* La Defensoría del Pueblo en Arequipa elaboró el índice de vulnerabilidad que expone la realidad en la que viven los pobladores del interior de la región.
Rolando Vilca Begazo
En los últimos seis años —sin tomar en cuenta el 2018—, Arequipa tuvo un crecimiento económico sostenido, incluso por encima del promedio nacional. Sin embargo, esta prosperidad económica no permitió revertir las condiciones de desigualdad en las que se encuentran las zonas rurales y más alejadas de la región.
Por ejemplo, en la provincia de Arequipa, la pobreza afecta solo al 9 % de su población; mientras que en La Unión, el 54 % de los habitantes son pobres. Un panorama similar se observa en Condesuyos, donde cuatro de cada diez personas son pobres.
Si nos referimos a los casos de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad registrados en el 2018, en la provincia de Arequipa, se reportó un 45 % de anemia infantil, en tanto que en Condesuyos la cifra llegó a 59.3 % y en La Unión, a 53.2 %.
Centralismo y vulnerabilidad
¿Qué es lo que está ocurriendo? En opinión de Ángel María Manrique, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, el modelo centralista del país, que beneficia más a Lima que al resto de las regiones, se repite en el interior de nuestra región.
“Es evidente que desde el Gobierno regional siempre se dio mayor atención a la provincia de Arequipa y a los distritos de la zona metropolitana y no se concentraron en las localidades más alejadas”, afirmó.
Incluso, advirtió que un crecimiento económico como el registrado en Arequipa servirá de poco si es que no ayuda a resolver los problemas estructurales del país, de los cuales los diferentes niveles de Gobierno (nacional, regional y local) son responsables.
Ante esta realidad y como una forma de contribuir para que las autoridades regionales y municipales tomen las mejores decisiones para garantizar los derechos de las personas, días atrás la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa presentó el índice de vulnerabilidad en la región y las provincias de Arequipa.
Este reporte tiene como objetivo identificar a la población vulnerable en Arequipa a partir de cuatro variables: pobreza, anemia infantil, niveles de aprendizaje escolar y acceso al agua potable.
Así, de acuerdo con estos indicadores, las provincias de La Unión y Condesuyos son las más vulnerables a nivel regional. En La Unión, resulta lamentable que ninguno de los alumnos de segundo de secundaria del ámbito urbano comprende lo que lee ni puede resolver ejercicios matemáticos de manera satisfactoria. En tanto que en Condesuyos, el 83 % de los alumnos de segundo de secundaria del ámbito urbano no entienden lo que leen y tampoco pueden resolver ejercicios de razonamiento matemático.
Rurales
El informe de la Defensoría del Pueblo también evidencia la existencia de una desigualdad en el aprendizaje escolar en el segundo grado de secundaria del ámbito rural en cada provincia, en comparación con el ámbito urbano. Así tenemos que en Arequipa, el 86 % de los alumnos de la zona rural no comprende lo que lee ni resuelve ejercicios de razonamiento matemático.
En Caravelí, el 100 % de los escolares del ámbito rural no puede resolver ejercicios matemáticos. En Caylloma, el 97 % de los alumnos del área rural no comprende lo que lee ni resuelve ejercicios de razonamiento matemático. Y en Castilla, el 93 % de los escolares del área rural no puede resolver ejercicios matemáticos.
“Es evidente que desde el Gobierno regional siempre se dio mayor atención a la provincia de Arequipa y a los distritos de la zona metropolitana y no se concentraron en las localidades más alejadas”. Ángel María Manrique, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa.
Distritos
En cuanto a los distritos, los más vulnerables en cada provincia son Mollebaya (Arequipa), Mariano Nicolás Valcárcel (Camaná), Cahuacho (Caravelí), Chachas (Castilla), Tapay (Caylloma), Cayarani (Condesuyos), Islay (Islay) y Tauría (La Unión).
En Tauría (La Unión), el 64 % de su población es pobre, todos los niños menores de tres años padecen anemia y solo el 42 % de las viviendas tiene abastecimiento de agua potable.
En Cayarani (Condesuyos), la pobreza afecta al 74 % de los pobladores, la anemia golpea a nueve de cada diez niños menores de tres años, el 77 % de las viviendas no tiene agua potable, solo el 7 % de los alumnos de 11 a 17 años entiende lo que lee y solo el 4 % de los escolares de esta edad puede resolver problemas de razonamiento matemático de manera satisfactoria.
En Tapay (Caylloma), el 55 % de la población es pobre, ocho de cada diez niños menores de tres años tienen anemia y el 41.5 % de las viviendas no cuenta con agua potable.
En Chachas (Castilla), la pobreza afecta al 74 % de la población, siete de cada diez niños padecen de anemia, el 22 %, en promedio, de los escolares de 11 a 17 años entiende lo que lee y puede resolver ejercicios de matemáticas, y el 27 % de las viviendas no tiene agua potable.
En Cahuacho (Caravelí), el 42 % de la población es pobre, siete de cada diez niños tienen anemia, ninguno de los escolares de 11 a 17 años entiende lo que lee y tampoco puede resolver ejercicios matemáticos, y el 21 % de las viviendas no tiene agua potable.
En Islay (Islay), la pobreza afecta al 12 % de los habitantes, el 38 % de los niños tiene anemia, el 57 % de los escolares entiende lo que lee, el 35 % de los escolares puede resolver ejercicios matemáticos y el 28 % de las viviendas no tiene agua potable.
En Nicolás Valcárcel (Camaná), el 6 % de los pobladores es pobre, el 22 % de los niños menores de tres años tiene anemia, el 58 % de los alumnos de 11 a 17 años entiende lo que lee, el 35 % de los escolares resuelve de manera satisfactoria ejercicios matemáticos y el 97 % de las viviendas carece de agua potable.
En Mollebaya, la pobreza afecta al 29 % de los habitantes, la anemia afecta al 64 % de los niños menores de tres años, solo el 16 % de los escolares de 11 a 17 años de edad entiende lo que lee y puede resolver ejercicios de matemáticas de manera satisfactoria, y el 94 % de las viviendas no tiene agua potable por red pública.
LO DIJO
Según Ángel María Manrique, la población de las localidades alejadas prefiere reclamar por la construcción de una carretera, en lugar de protestar por las condiciones de pobreza en las que viven o por la anemia que afecta a sus hijos.
¿Qué hacer?
Frente a este panorama, Ángel María Manrique hizo un llamado a las autoridades municipales y regionales para no reducir su gestión solo a la construcción de obras públicas y dejar de lado la labor que pueden cumplir, por ejemplo, en la lucha contra la pobreza y la anemia.
“En la mayoría de los casos, el Gobierno regional no articula la implementación de políticas sociales con los gobiernos locales”, cuestionó el funcionario. Además, dejó en claro que no se trata tampoco de solicitar grandes presupuestos al Gobierno nacional o reclamar que desde los diferentes ministerios se den disposiciones concretas para atender estos temas.
“Esto no demanda grandes presupuestos, sino la coordinación necesaria entre los Gobiernos regional y local. Es decir que como autoridades tomen las mejores decisiones para que las viviendas tengan agua potable, que los niños no padezcan de anemia y que las escuelas tengan mejores condiciones para lograr el aprendizaje esperado de los escolares”, concluyó Ángel María Manrique.