¿Nadie puede contra ellos?

* En el municipio provincial alegan que argucias legales evitan el cierre definitivo.

* En tanto, especialistas consultados advierten de errores en procedimientos implementados.

Rolando Vilca Begazo

En la ciudad de Arequipa, funcionan, de manera irregular, varios prostíbulos con la apariencia de clubes nocturnos —además de bares y discotecas—, al amparo de acciones judiciales que paralizaron los procedimientos de clausura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Esta situación no solo genera inseguridad y delincuencia, sino que también afecta la labor del alcalde provincial, Omar Candia, quien no la pasa nada bien desde que asumió su gestión cinco meses atrás.

¿Solo para la foto?

En los dos últimos meses, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en coordinación con personal policial y del Ministerio Público, intervinieron cerca de 120 establecimientos comerciales de la ciudad. De ellos, setenta fueron clausurados porque no contaban con licencia de funcionamiento, cambiaron de giro comercial sin autorización o carecían del certificado de inspección técnica de Defensa Civil.

Entre los locales cerrados se encontraban varios clubes nocturnos y bares, en cuyas puertas se colocaron bloques de concreto de una tonelada de peso para impedir el ingreso de los potenciales clientes.

Sin embargo, algunos de ellos no solo reabrieron sus puertas y retiraron sin autorización estos obstáculos, sino que también interpusieron diferentes recursos judiciales para frenar todo procedimiento administrativo de clausura definitiva de la comuna provincial.

Así, centros nocturnos como El África, ubicado en la av. Mariscal Castilla, y El Amanecer, de la av. Jesús, siguen operando impunemente, aun cuando fueron clausurados durante 15 días por no contar con una salida de emergencia.

Nueva infracción

Frente a este entrampamiento judicial, Harold Nina Berríos, gerente de Administración Tributaria, anunció días atrás una propuesta de modificación del reglamento de sanciones administrativas de la comuna provincial a fin de incorporar nuevas infracciones que permitan la clausura de los llamados ‘locales conflictivos’.

La iniciativa en mención propone incluir como causal de cierre por tiempo indefinido para todo establecimiento público el “atentar contra la salud, la higiene, la seguridad pública [por] riesgo alto, [por infringir] normas de urbanismo y zonificación, [por atentar contra] la moral y las buenas costumbres, y [por] afectar el orden y la tranquilidad públicos”.

Este procedimiento, en opinión del funcionario municipal, haría posible el tapiado y la soldadura en las puertas del local de manera inmediata para garantizar el cierre del establecimiento, en tanto se tramita su clausura definitiva. Además, si tuvieran la licencia de funcionamiento o el certificado de inspección de Defensa Civil, ambos documentos serían revocados.

No obstante, el propio Harold Nina admitió que aun en este caso se podría recurrir a algunas argucias legales para frenar este procedimiento. En ese caso, se tendría que evaluar la respuesta de la comuna con sus abogados.

¡Falló la estrategia!

Para el abogado Fernando Mendoza Banda, especialista en derecho municipal, la estrategia asumida es lo que sigue fallando en la Municipalidad Provincial de Arequipa para garantizar la clausura de locales sin licencia, que generan inseguridad ciudadana.

Pero no se trata de crear una nueva causal de infracción para sancionar a estos establecimientos, como propone el gerente de Administración Tributaria, sino de utilizar de manera adecuada las herramientas jurídicas que deberían conocer los funcionarios municipales.

Mendoza explicó que existen dos caminos, uno largo y otro corto, para clausurar definitivamente los negocios que operan al margen de la ley.

Camino largo

El primer caso —y en el que estaría el problema de la actual gestión de Omar Candia— ocurre cuando el cumplimiento de la clausura de locales se hace a través del ejecutor coactivo.

Esta situación ocurre cuando la autoridad municipal detecta que un comercio actúa sin licencia de funcionamiento e inicia un procedimiento sancionador. Como es natural, el afectado presenta su descargo y el municipio se pronuncia, y si se confirma que no tiene licencia, se emite la resolución de multa y la de clausura definitiva. Eso es inevitable y toma 30 días, aproximadamente.

El problema es que el afectado puede impugnar la sanción de multa y la de clausura en la propia municipalidad. Ahora, para dejar el tiempo pasar, solicitará la reconsideración y si esta es declarada infundada, interpondrá una apelación. Si se confirma la sanción, culmina la vía administrativa.

Así, el cumplimiento de la orden de clausura definitiva, agotada la vía administrativa, pasa a manos del ejecutor coactivo, que inicia un nuevo procedimiento: notifica al infractor para que en un plazo de siete días cierre el local y pague la multa. De no hacerlo, con el apoyo de la fuerza pública, se hará cumplir la sanción y se cobrará la multa a través del embargo.

Aquí, desafortunadamente, la Ley de Ejecución Coactiva n.° 26979 establece que los procedimientos de ejecución coactiva “se suspenden con la sola presentación de una demanda judicial en contra de las sanciones hechas por el municipio”. Con ello se impide la clausura de un establecimiento pese a que actúa al margen de la ley. Y si a eso le añadimos que la resolución de este recurso puede tomar varios años en el Poder Judicial, durante ese tiempo podrá seguir funcionando de manera impune.

Este es el peor escenario y el que tiene como método de trabajo la comuna provincial desde la gestión de Alfredo Zegarra Tejada.

Opción corta

A pesar de ello, hay una opción corta. Fernando Mendoza explica que si el municipio provincial, previa fiscalización, identifica que un local funciona sin licencia o con un giro comercial distinto al que se le otorgó, a través de un acta y de manera inmediata se puede disponer su clausura definitiva y termina el problema. Eso sería suficiente.

En este caso, ya dependerá de la propia municipalidad el tomar las medidas necesarias y coordinar con la policía nacional para garantizar el cumplimiento de esta sanción.

“Este es un tema de resistencia. En un país civilizado, un infractor acepta la sanción y cumple con la clausura. Pero, lamentablemente, en nuestro Perú eso no ocurre. Se clausura, te retiras y reabren. Por eso es un tema de resistencia”, apuntó Mendoza.

Ahora, si bien el infractor, en este caso, puede interponer un recurso ante el Poder Judicial, este no suspende la clausura porque no se aplica la Ley de Ejecución Coactiva.

La única forma de revertir el cierre de un local sería a través de una medida cautelar, sin embargo, Mendoza aclara que “ningún juez atenderá este pedido porque se tendría que avalar el funcionamiento de un local sin licencia municipal o que cambió de giro comercial sin la autorización respectiva”.

Por otro lado, Mendoza señaló que en el caso de los clubes nocturnos El África y El Amanecer, no se podrá hacer nada en tanto no se resuelvan las acciones judiciales. “Lamentablemente, el municipio ya no podrá intervenir porque sus casos están judicializados. El objetivo era claro [el cierre de estos locales], pero falló la estrategia”, concluyó.