad moral. No puede ser cualquiera.
Una de las propuestas que hizo este grupo de trabajo es el concurso público para la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Con ello se desterraría todo indicio de corrupción en esta institución?
No necesariamente, pero es una propuesta que debe evaluarse y analizarse en el Congreso, que es donde finalmente se decidirá que se implementa [como parte de esta reforma]. Lo importante es que se pone sobre el tapete un planteamiento muy importante.
Fujimorismo
Ya que menciona al Congreso, la bancada de Fuerza Popular seguirá dirigiendo la mesa directiva para el nuevo periodo legislativo. ¿Este grupo político ofrece las garantías necesarias para impulsar la reforma judicial que el país reclama?
No, de ninguna manera. Pero es a quien han elegido y con quien se tendrá que bregar para que esta reforma se inicie. No tenemos otro camino.
En todo caso, ¿cómo contrapesar esa postura de Fuerza Popular que a veces prioriza lo que le interesa, más allá de si esto le conviene o no al país?
El Poder Ejecutivo ha liderado y ha empujado para avanzar algo, la ciudadanía también se ha movilizado en las calles y esperemos que no desfallezca. Los otros partidos políticos y organizaciones sociales se deben pronunciar como un mecanismo de presión para que el Parlamento no sea una traba, sino un factor de apoyo en este proceso de reforma.
Esta crisis también golpea más a un presidente como Martín Vizcarra, que está debilitado políticamente y que no puede liderar el reclamo popular para contrapesar la postura de Fuerza Popular.
No estamos en el mejor momento para que esta reforma [del sistema de administración de justicia] tenga éxito, pero tiene que hacerse, con los que en estos momentos tienen esa responsabilidad. Es por eso que la opinión pública juega un papel muy importante.
Víctor Prado, presidente del Poder Judicial, también ha propuesto la elección de su cargo a través del voto universal de todos los magistrados del país.
Me parece muy bien, es una excelente idea.
Si bien este mecanismo podría democratizar esta elección, ¿no politizaría más este cargo?, porque motivaría una campaña política en el interior de esta institución.
Eso significaría que quien lidere esta institución tendrá que manifestar una capacidad de liderazgo. Además, así se acabará con el ‘toma y saca’, donde solo un cuerpo electoral cerrado de 19 [jueces supremos] votaba por alguien que le aseguraba la presidencia de tal o cual sala suprema; con ello no había reforma posible porque todo estaba subastado.
Las prioridades
¿Qué prioridades se deben asumir en el corto y el mediano plazo para dar indicios de que esta reforma va en serio?
Se debe contemplar la creación de un órgano de control externo [en el Poder Judicial]. En el plazo inmediato hay que declarar en emergencia la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y otorgar un plazo de entre 6 y 9 meses para que emita un informe sobre todas las quejas y las denuncias pendientes, además de pedirle más firmeza en la aplicación de las medidas que sean necesarias.
¿Qué institución o quién debería asumir este control externo?
Podría ser el ministro de Justicia, con representantes de las entidades vinculadas con el sistema de justicia del país. El control no deber ser interno, sino seguimos con lo que vemos ahora: “Hoy te cuido a ti y tú me cuidas a mí mañana”, eso es ‘otoronguismo’.
¿Y qué se puede hacer en estas Fiestas Patrias para que la población vuelva a confiar en sus instituciones?, porque todo lo que se ve día a día no contribuye a ello.
En conmemoración del centenario de la muerte de Manuel González Prada, el más grande denunciante de los males del Perú, deberíamos, por fin, asumir la tarea de regeneración moral empezando por el sistema judicial. Y por cierto, con el compromiso de todos los políticos, porque sin ello no será posible.