Gobernador regional, alcaldes de Islay y dirigentes rechazaron la inminente entrega de la licencia de construcción del proyecto cuprífero.
Rolando Vilca Begazo
Elmer Cáceres Llica, gobernador regional, junto con los alcaldes de la provincia de Islay y dirigentes del valle de Tambo, ratificaron su rechazo a la inminente entrega de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, tal como lo adelantó días atrás Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas.
“Si no hay licencia social, no hay licencia de construcción”, señaló de manera enfática la autoridad regional días atrás ante cientos de pobladores reunidos en el distrito de Cocachacra para evaluar la posición conjunta frente al ofrecimiento de instalar una mesa de diálogo con el Gobierno nacional.
El dato
El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María vence el 1 de agosto. Si hasta entonces no se entrega la licencia de construcción, se tendrá que elaborar un nuevo estudio y desarrollar audiencias públicas.
“Eso significa que si el pueblo no está de acuerdo, manan. No hay licencia de construcción”, reiteró Cáceres Llica. Con ello, intentaba responder al cuestionamiento hecho por los dirigentes del valle de Tambo a su propuesta de instalar la referida mesa de diálogo con el presidente Martín Vizcarra.
Incluso, Cáceres Llica reconoció que pese a que —según él— en la última semana de junio debía llegar el premier Salvador del Solar, hasta el momento no tenía ninguna comunicación oficial.
“El Estado le va a otorgar la licencia [de construcción]. Creo que en el transcurso de la próxima semana […]. Sé que se está reuniendo la empresa [Southern Perú] con el ministerio [de Energía y Minas]”. Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, en entrevista de Gestión publicada el 15 de junio.
Diálogo
La autoridad regional también convocó públicamente al presidente Martín Vizcarra para que visite el valle de Tambo y escuche la posición de la población frente a la eventual ejecución del proyecto cuprífero a cargo de Southern Perú.
“Las puertas de Arequipa están abiertas. El pueblo de Islay es un pueblo aguerrido, pero que sabe escuchar y ama la paz. La gente de Islay vive en zozobra porque no sabe si se le impondrá la mina”, agregó antes de comprometerse a insistirle al mandatario de Estado para que visite la provincia de Islay.
“Seguiré llamando. El presidente es caballeroso y sabe escuchar. Lo esperaremos y que entienda de una vez por todas que este pueblo no quiere minería; este pueblo quiere agricultura, este pueblo quiere vivir en paz, este pueblo quiere turismo”, afirmó ante el coro general que rechazaba la actividad minera.
“El diálogo siempre es la manera de resolver las diferencias. El punto del Gobierno es el desarrollo territorial de la provincia de Islay. La mesa de diálogo no está condicionada a la mina”. Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas.
Obras
De igual forma, Cáceres Llica demandó al Gobierno nacional atender las demandas de obras que tiene la provincia de Islay, sin que eso signifique un condicionamiento para la aceptación del proyecto Tía María.
“Ahora, no tiene que ver nada la licencia de construcción con las obras que aquí necesitamos. Tambo quiere agua, represas, saneamiento, agua y desagüe, pero no a cambio de nada, sino porque necesitamos, porque ya nos quitaron agua con Pasto Grande. Aquí no van a imponer, aquí deben escuchar. Las peticiones del pueblo son ley”, agregó.
Consulta ciudadana
Por su parte, Lorenzo Quea, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Mollendo, al ser abordado por Encuentro, consideró que “una consulta popular sería un buen mecanismo para conseguir la licencia social del proyecto Tía María”. Para ello propuso la intervención de instituciones como la ONPE, a fin de garantizar la validez de los resultados.
“Como ocurre en las elecciones municipales o presidenciales, para que se brinde la seguridad al proceso y se pueda transparentar los resultados. Porque al final habrá ganadores y perdedores, y quienes pierdan podrían objetar los resultados”, explicó.
“No es el momento de dar la licencia de construcción [a Tía María], por la tranquilidad social de la población. El temor que tenemos es que la entrega de licencia ocasione una paralización y esto puede afectar la vida de personas, como ocurrió años atrás”. Edgar Rivera, alcalde provincial de Islay.
Quea sostuvo además que la propuesta de una mesa de diálogo se debería concretar antes de que el Gobierno nacional otorgue la licencia de construcción a Tía María. “El paquete debe ser completo”, afirmó.
El representante del empresariado explicó que en la mesa de diálogo deberían participar todos los actores involucrados en la ejecución de Tía María, incluyendo a los representantes de Southern Perú, pero aclaró que no solo se deberían abocar al asunto minero.
“El tema más importante es la represa para el valle de Tambo. Con eso se resuelve el problema de los agricultores, que tendrán agua en cantidad y calidad adecuada para seguir produciendo y, con mayor razón, para atender la necesidad de la población”, enfatizó.
“La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental [de Tía María] se dio bajo un procedimiento irregular y no se dio con la participación de la población del valle de Tambo. Claro que Southern cumplió el procedimiento administrativo, pero lo hicieron de manera fraudulenta”. Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.
¿Nuevo conflicto social a la vista?
En opinión de Alipio Montes Urday, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín, “es muy probable que se pueda desencadenar un nuevo conflicto social en el valle de Tambo” ante los últimos hechos ocurridos en torno al proyecto Tía María.
“Si el Gobierno nacional presiona para entregar la licencia de construcción del proyecto, entonces, puede haber una reacción de un grupo importante de pobladores, encabezado por sus autoridades”, advirtió.
El analista señaló que la propuesta de instalar una mesa de diálogo en el valle de Tambo “resultaba algo tardía y apresurada”, ya que si la intensión era retomar el diálogo con esta población, se debió trabajar meses atrás para lograr ese objetivo.
Montes también lamentó la actuación del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, quien, en su opinión, estaría dándole la espalda al proyecto minero ante la presión social de los dirigentes del valle de Tambo.
“Su papel debería ser más neutral para facilitar el diálogo. Decir que sin licencia social no hay licencia de construcción puede ser una afirmación correcta, pero ¿cómo se consigue la licencia social?, ¿cómo se logra que la población por lo menos dialogue sobre las ventajas de Tía María?”, cuestionó.
Por ello, insistió en que la autoridad regional debería empeñar su palabra para sacar adelante esta mesa de diálogo. “El gobernador no debe olvidar que su trabajo es el de crear condiciones para facilitar las inversiones, obviamente responsables. Por eso sería muy interesante que insista en esta mesa de concertación”
De igual forma, consideró que la población del valle de Tambo “no puede negarse a oportunidades de desarrollo sin la discusión profunda sobre las bondades de Tía María y sin plantear propuestas alternativas. Esta es una de las mejores oportunidades que tiene para obtener una serie de reivindicaciones que no logra que sean atendidas hasta ahora”, señaló.